Tres años de incertidumbre y un futuro aún en el limbo: comunitarios en Reino Unido

María Luisa Llorente podría tener, a priori, un perfil singular: nació en Argentina de padres españoles -por lo que tiene los dos pasaportes-, está casada con un indio -que tiene la nacionalidad británica- y es madre de un niño nacido en Londres. Y sin embargo, en el Reino Unido su carta de presentación es completamente normal. “Esta es la sociedad multicultural que somos y la que queremos conservar”, matiza.

A pesar de llevar 20 años viviendo en la tierra de Shakespeare y estar casada con el que a efectos legales es un británico, su futuro es completamente incierto, al igual que el resto de los 3 millones de comunitarios -entre ellos, los aproximadamente 200.000 españoles- que residen en el reino de Isabel II. El histórico referéndum de 2016 inauguró un periodo de oscura inquietud. Y nada ha cambiado desde entonces.

Este viernes, 29 de marzo de 2019, se suponía que el Reino Unido iba a abandonar la UE. Pero en su lugar, el escenario es de completo caos: la premier Theresa May ha ofrecido su cabeza en un intento a la desesperada de sacar adelante el Acuerdo de Retirada, rechazado ya en dos ocasiones en la Cámara de los Comunes. Y a pesar de que sus señorías arrebataron, por primera vez en la historia reciente, la iniciativa legislativa al Gobierno para poder discutir alternativas al pacto, ninguna de las ocho opciones que se han votado esta semana ha logrado mayoría.

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Para los tres comunitarios residentes en el país y los dos millones de británicos repartidos por el bloque, el melodrama de Westminster se traduce en lo siguiente: tres años ya de incertidumbre y un futuro aún en el limbo.

May ha prometido que si finalmente hubiera Brexit sin acuerdo, los derechos de los ciudadanos europeos se van a respetar. Sin embargo, María Luisa, activista del grupo “The 3 million”, advierte que “no es suficiente”. “Esto se traduce a una política de Gobierno, es decir, si en el futuro hay otro Ejecutivo que apuesta por otras medidas migratorias, las cosas volverían a cambiar. Sólo si hay un Acuerdo cerrado con la UE estaremos protegidos por un tratado internacional”, matiza.

El propio comité conjunto de derechos humanos -integrado por políticos de diversos partidos y miembros de la Cámara de los Comunes y de los Lores- ha advertido esta misma semana que los europeos que viven en el Reino Unido deberían estar protegidos por una normativa primaria, en vez de depender de instrumentos legislativos que los ministros aprueben en el futuro. De otra manera, explican los expertos, se quedarán en un “limbo legal”.

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Cuando Westminster ultima el mayor cambio en política migratoria en 40 años, el comité recalca que la nueva legislación del Ejecutivo de May para regular la inmigración tras el Brexit podría despojar a los comunitarios que viven en territorio británico de derechos como la libertad de movimiento, las ayudas a la vivienda o el acceso a la seguridad social. En este sentido, el comité ha preparado varios proyectos de enmiendas a fin de evitar problemas mayores.

“No podemos permitir llegar a este escenario. Desde el principio, lo que estamos pidiendo tanto a los políticos británicos como a los de la UE es que los ciudadanos quedemos al margen de las negociaciones, que se nos garanticen nuestros derechos en cualquier circunstancia”, matiza.

Sin acuerdo, nada está cerrado

Tras dos años de intensas conversaciones, en noviembre del año pasado, May consiguió cerrar con los Veintisiete un Acuerdo de Retirada que regula la situación de los ciudadanos, la factura de divorcio que debe pagar ahora Londres, la salvaguarda para evitar frontera dura en Irlanda y el periodo de transición que existirá tras la salida. Si finalmente no hubiera pacto, ninguno de estas cuestiones estaría cubierta. “No nos pueden meter en el mismo saco que una factura. Nuestros derechos deben estar garantizados y quedar al margen de todo esto”, recalca.

