Bruselas vuelve a llevar a Polonia a la justicia europea por limitar la independencia judicial

Ya se ha perdido la cuenta de cuántos pulsos han tenido en los últimos años la Comisión Europea y el Gobierno polaco de los ultraconservadores Ley y Justicia (PiS). De nuevo, el origen de la discordia está en la reforma judicial polaca que provocó que en 2017 Bruselas activara por primera vez el artículo 7 de los Tratados contra un Estado miembro ante el intento de desmantelamiento del sistema judicial del país.

Esta vez el Ejecutivo comunitario lleva a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque considera "que la ley polaca sobre el poder judicial socava la independencia de los jueces polacos y es incompatible con la primacía del derecho de la UE. Además, la ley prohíbe a los tribunales polacos, incluso mediante procedimientos disciplinarios, aplicar directamente determinadas disposiciones de la legislación de la UE que protegen la independencia judicial y remitir al Tribunal de Justicia las decisiones preliminares sobre tales cuestiones”. La ley en cuestión fue aprobada en 2019 y se comenzó a aplicar en febrero de 2020.

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Además, por otro lado, la Comisión Europea considera que Varsovia “viola la legislación de la UE” al permitir que la Sala de Disciplina del Tribunal Supremo siga funcionando a pesar de que su “independencia no está garantizada”. Esa Cámara permite tomar medidas disciplinarias contra jueces, algo que puede provocar el levantamiento de inmunidad, como ya ha ocurrido con un magistrado, “con el fin de iniciar un proceso penal en su contra o detenerlos”. “La mera perspectiva de los jueces de tener que enfrentarse a procedimientos ante un órgano cuya independencia no está garantizada crea un ‘efecto paralizador’ para los jueces y puede afectar a su propia independencia”, señala la Comisión Europea en un comunicado emitido este miércoles.

El Ejecutivo comunitario ha solicitado a la alta corte de Luxemburgo que tome, además, medidas preventivas. En concreto tres: por un lado suspender el funcionamiento de la Cámara disciplinaria del Tribunal Supremo, en segundo lugar suspender también las decisiones ya adoptadas por el mismo organismo y, por último, suspender “las disposiciones que impiden a los jueces polacos aplicar directamente determinadas disposiciones del derecho de la Unión que protegen la independencia judicial y remitir al Tribunal de Justicia las decisiones preliminares sobre tales cuestiones”.