"Polonia y Hungría deben decidir si quieren seguir formando parte de la UE"

El eurodiputado Dacian Ciolos cuenta con un largo currículum. Ex primer ministro de Rumanía (2015-2017) y ex comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (2010-2014), el ingeniero agrónomo y político es actualmente el líder en el Parlamento Europeo del grupo político liberal Renovar Europa, del que forma parte Ciudadanos. Recientemente, viajó a Madrid para participar en la convención al final de la cual el partido español estrenó la marca de "liberales".

Durante su visita, Ciolos, en entrevista con El Confidencial como parte del proyecto 'Decodificando el Parlamento Europeo', opinó que la responsabilidad de la reciente pugna entre la Unión Europea y los gobiernos de Hungría y Polonia recae exclusivamente en estos últimos. También pidió a la Comisión Europea aplicar la legislación vigente para castigar a las administraciones de Viktor Orban y Mateusz Morawiecki si éstas no cambian de rumbo.

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PREGUNTA. El choque entre las instituciones europeas y Polonia y Hungría, tanto en lo relativo al tratamiento de la comunidad LGBTI como en la primacía del derecho comunitario, ha llegado a su punto más alto. ¿Cuál debería de ser, en su opinión, la posición de la UE al respecto?

RESPUESTA. Todos los Gobiernos de la UE deberían tener claro que, en el momento en el que los estados miembros aceptaron formar parte de la Unión Europea, también aceptaron respetar sus valores y principios. La democracia, el mandato de la ley y la libertad e igualdad de los individuos componen el núcleo de esos valores. Por eso, las instituciones europeas deberían dejar claro a los estados miembros que no pueden disfrutar de las ventajas de la pertenencia a la UE sin respetar los cimientos sobre los que se sostiene. En este sentido, en Renovar Europa luchamos el año pasado para sacar adelante un mecanismo que liga el respeto al mandato de la ley al presupuesto europeo. En consecuencia, la Comisión Europea cuenta ahora con herramientas directas con las que puede actuar al respecto.

P. En la UE no existe ningún mecanismo, evidentemente, para expulsar a un estado miembro. Pero sí contempla la suspensión de algunos de sus derechos (como por ejemplo su voto en el Consejo). ¿Cree que se podría llegar hasta ese punto si sigue la confrontación?

R. Yo no hablaría de confrontación, porque no se trata de una lucha entre algún estado miembro y las instituciones europeas. Los ciudadanos polacos y húngaros decidieron formar parte de la Unión Europea. Sí es cierto que con las instituciones de Polonia se ha llegado a una fase crítica respecto al mandato de la ley de la UE. Ahora, los gobiernos de Polonia y también de Hungría son los que deben decidir si quieren o no formar parte de la Unión, teniendo en cuenta la opinión de sus ciudadanos. Y estoy seguro de que tanto polacos como húngaros quieren mantenerse en la comunidad.

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P. Si el Tribunal Constitucional polaco determina que el derecho europeo no puede prevalecer sobre el nacional en caso de conflicto entre ambos y el Gobierno no mueve ficha al respecto, ¿qué debería hacer la Unión Europea?

R. Nosotros esperaremos a ver qué decide la Comisión Europea, pero la legislación es muy clara al respecto. La pelota está ahora del lado de Polonia. Si quieren permanecer en la Unión Europea, tienen que respetar sus normas.

P. Usted ha venido a Madrid a participar en la convención del partido Ciudadanos (iniciada el pasado 17 de julio). El partido no pasa por su mejor momento: ha desaparecido de la Asamblea de Madrid y las encuestas nacionales lo sitúan en torno a solo un 5% de los votos. ¿Cuál es su diagnóstico?

R. Tengo confianza en que nuestros colegas de Ciudadanos transmitirán un mensaje claro en las próximas elecciones sobre que España necesita un partido de centro y liberal, uno que mantenga el equilibrio entre izquierda y derecha. Creo que esto es lo que Ciudadanos va a demostrar durante los próximos meses y años: que es la fuerza política liberal que España necesita para el futuro. Una con una identidad política clara que defiende los derechos humanos, el mandato de la ley, la libertad individual y el desarrollo económico basado en la competencia, pero también en el bienestar de la gente.