Monique Hawkins, también activista de “The 3 million”, asegura que salió llorando tras la reunión que mantuvo el grupo con Michel Barnier, el negociador de la UE, el 28 de marzo de 2017. Fue el día antes de que Londres activara oficialmente el artículo 50 del Tratado de Lisboa para comenzar los dos años de negociaciones antes de la salida. “Nos dijo que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado. Y fue entonces cuando supe que íbamos a ser simplemente rehenes de todo este proceso. Me derrumbé”, explica.

Monique, holandesa, fue una de las primeras comunitarias que solicitó el “Permiso de residencia” tras la victoria del Brexit en 2016. A pesar de que para entonces llevaba 24 años viviendo en el Reino Unido, estaba casada con un británico y tenía dos hijos nacidos en el país, tras completar un tortuoso documento de 85 páginas, a los cuatro meses, recibió una carta que le ordenaba hacer las maletas para tener que salir porque su solicitud había sido denegada.

“Mi padre había fallecido recientemente y no pude entregar mi pasaporte original durante seis meses porque en esos momentos tenía que viajar para poder ayudar a mi madre. Aún así mandé una fotocopia con una firma de un abogado. Explicaba que cuando estudiaran mi caso, me avisaran y les mandaba el original, pero parece que no fue suficiente”, matiza. Monique mandó varias cartas y habló con el diputado de su circunscripción. “Hice todo el procedimiento a la inglesa, pero cuando no conseguí respuestas decidí acudir a la Prensa”, añade.

Su historia protagonizó los titulares a ambos lados del Canal de Mancha. Y fue entonces cuando comenzaron a salir otros casos similares. Finalmente, Monique consiguió que la permitieran solicitar de nuevo el permiso y, en esta segunda ocasión, en cuestión de semanas, recibió contestación con la aprobación.

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Ante la oleada de críticas, el Gobierno decidió simplificar el proceso y ahora ha puesto en marcha lo que se conoce como el “EU Settlement Scheme” (Plan de asentamiento). Los comunitarios que residen actualmente en el país tienen que pedir el “estatus de asentamiento” antes del 30 de junio de 2021 para permanecer de manera legal en el Reino Unido y mantener, como hasta ahora, sus derechos, como acceso a la Sanidad pública o los servicios sociales.

Aquellos que lleven más de cinco años, si su solicitud es aprobada, reciben el “estatus de asentamiento”. A los que llevan menos tiempo, reciben el “pre - estatus de asentamiento”, lo que les permite quedarse por cinco años en el país y solicitar, cuando cumplan ya en lustro, el “estatus de asentamiento”. El trámite es obligatorio para todos los comunitarios, también para aquellos que están casados con británicos.

En primera persona

En un principio, se impuso un pago de 65 libras (76 euros), pero, gracias a la campaña de “The 3 million”, el Ejecutivo anunció que será gratuito. Se estima que el plan costará a las arcas públicas 170 millones de libras (alrededor de 200 millones de euros). Si la solicitud es rechazada, habrá un plazo de 28 días para pedir revisión, previo pago eso sí, de una cantidad (aún por especificar) que sería reembolsada, sólo si el caso resulta exitoso.

El programa estará activo a partir del 30 de marzo. Aunque en enero, se inició una “fase de preparación para voluntarios”, en la que participó esta corresponsal, que lleva residiendo en el país más de 11 años.

En primera persona pude comprobar que el Gobierno había cumplido su palabra porque el proceso fue sumamente sencillo y, mediante una aplicación (de momento, sólo disponible en dispositivos Android), realicé todo a través del teléfono.

Simplemente necesité el pasaporte -que se escanea con el propio móvil- e introducir el conocido como “NINo” (National Insurance Number), obligatorio cuando comienzas a trabajar en el Reino Unido. Después, te sacas una fotografía con fondo blanco con el teléfono y listo. Apenas 10 minutos. Las solicitud la realicé el pasado 17 de febrero y tuve la contestación con la aprobación del “estatus de asentamiento” nueve días después.

