Bruselas ya ataca a Hungría y Polonia donde más les duele: el bolsillo

Esta semana la Comisión Europea decidió dar el paso con Polonia. Solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una multa diaria contra Varsovia por haber hecho caso omiso de las decisiones de la justicia europea respecto al sistema judicial polaco, que desde hace años el Ejecutivo controlado por los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS) está poniendo bajo su batuta con una reforma judicial que mina el artículo 2 de los tratados europeos, en el que se consagra el estado de Derecho. Bruselas acababa de cruzar el umbral.

Durante años en la capital comunitaria se ha hipotetizado sobre cómo sería posible frenar la deriva autoritaria de Hungría y Polonia. El artículo 7 de los Tratados, una especie de sistema disciplinario que en última instancia permite retirar el derecho a voto en el Consejo al país afectado, ha fracasado debido a la unanimidad. Así que la respuesta obvia por parte de eurodiputados, diplomáticos, políticos y técnicos era siempre la misma: tenemos que seguir el dinero. Cualquier herramienta que quisiera controlar los ataques al estado de Derecho debía, si quería ser efectiva, estar conectada con la recepción de fondos europeos.

Pero la petición de multa de la Comisión Europea es solamente el pico del iceberg. Muestra que el Ejecutivo comunitario ha pasado a la ofensiva, y está dispuesta a ir donde más le duele a Varsovia y Budapest, a sus bolsillos. Pero no es la iniciativa más importante. Ambos Gobiernos están acusando a Bruselas de estar extorsionándoles al mantener retenido su plan nacional de reformas e inversiones que les da acceso al Fondo de Recuperación de más de 750.000 millones de euros. Y, efectivamente, es lo que la Comisión está haciendo.

La aprobación del plan depende de cumplir una serie de requisitos establecidos en el reglamento, pero “el debate, como saben muy bien las autoridades polacas, incluye también la cuestión de la primacía de la legislación de la UE y las posibles consecuencias de esta sobre el plan de recuperación y resiliencia de Polonia”, explicó a principios de septiembre Paolo Gentiloni, comisario de Economía.

Esta semana, Valdis Dombrovskis, el poderoso vicepresidente de la Comisión Europea que supervisa los dossieres económicos y la cartera de Comercio, ha explicado ante el Parlamento Europeo que en el caso húngaro el plan también está siendo analizado “en el contexto del estado de Derecho”. Sus palabras fueron muy celebradas por los eurodiputados, que han sido uno de los actores más activos en la presión al Ejecutivo comunitario para que pasara a la acción contra Budapest y Varsovia.

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Contra Polonia el pulso de la Comisión tiene que ver con la reforma judicial comenzada hace cinco años, que ha creado una cámara disciplinaria que permite sancionar a los jueces por los contenidos de sus sentencias, así como el órdago por parte del Gobierno, que pretende poner en duda la primacía del derecho de la Unión, asegurando que hay elementos incompatibles con la constitución polaca. Está previsto que el Constitucional polaco se pronuncie el próximo 22 de septiembre.

Contra Hungría el pulso tiene que ver tanto con una polémica ley anti-LGTB, que limita a los mayores de 18 años los contenidos que abordan cuestiones sobre el género que se alejen de las visiones del Gobierno húngaro. Pero contra Budapest también hay otro pulso distinto, el que tiene que ver con la corrupción que afecta directamente a los fondos europeos, que durante años han servido para que el primer ministro Viktor Orbán vaya tejiendo una red clientelar a su alrededor.

La respuesta de Hungría y Polonia

Durante las últimas horas los miembros del Gobierno polaco han aumentado el tono, y hablan de una “agresión” por parte de la Comisión Europea, asegurando que el Ejecutivo comunitario trata a Varsovia como “vasallos”. “¿Alguien todavía duda de que estén luchando por la creación de los Estados Unidos de Europa?”, se ha preguntado en redes sociales Michal Wos, viceministro de Justicia polaco. Ese está siendo uno de los principales argumentos utilizados por Polonia y Hungría estos días: la Comisión Europea está tratando de “centralizar” la Unión atacando la soberanía de los Estados miembros.

Hungría mantiene una línea de defensa similar, intentando dejar a un lado que las reticencias de la Comisión también tienen que ver con la corrupción vivida durante la última década que ha permitido que Orbán enriquezca a su círculo más cercano, creando una red empresarial fuerte y servicial a su alrededor para asegurarse que si en algún momento es desalojado del poder lo sea solamente de forma temporal. Budapest se centra en el choque respecto a los derechos del colectivo LGTBI, asegurando que cada Estado miembro tiene derecho a defender sus particularidades culturales y religiosas, y que en ningún caso está atacando a la comunidad LGTBI.

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La actitud agresiva del Gobierno polaco muestra otro elemento: Varsovia está en una campaña para dañar la credibilidad de la Unión Europea en el país. Es un elemento más del juego, y han advertido de ello a la Comisión Europea. Cada vez que vaya un paso más allá, ellos harán un daño irreparable al prestigio de la Unión en el país. Por eso conectan elementos externos con internos, y tratan de entrelazar su choque con Bruselas con asuntos populares dentro del país. Por ejemplo, el Gobierno está haciendo una efectiva propaganda política a raíz de la tensa situación que se vive en la frontera con Bielorrusia, donde Minsk ha enviado refugiados afganos.

Varsovia ha militarizado la frontera y declarado el estado de emergencia para evitar una cobertura mediática de lo que ocurre, al mismo tiempo que lo usa para movilizar a sus simpatizantes. Y Marcin Romanowski, viceministro de Justicia, tampoco duda al conectar ambos elementos, para potenciar el impacto nacional de su pulso a la Comisión: “Mientras Polonia defiende las fronteras orientales de la UE, Bruselas lanza otro ataque ilegal”. En el Ejecutivo comunitario saben que el choque es arriesgado, porque el Gobierno polaco sabe cómo jugar sus cartas.

Todas estas cartas están sobre la mesa, pero la Comisión Europea todavía no ha llegado a sacar la artillería pesada, y eso que ya está apostando fuerte. La multa que el TJUE pueda imponer a Varsovia probablemente ronde el millón de euros diario. Si retrasaran un año el cumplimiento de las órdenes de la justicia europea la multa ascendería únicamente a 365 millones de euros al año, una cifra que se queda muy por debajo de los más de 29.000 millones de euros del plan de recuperación polaco que el Ejecutivo comunitario mantiene sin aprobar. Y Bruselas puede ir más lejos, porque los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron en 2020 una herramienta de estado de Derecho, que permitirá a la Comisión Europea cortar el grifo de los fondos europeos ordinarios conectados al Marco Financiero Plurianual en caso de que un país esté minando esos principios como es la independencia judicial. El mensaje que envía estos días la capital comunitaria es claro. Han llegado a lo que el comisario de Justicia Didier Reynders ha calificado como "el final del camino". Y ahí, tras años de una larga ruta en busca de la manera de forzar a Budapest y Varsovia a que cumplan con unos estándares mínimos, lo que hay es dinero.