El Brexit coloca los alquileres a comunitarios en la diana: los caseros no quieren a "ilegales"

Dos tercios de los tres millones de comunitarios que residen actualmente en el Reino Unido están en régimen de alquiler. Y la pregunta que se plantea ahora es: ¿cuántos de ellos podrían verse en la calle con el Brexit? Los caseros se han puesto en pie de guerra ante la falta de información por parte del Gobierno sobre cómo deben gestionar a partir de ahora sus contratos con los ciudadanos de la UE.

Desde el 1 de febrero de 2016, los propietarios tienen que comprobar el estado migratorio de sus inquilinos. Aquellos que no cumplen con los controles, se enfrentan a multas de hasta 3.000 libras (3.500 euros). Muchos de los comunitarios que viven el suelo británico -entre ellos los alrededor de 200.000 españoles- podrían quedar muy pronto en régimen de ilegal. Y los “Landlors” no quieren correr riesgos.

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Por cierto, solo un apunte: la responsable endurecer en su día los alquileres para inmigrantes fue Theresa May. Como responsable de Interior contribuyó con diferentes medidas -como este programa de “Derecho Al Alquiler”- a lo que muchos denominaron “ambiente hostil” para los sin papeles. Lo que nadie podía prever entonces es la crisis institucional sin precedentes que se vive actualmente en Westminster y que deja ahora a millones de comunitarios en una situación de completa incertidumbre.

Sin directrices claras

El Ejecutivo ha publicado varios planes de contingencia ante la posibilidad de divorcio sin acuerdo, escenario que podría darse tan pronto como este viernes 12 de abril, cuando termina la primera prórroga. Y, sin embargo, no hay ninguna línea respecto a este punto del mercado inmobiliario.

“Los caseros no son policías fronterizos y no se puede esperar que sepan quién y quién no tiene derecho a vivir aquí”, denuncia David Smith, de Asociación de Propietarios Residenciales (RLA, por sus siglas en inglés). “El Gobierno debe publicar una guía clara y práctica para saber a quién se puede alquilar. Si no lo hacen, se harán cada vez menos contratos con ciudadanos no británicos a fin de evitar un proceso judicial”, recalca. “Esto va a dificultar la vida de los ciudadanos de la UE”, añade.

Según una reciente encuesta de RLA, alrededor de una quinta parte de los propietarios ya asegura estar menos abierto a alquilar su casa a ciudadanos de la UE o del Espacio Económico Europeo, una cifra que podría aumentar después del Brexit.

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El mes pasado, un juez del Tribunal Superior dictaminó que el programa “Derecho al Alquiler” infringía las leyes de derechos humanos y conducía a la discriminación por parte de los caseros.

Meera Chindooroy, de la Asociación Nacional de Propietarios, asegura que el consejo del Ejecutivo es que “sigan haciendo la cosas como hasta ahora”, aunque nadie tiene claro “si cambiarán y cuándo ocurrirá”.

“Hay preocupación. Lógicamente, se quiere seguir cumpliendo con la legislación. Estamos a la espera también de que la reciente sentencia del Tribunal Superior pueda cambiar la situación. En cualquier caso, una orientación más clara sería beneficiosa para disipar cualquier duda”, matiza. Los comunitarios en régimen de alquiler contactados por El Confidencial aseguran que, de momento, no han tenido ningún problema.

Trámites obligatorios

El pasado 30 de marzo, el Ejecutivo puso en marcha lo que se conoce como el “EU Settlement Scheme” (Plan de asentamiento). Los ciudadanos de la UE que residen actualmente en el Reino Unido tienen que pedir el “estatus de asentamiento” antes del 30 de junio de 2021 para permanecer de manera legal en el país y mantener, como hasta ahora, sus derechos, como acceso a la Sanidad pública o los servicios sociales.

Aquellos que lleven más de cinco años, si su solicitud es aprobada, reciben el “estatus de asentamiento”. A los que llevan menos tiempo, reciben el “pre - estatus de asentamiento”, lo que les permite quedarse por cinco años y pedir, cuando cumplan ya en lustro, el “estatus de asentamiento”. El trámite es obligatorio para todos los comunitarios, también para aquellos que están casados con británicos.

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Pero los activistas del grupo “The 3 million” advierten que hay mucha desinformación y que un porcentaje importante de ciudadanos de la UE no sabe realmente que puede acabar como ilegal.

Lo cierto es que, a día de hoy, nadie sabe aún qué va a ocurrir con el Brexit. Para la cumbre europea de este miércoles, May ha pedido una nueva prórroga corta, solo hasta el 30 de junio. Sigue determinada a tratar de desbloquear la crisis en las próximas semanas.

El futuro del Brexit, incierto

Pero los Veintisiete tienen que aprobar su solicitud por unanimidad. Y aunque hasta ahora habían mostrado una imagen de unidad, el hartazgo ante una situación que no avanza va haciendo mella.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, es partidario de plantear una prórroga de hasta un año con la posibilidad de acortar plazos si la Cámara de los Comunes consigue ratificar antes el Acuerdo de Retirada, rechazado ya en tres ocasiones.

Sin embargo, a Emmanuel Macron se le está agotando la paciencia. La 'premier' cenará este martes con el francés en París después de almorzar en Berlín con Angela Merkel, quien muestra una postura más conciliadora para encontrar una salida pactada.

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Durante la mini gira europea, May explicará a los mandatarios que ha tendido una mano al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, para buscar una solución que cuente con el respaldo de la mayoría de la Cámara Baja. Pero la realidad es que las conversaciones con el laborista están completamente estancadas.

Si los Veintisiete no aceptan por unanimidad una ampliación de plazos, el Reino Unido está abocado a abandonar el bloque con un divorcio caótico este viernes 12 de abril, fecha en la que termina la primera prórroga.

Brexit por accidente

Aunque también podría darse el escenario de un “Brexit por accidente”. Si en la cumbre se aprueba una extensión con condiciones, ésta debe contar ahora con el visto bueno de sus señorías después de la ley impulsada por la laborista Yvette Cooper. Y si los trámites no se consiguen llevar a cabo entre jueves y viernes, el Reino Unido va directa a una salida abrupta.

Llegados a este punto, la única manera de evitar el caos, sería que el Gobierno revocara unilateralmente el Artículo 50 del Tratado de Lisboa para cancelar la ruptura. Aunque Downing Street siempre ha repetido que hay que cumplir con el deseo que los británicos expresaron en el histórico referéndum de 2016.