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Hay casos de todo tipo, como el de Alexandra Bulat, de 24 años. Es de Rumanía, pero lleva residiendo en el país desde los 18 años. La respetada universidad de Cambridge la ofreció realizar un Máster en Sociología por su excelente currículum académico. En definitiva, el perfil de inmigrante “brillante” que, según el Gobierno, siempre iba a tener abiertas las puertas. Y sin embargo, la solicitud que realizó para el “Permiso de residencia” fue denegada y el primer intento con el “estatus de asentamiento” también.

“Al ser estudiante, con el primer procedimiento necesitabas un seguro médico. Me dijeron que los documentos que presenté eran “insatisfactorios” y aún no me han dado una explicación al respecto”, señala. “Y luego con el “estatus de asentamiento” también hubo un problema porque decían que no encontraban mis datos, por lo que tuve que presentar cinco pruebas de residencia, una por cada año de los que te requieren para tener el estatus definitivo”, recalca.

La pesadilla burocrática

Por lo tanto, el proceso no es tan sencillo como parece. Alexandra además advierte que si cambias de dirección, renuevas el pasaporte o tienes cualquier cambio en tus datos personales, debes informar de todo “por lo que la pesadilla con la administración no termina nunca”.

“Hay además mucho desconocimiento. Incluso en la universidad hay mucha gente que no está al corriente de todo esto y si no lo piden pueden verse en el futuro como ilegales en este país”, advierte.

“Antes del referéndum, más del 70% de los británicos quería que se redujesen inmigrantes. Ahora el porcentaje es del 50% o 60%"

Alexandra, que ahora se encuentra realizando el doctorado, está centrando su investigación precisamente en la cuestión migratoria. “Es cierto que los crímenes de odio se han incrementado, pero la percepción de la sociedad respecto a los inmigrantes ha mejorado, aunque de manera sutil”, explica. “Antes del referéndum del Brexit, más del 70% de los británicos quería que se redujese el número de inmigrantes. Ahora, según las encuestas, el porcentaje es del 50% o 60%. En cualquier caso, aún es una percepción negativa”, recalca.

El abogado Luke Piper, experto en migración, trabaja ahora con “The 3 million” para conseguir que, en vez de verse obligados a tener que solicitar cualquier estatus, los comunitarios tengan garantizado sus derechos simplemente con un registro.

“Son cosas muy diferentes. Imagínese que tiene que ir al hospital. Si no tiene el estatus, tendría que pagar por el tratamiento. De la otra manera, puedes decir, no lo tengo, pero puedo probar que llevo viviendo aquí cinco años, por lo que te tratarían sin problemas”, explica. “Lo que queremos es que los derechos queden protegidos de manera automática no sujetos a ninguna petición”, matiza.

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Por otra parte, el Gobierno recalca que, en caso de un Brexit sin acuerdo, se seguirá manteniendo el programa. Aunque los expertos advierten de que, aún así, un divorcio abrupto tendría muchas consecuencias negativas, sobre todo, en lo que se refiere a reagrupación familiar.

Sin pacto, por ejemplo, los comunitarios “con estatus de asentamiento” sólo podrían traer al Reino Unido de manera automática a sus familiares hasta marzo de 2022. Pasada esa fecha, si un europeo quisiera traer, por ejemplo, a su mujer o marido, tendría que pasar ya por todo el procedimiento al que se enfrentan ahora los extracomunitarios. Entre los requisitos, tener unos ingresos mínimos brutos anuales de 18.600 libras (alrededor de 22.000 euros), cifra que se incrementa si se quiere traer a los hijos.

En definitiva, casi tres años después de un referéndum que dejó atónito a la UE, tres millones de comunitarios y dos millones de británicos repartidos por el bloque siguen sin saber cuál será su futuro, una incertidumbre que afecta a las decisiones de su día a día. Reclaman que sus derechos queden al margen de cualquier negociación. Pero, de momento, sus peticiones siguen sin ser escuchadas tanto en Londres como Bruselas.