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El atentado de Bruselas presiona a la UE para endurecer la expulsión de irregulares
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El atentado de Bruselas presiona a la UE para endurecer la expulsión de irregulares

Los ministros de Interior han debatido sobre la necesidad de hacer más efectivo el sistema de expulsión de inmigrantes irregulares que puedan presentar un riesgo para la seguridad

Foto: Vista del lugar del atentado en Bruselas en el que un hombre atentó contra dos seguidores de la selección de fútbol de Suecia (EFE / Pablo Garrigós)
Vista del lugar del atentado en Bruselas en el que un hombre atentó contra dos seguidores de la selección de fútbol de Suecia (EFE / Pablo Garrigós)

Hacía años que Abdesalem Lassaoued, de nacionalidad tunecina, debía haber abandonado la Unión Europea. Su solicitud de asilo se había rechazado ya en tres países europeos distintos y estaba fichado por radicalismo. El lunes por la noche mató a dos personas e hirió a otra mientras se dirigían a ver el partido entre Bélgica y Suecia. Su caso ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de hacer más efectivo el sistema de expulsión de inmigrantes irregulares en la Unión Europea, especialmente cuando aparecen en los radares por vínculos radicales.

El asunto se ha debatido este jueves durante el desayuno en una reunión de ministros de Interior celebrada en Luxemburgo. Desde el inicio del nuevo conflicto entre Israel y Hamás se ha generado una sensación de ‘déjà vu’, una sensación de vuelta a la inseguridad de los años 2015 y 2016. Los titulares de los Veintisiete han estado durante meses discutiendo sobre el nuevo pacto migratorio y han ido avanzando en las distintas piezas de un dossier legislativo complejo y largo. Pero precisamente hay un elemento del Pacto en el que sigue habiendo cierto bloqueo: en el reglamento de retorno. En los últimos días, la Comisión Europea ha aumentado la presión sobre el Parlamento Europeo para que llegue a un acuerdo sobre su posición respecto a ese reglamento para que puedan comenzar las negociaciones entre las distintas instituciones.

Foto: Policía en Bruselas. (EFE/EPA/Olivier Matthys)

Este miércoles, en una rueda de prensa celebrada en Bruselas, después de que el primer ministro sueco, Ulf Kristersson y su homólogo belga, Alexander de Croo, rindieran tributo a los dos suecos asesinados el lunes, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, señaló que los Estados miembros tienen que tener más fácil expulsar a personas en situación irregular. Los cálculos de la Comisión Europea, expresados esta semana por Ylva Johansson, comisaria de Interior, es que de las 400.000 órdenes de expulsión que se han emitido este año en la Unión Europea, solamente se han ejecutado 65.000.

Es decir, solamente han sido efectivas el 16,25% de las órdenes de expulsión en la Unión, un porcentaje incluso menor que en otros años. Johansson ha asegurado que Von der Leyen "se refería a la propuesta de Reglamento de Retorno que ya hay sobre la mesa". "La actual legislación es de 2008. Necesitamos urgentemente una nueva legislación y esperemos que podamos empezar trílogos (la negociación entre distintas instituciones de la que emana la legislación final) pronto y cerrarlo durante la presidencia española (del Consejo de la UE)", ha explicado la comisaria de Interior durante una rueda de prensa en Luxemburgo.

El problema no es únicamente europeo, sino que hay muchos países que se niegan a cooperar en materia de retorno de migrantes irregulares, como por ejemplo es el caso precisamente de Túnez. La estrategia europea consiste en desarrollar partearíamos con estos países, ofreciendo fondos europeos a cambio de cooperación en materia migratoria. La realidad es que el propio caso de Túnez, en el que la Comisión Europea ha intentado probar esta estrategia, demuestra que es muy difícil de aplicar. "Países que no cooperan lo suficiente en materia de retornos tendrán situaciones menos favorables en lo que respecta a los visados", ha señalado por ejemplo Ylva Johansson, comisaria de Interior.

Con Lassaoued han quedado claros varios agujeros en el sistema de seguridad e información de la Unión Europea. Desde que llegó a Lampedusa en 2011, el terrorista, que acabó muriendo por los disparos de la policía belga el día siguiente del atentado, ha pasado doce años vagando por distintos países europeos, siendo rechazado en todos ellos. Llegó a estar en prisión en Suecia, pero Bélgica, donde residía desde hacía años, ni siquiera tenía esa información, aunque en 2016 las autoridades italianas, donde el tunecino había residido durante algún tiempo, ya habían advertido a las belgas de que tenía un perfil radicalizado. En 2019, Lassaoued pidió asilo en Bélgica, pero fue rechazado. Sin embargo, y a pesar de estar en los radares, nada evitó que siguiera en el país.

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"Ha habido una llamada de acción con el ataque terrorista de Bruselas por parte de un ciudadano tunecino, que vino a la UE hace doce años. Ha estado aquí desde 2011 sin derecho a estar, con sus solicitudes de asilo rechazadas muchas veces. Este no es el momento de echarnos las culpas, pero esto debería ser una llamada a la acción, necesitamos hacer mucho más", ha explicado Johansson durante una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Interior. "Necesitamos que los Estados miembros trabajen más juntos, de forma más europea. No nos podemos permitir tener 27 prioridades diferentes en lo que se refiere a países terceros y 27 sistemas distintos para ejecutar los retornos. Esto no es eficiente", ha añadido.

Hacía años que Abdesalem Lassaoued, de nacionalidad tunecina, debía haber abandonado la Unión Europea. Su solicitud de asilo se había rechazado ya en tres países europeos distintos y estaba fichado por radicalismo. El lunes por la noche mató a dos personas e hirió a otra mientras se dirigían a ver el partido entre Bélgica y Suecia. Su caso ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de hacer más efectivo el sistema de expulsión de inmigrantes irregulares en la Unión Europea, especialmente cuando aparecen en los radares por vínculos radicales.

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