La estocada final al plan más polémico de Sunak: deportar migrantes a Ruanda es ilegal
El Tribunal Supremo de Reino Unido, máxima instancia judicial, dictamina que es ilegal una de las medidas más controvertidas de la era post Brexit
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Ha sido la estocada final al polémico plan migratorio del Gobierno británico. El Tribunal Supremo de Reino Unido, máxima instancia judicial, ha dictaminado este miércoles que mandar a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen por vías irregulares es ilegal. Los cinco jueces de la corte respaldan por unanimidad la sentencia del pasado mes de junio del Tribunal de Apelaciones, donde se recalcó que "las deficiencias en el sistema" del país africano son tales como para admitir que existen "bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo".
La sentencia representa un duro varapalo para el premier Rishi Sunak, que había hecho del plan de Ruanda —una de las medidas más controvertidas de la era pos-Brexit— un punto clave de su mandato para afrontar la crisis migratoria del canal de la Mancha. Se trata de una de las cuestiones que más preocupa al electorado, sobre todo conservador, de cara a las elecciones previstas para el próximo año, donde la oposición laborista saca hasta 20 puntos de ventaja en las encuestas.
Sunak ha recalcado que el Ejecutivo considerará ahora los pasos a seguir. "Este no era el resultado que queríamos, pero hemos pasado los últimos meses planificando todas las eventualidades y seguimos completamente comprometidos a detener las embarcaciones ilegales", asegura en un comunicado. "Lo más importante es que el Tribunal Supremo —al igual que el Tribunal de Apelación y el Tribunal Superior antes que él— ha confirmado que el principio de enviar inmigrantes ilegales a un tercer país seguro para su procesamiento es legal. Esto confirma la visión clara del Gobierno desde el principio", añade.
El dictamen se conoce tan solo un día después de que Suella Braverman, representante del núcleo duro de la formación, publicara una incendiaria carta tras ser destituida como ministra del Interior con la reciente reestructuración del Gabinete en la que acusaba al primer ministro de haber "traicionado su promesa a la nación" al dar marcha atrás en un acuerdo secreto para ignorar las sentencias de la Convención Europea de Derechos Humanos, que no tiene relación con la Unión Europea.
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El 14 de junio de 2022 debía haber salido el primer avión rumbo a Ruanda. Pero, solo 30 minutos antes del despegue, se quedó sin pasajeros tras la actuación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Con este boqueo como telón de fondo, el núcleo duro del Partido Conservador presiona para que Reino Unido abandone la Convención Europea de Derechos Humanos. No obstante, el Tribunal Supremo ha venido a explicar que abandonar este organismo, creado tras la Segunda Guerra Mundial, no tendría efectos en esta cuestión, ya que el país es parte de otros protocolos internacionales que también impiden el envío de solicitantes de asilo a Ruanda.
La sentencia pone aún más presión sobre Sunak, cuyo giro al centro con la reestructuración de su Gabinete —con la inesperada incorporación de David Cameron como titular de Exteriores— ha incrementado aún más las divisiones en una formación que prácticamente tiene asumido que la próxima cita con las urnas marcará el fin de una era tras más de 13 años en el poder.
Una promesa difícil de cumplir
La cuestión es que ahora no existe ningún plan B para la que es, sin duda alguna, la medida más polémica de la era Brexit, reflejo del simbolismo que tuvo la inmigración durante la campaña del histórico referéndum de 2016, en la que los euroescépticos repitieron cual mantra la importancia de "recuperar el control de las fronteras".
El Gobierno siempre defendió que el objetivo era disuadir a las mafias para evitar que los traficantes de personas exploten a migrantes desesperados y pongan sus vidas en riesgo. Downing Street pagó 140 millones de libras al país africano para albergar a los inmigrantes. Argumentaba que, si bien Ruanda fue escenario de un genocidio que mató a más de 800.000 personas en 1994, desde entonces se ha forjado una reputación de estabilidad y progreso económico. Pero los críticos denuncian que la estabilidad se logra a costa de la represión política.
En este sentido, desde el inicio de la tramitación de la medida a principios del año pasado bajo el Ejecutivo de Boris Johnson, ha habido todo tipo de batallas legales y críticas. Y ya no solo por parte de todos los partidos de la oposición, que lo consideran "inviable", "inmoral" y "poco ético". Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, llegaron a enviar una carta al diario The Times en la que denunciaban una práctica "que debería avergonzarnos como nación".
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A finales del año pasado, el Tribunal Superior dio luz verde al plan del Ejecutivo, pero los afectados —respaldados por diferentes ONG como el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR)— recurrieron al Tribunal de Apelaciones, cuyos magistrados les dieron la razón con una sentencia que ha sido ratificada este miércoles también por el Tribunal Supremo.
Más de 45.000 personas llegaron en pequeñas embarcaciones el año pasado por el canal de la Mancha hasta las costas británicas. Comparado con otros países europeos, no es desmesurado. Pero en la Global Britain pos-Brexit son cifras cargadas de simbolismo ante la promesa de recuperar "el control de las fronteras".
Ha sido la estocada final al polémico plan migratorio del Gobierno británico. El Tribunal Supremo de Reino Unido, máxima instancia judicial, ha dictaminado este miércoles que mandar a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen por vías irregulares es ilegal. Los cinco jueces de la corte respaldan por unanimidad la sentencia del pasado mes de junio del Tribunal de Apelaciones, donde se recalcó que "las deficiencias en el sistema" del país africano son tales como para admitir que existen "bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo".