Bruselas propone llegar a 'romper' los gigantes digitales si incumplen las normas

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su primera propuesta ambiciosa en dos décadas con la que pretende poner al día la responsabilidad de los gigantes digitales y que les obligaría a asumir más consecuencias por los contenidos que albergan y que permitiría a Bruselas contar con nuevas herramientas en materia de competencia que permitirían, en última instancia, llegar a dividir a un gigante digital que incumpla de forma repetida las normas obligándoles a "desinvertir" parte de su negocio.

El reto no es menor, porque la Unión Europea no ha actualizado su legislación para hacer frente a los retos que plantean empresas como Google o Amazon desde hace 20 años, es decir, desde la directiva de comercio electrónico del año 2000, y los pulsos con estas compañías han demostrado no ser sencillos. Bruselas ha querido durante los últimos años guiar a estas compañías hacia una mayor responsabilidad por sus contenidos con un código de buenas prácticas y, ahora, con un Plan de Acción para la Democracia Europea presentado por Vera Jourová con el que buscan reforzar esa responsabilidad.

El plan presentado este martes por la vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager y por Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, era uno de los principales puntos de la agenda del Ejecutivo comunitario durante el año, pero su presentación se ha retrasado durante algunas semanas, en parte porque ha habido ciertas diferencias entre los equipos de Vestager y Breton, como ha reconocido la propia vicepresidenta danesa. Son dos piezas legislativas siamesas: por un lado el Acta de Servicios Digitales y, por el otro, el Acta de Mercado Digital.

Por un lado, Bruselas quiere que las compañías se encarguen de controlar mejor lo que albergan como plataformas, eliminando rápidamente contenidos ilegales pero también siendo más transparentes en quién paga la publicidad que los usuarios están viendo. La normativa, que libera de estos requisitos a las pequeñas empresas, pone el foco sobre los gigantes digitales exigiéndoles auditorías externas y evaluación de riesgos. Vestager ha celebrado que esta propuesta "trae orden al caos".

En general, la intención del Ejecutivo comunitario es obligar a las compañías a hacerse responsables de sus contenidos y, además, obligarles a un mayor nivel de transparencia. Por ejemplo, la propuesta establece que "las plataformas en línea de gran tamaño que utilicen sistemas de recomendación establecerán en sus condiciones, de manera clara, accesible y fácilmente comprensible, los principales parámetros utilizados en sus sistemas de recomendación". Es una de las cruzadas de Bruselas, que considera que las grandes compañías son demasiado opacas en los algoritmos y los sistemas que utilizan y que, en última instancia, suelen beneficiar a sus propios productos frente a los de competidores a los que solo les queda la opción de utilizar las plataformas de los gigantes.

Por el otro lado, la Comisión Europea quiere reducir el poder que Google o Amazon tienen sobre los mercados que controlan. Se han convertido en lo que Bruselas califica como “porteros”, es decir, empresas que prácticamente controlan todo un servicio. El objetivo de Bruselas es que estas compañías, que “ahora establecen las reglas del juego para sus usuarios y su competencia” tengan que verse obligadas a comportarse de forma justa y permitir que florezcan otras empresas que puedan plantarle cara y hacer competencia, beneficiando así a los consumidores.

Por eso el Ejecutivo comunitario también quiere nuevos poderes en materia de competencia, con el objetivo de que las acciones sean más rápidas y efectivas. En muchas ocasiones las investigaciones son demasiado lentas en un mercado que se mueve muy rápido, y las grandes multas impuestas por la Comisión, que han alcanzado un nuevo nivel durante el mandato de Margrethe Vestager al frente de Competencia desde 2014, son pequeñas para compañías con facturaciones astronómicas.

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De todas formas, Bruselas refuerza su apuesta por las multas. Un incumplimiento repetido de las normas del Acta de Servicios Digitales puede resultar en una multa por valor del 6% de la facturación global, y en materia de comportamientos anticompetitivos puede llegar hasta el 10% de la facturación global.

