Bruselas 'requisará' a sus dueños las viviendas vacías que no pongan en alquiler o se nieguen a vender

La caída en la oferta de viviendas y el alza de la demanda, unidas a tiempos de inflación récord, están dejando en muchas ciudades europeas unos precios de alquiler prohibitivos. En París, se tarda seis meses de media en encontrar alojamiento. Berlín intentó congelar los precios durante un lustro, pero la iniciativa fue tumbada por el Tribunal Supremo. Ahora es la capital belga la que pone en marcha una medida creativa sin precedentes: las autoridades locales requisarán viviendas sin habitar y las ofertará en el mercado con un precio social. Un estudio preliminar cifra en 4.500 las casas con potencial para pasar al control público.

En Bruselas es ilegal tener una vivienda habitable vacía, según el Código de la Vivienda que rige en la ciudad. Esta normativa llevaba en vigor dos décadas, pero nunca se había materializado porque después de que las autoridades sufragasen las reformas de estos edificios, muchas veces en mal estado, el propietario podía reclamar su vivienda. Eso ya ha cambiado con la modificación de la normativa en 2022. A partir de ese momento, las reglas del juego cambiaban. Ahora, si el ayuntamiento de una de las 19 comunas que componen la urbe detecta un caso ilegal, correrá con los costes de las reformas y pondrá el habitáculo en el mercado con un alquiler social. Pero el propietario no podrá reclamarlo hasta que se amortigüe el gasto, un lapso que puede extenderse décadas.

La ciudad que acoge las instituciones europeas no ha sido ajena a la gran crisis de acceso a la vivienda que recorre Europa y está afectando de forma más punzante a las rentas con menos ingresos, los jóvenes y los colectivos más vulnerables. El precio medio de alquiler aumentó en la capital belga un 10,6% el último año. Solo el 25% de las disponibles tiene una renta inferior a los 900 euros. El precio varía desde la comuna más cara, Woluwe-Saint Pierre, donde se dispara por encima de los 1.400 euros, a la de Jette, que lo sitúa en los 900, según estimaciones que recogen los medios locales.

El año pasado, la región de Bruselas ya condenó a un propietario por infringir el Código de Vivienda tras constatar que contaba con un piso habitable desocupado y en fuerte estado de deterioro. Fue la primera sentencia condenatoria de este tipo en el país. El fallo concluyó que esta práctica contribuye a la especulación inmobiliaria y al auge de los precios. Ahora, los ayuntamientos de Etterbeek y Saint Gilles dan un paso más. En el primer caso, se está haciendo una revisión del parque residencial para detectar cuáles de estas viviendas incumplen la legislación. Ya se han identificado las primeras, que pasarán al control de la comuna para continuar con el protocolo de alquiler social.

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"Nuestro objetivo es respetar los derechos de todos por encima de todo. Pero si un propietario se opone tajantemente, no tengo ninguna duda de que los poderes públicos actuarán por el derecho a la vivienda", asegura su alcalde, el liberal Vincent De Wolf, en declaraciones que recoge el periódico Le Soir. El diario recoge el caso de otro edificio situado en la comuna de Saint Gilles que será rehabilitado y ofertado después de estar desocupado durante la última década. El propietario deberá, además, hacer frente a cuantiosas multas por todos estos años de delito. Los impulsores reconocen que esta medida creativa no será la panacea, pero sí servirá para poner presión a los propietarios infractores y a aliviar un poco la crisis de acceso a la vivienda en una ciudad muy acostumbrada al trasiego de búsqueda de alojamientos debido al gran número de trabajadores que mueve la gigante maquinaria europea.

Estos pasos en la medida pionera de Bélgica llegan como respuesta a la radiografía que deja la investigación de más de dos años elaborada por expertos de las universidades ULB y VUB sobre el parque residencial bruselense. Un documento encargado por el Ministerio de Vivienda. Hasta la fecha no había datos tácitos, pero la pesquisa, apoyada en estudios de registros nacionales o de datos como el consumo de agua y electricidad y llevada a cabo con ayuda de inteligencia artificial, establece que la ciudad contaría con unas 4.500 viviendas vacías susceptibles de pasar a la gestión pública. La iniciativa está impulsada por la socialista Nawal Ben Hamou, secretaria de Estado para Vivienda, que ya en verano sacó adelante una moratoria de desahucios invernales mediante la que en Bruselas no se puede expulsar a inquilinos entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo.

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La UE calculaba que, en 2021, antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, que ha disparado los precios de los alimentos, la energía o las tasas de interés, dormían en sus calles más de 700.000 personas cada un año, un 70% más que en la década anterior. Ese mismo año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía a los Estados miembros "adoptar disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras, para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios", así como "establecer procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo". Según las cifras que manejaban por entonces en los pasillos de Bruselas, el 25% de los inquilinos europeos dedica a la vivienda más del 40% de la renta total del hogar, 10 puntos por encima de lo recomendado. En paralelo, la Eurocámara reclamó que la UE acabase con el sinhogarismo en 2030, una ambición que se antoja todavía muy lejana y complicada.