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P. Aunque la mayoría de los países de la Unión Europea mantienen un ritmo de vacunación similar, algunos están considerablemente rezagados. El caso de Bulgaria es el más drástico, con solo un 15% de la población vacunada con una dosis, pero también el de Rumanía (el 25%). Como ex primer ministro del país, ¿cómo explica estas cifras?

R. Cuando miramos a las cifras generales, Rumanía tiene un nivel de vacunación bajo. Es cierto, pero tenemos que tener en cuenta que cerca de la mitad de la población rumana vive en áreas rurales y no está muy interesada en viajar a las ciudades ni en vacunarse. En las áreas urbanas, el nivel de vacunación es mucho más alto: más del 60%. El Gobierno, junto a las autoridades sanitarias, están intentando hacer llegar las vacunas a las áreas rurales para que estén disponibles para los interesados. Las cifras deberían crecer considerablemente durante el verano, pero lo más importante es que la gente que vive en las ciudades o que desean viajar ya están vacunadas.

P. Ya que menciona las áreas rurales, podemos hablar de la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Como ex comisario de Agricultura, sin duda está al tanto del reciente acuerdo entre las instituciones europeas para una nueva PAC tras tres años de arduas negociaciones. ¿Cómo valora este pacto?

R. Creo que es importante que por fin tengamos un acuerdo que permita implementar la nueva reforma. Pero mi opinión personal es que, en un futuro, tenemos que ir más allá de lo que se ha acordado recientemente. Es importante garantizar el funcionamiento del triángulo que une la producción de productos alimenticios asequibles y de calidad para la población europea, la gestión del cambio climático y de los recursos naturales y la estabilización de los ingresos de los agricultores. Las regulaciones medioambientales solo funcionarán si nos aseguramos de que las personas que trabajan en el campo pueden sostenerse adecuadamente. De cara a la próxima reforma, dentro de unos años, tenemos que pensar cómo podemos ayudar a los agricultores en este sentido.

El cambio climático es ahora la principal prioridad. Por eso la actual reforma era necesaria para empezar a alinear la PAC con los nuevos objetivos verdes a nivel europeo. Estoy seguro de que los agricultores comprenden que este esfuerzo es necesario, porque ellos son los más afectados por el calentamiento global. Pero es necesario tenerlos más en cuenta de ahora en adelante.

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P. La UE es, al mismo tiempo, el mayor exportador e importador mundial de productos agroalimentarios. Para muchos agricultores europeos, resulta difícil de comprender cómo tantos productos, como en el caso del tomate marroquí, son importados sin que se les requieran los mismos estándares ecológicos y sanitarios que, para ellos, son obligatorios. ¿Cómo lo ve usted?

R. Creo que, en estos acuerdos comerciales bilaterales, tenemos que ser coherentes con los compromisos internacionales de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático. Tenemos que tener herramientas en nuestras fronteras para garantizar que los estándares europeos se cumplan en las importaciones de alimentos. Resulta necesario impulsar a nuestros socios para que cumplan con las medidas necesarias para hacer frente al calentamiento global. También creo que, próximamente, los consumidores europeos rechazarán los productos que no respeten estos compromisos.

"Tenemos que tener herramientas en nuestras fronteras para garantizar que los estándares europeos se cumplan en las importaciones de alimentos".

P. El 80% de las ayudas de la PAC van a parar al 20% más rico de los agricultores europeos debido al sistema de reparto de los pagos directos, basado en hectáreas y cabezas de ganado. Hay ciertos mecanismos redistributivos en la nueva PAC, pero muchos los consideran insuficientes. ¿Cree que son necesarios mayores esfuerzos al respecto?

R. Esas son decisiones que deben tomarse a nivel nacional. A nivel europeo ahora existe, por primera vez, una redistribución obligatoria mínima del 10% de los pagos directos, pero cada Estado puede decidir si desea dedicar más presupuesto a ello si desea respaldar más a las pequeñas granjas. Esa es una de las ventajas de esta reforma, la mayor flexibilidad que se le otorga a los Estados miembros a la hora de decidir dónde y a quién van a parar las ayudas económicas. Nada impide al Gobierno español llevar a cabo una mayor redistribución.

Sin embargo, estoy de acuerdo en que, en un mediano plazo, debemos replantearnos el sistema de reparto de fondos de la PAC. Personalmente, no creo que la distribución basada en hectáreas siga siendo apropiado para la realidad actual.