Sin embargo, en Bruselas y en otras capitales, ha ido fermentando la idea de que el control a estos gigantes debe ir por otra vía, no solamente por el lado financiero. Por eso la Comisión Europea propone que, si una compañía incumple en numerosas ocasiones las nuevas normas de competencia y no queda ninguna otra opción, se pueda llegar a dividir o 'romper' la empresa, una idea que apoyaron Estados miembros como Francia y los Países Bajos, obligándole a desinvertir en partes de su negocio.

Bruselas tiene mucho en contra. Los gigantes digitales han demostrado durante los últimos años que son más difíciles de regular de lo que muchos esperaban. No hay ninguna garantía de que esta propuesta vaya a salir adelante, a pesar de que hay un consenso en la necesidad de actualizar las herramientas con las que cuenta el Ejecutivo comunitario. Breton ha explicado que durante los últimos meses han mantenido muchas conversaciones con estos mismos gigantes digitales para explicarle las medidas. "Cuando más grande eres, más responsable eres, y lo entienden", ha asegurado el comisario.

Por un lado, los eurodiputados van a querer endurecer el lenguaje, siendo incluso más ambiciosos que la Comisión Europea. Pero, por otro lado, a pesar del apetito de Estados miembros como Francia o los Países Bajos, otros miembros del club se mostrarán en contra de esta regulación, como es el caso de la República de Irlanda, que es el hogar europeo de Google. Otros podrían oponerse también por miedo a posibles represalias americanas. Estas diferencias entre Consejo y Parlamento se traducen muchas veces en un bloqueo posterior en los “trílogos”, las negociaciones entre instituciones en las que se fija el texto final, pero en las que también, en muchas ocasiones, el dosier queda olvidado en alguna sala oscura de Bruselas. El proceso será largo y difícil, sin ninguna garantía de poder finalmente alcanzar un pacto.

Más que una regulación

Para el Ejecutivo comunitario esto es mucho más que un intento de establecer nuevas reglas para los gigantes digitales. Bruselas ha identificado este frente como uno de los que más interesan a los ciudadanos europeos y la acción de Vestager durante la legislatura 2014-2019, con multas récord para empresas como Google o Apple, ha tenido un muy buen recibimiento entre los ciudadanos. En la Comisión Europea están convencidos de que esta es una batalla que merece la pena librar, aunque tenga muchas cosas en contra.

Además, este es precisamente el campo de juego en el que el Ejecutivo comunitario se siente cómodo. A Bruselas le gusta que la Unión Europea ejerza su poder a nivel global a través de textos legales y regulaciones. Es la forma europea de “poder blando”: establecer los estándares y reglas que después adoptan en el resto del mundo. El mejor ejemplo para la Comisión está en el reglamento de protección de datos (GDPR), aprobado en 2016 y puesto en marcha en 2018, convertido ahora en un ejemplo a nivel global. Vestager ha hablado sobre este pulso general con los gigantes digitales, señalando que no hay "grandes sorpresas" para EEUU, que sí que habrían presentado más quejas hace cinco años. "Es una conversación global sobre cómo encontrar el equilibrio", ha asegurado la vicepresidenta ejecutiva.

Bruselas también baraja volver a poner sobre la mesa la idea de un impuesto a los gigantes digitales, pero, de nuevo, aquí se enfrenta a la división de los Estados miembros. El último intento por parte del Ejecutivo comunitario fracasó por el miedo de algunos países como Dinamarca a posibles represalias por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Todo se fio entonces al debate a nivel de la OCDE, que el Ejecutivo de Donald Trump abandonó solamente unos meses antes de las elecciones en las que ganó el demócrata Joe Biden.

La Comisión Europea y las capitales que más apetito tienen por esta medida confían en que una administración Biden permita un diálogo al nivel de la OCDE que lleve a un acuerdo más o menos rápido.