Los expertos legales explican cuál es el mejor (y el peor) escenario posible para Daniel Sancho en Tailandia

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El caso de Daniel Sancho, quien se encuentra a la espera de juicio por matar y descuartizar, según su propia confesión, al cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla turística tailandesa de Koh Pha Ngan, ha desatado una ola de incógnitas en torno al futuro que le espera en prisión. ¿A cuántos años de cárcel se enfrenta? ¿Existe alguna posibilidad de que cumpla su condena en España? ¿Es la pena de muerte una opción?

La primera certeza es que lo que ocurre en Tailandia se queda en Tailandia. Como ocurre en el resto del mundo, el principio básico de territorialidad determina que los delitos se enjuician y su pena se cumple en el país donde se han cometido. La posible competencia de los tribunales de España respecto a los crímenes perpetrados por españoles en el extranjero solo aplica en el caso de que estos no hayan sido juzgados anteriormente. Dado que Sancho ya se encuentra en la cárcel de Koh Samui, en el sur del país asiático, desde el pasado lunes, será el código legal tailandés el que castigue su crimen.

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Como ya reportó anteriormente El Confidencial, España y Tailandia no cuentan con un convenio de extradición. Sin embargo, sí que existe un tratado internacional firmado por los dos países en 1983 que permite a ambos reclamar que un reo nacional termine de cumplir su pena de prisión en su país de origen. “Existen dos condiciones para ello”, explica a este periódico Jesús Salmerón, experto en derecho penal internacional y que ha trabajado en decenas de países, incluyendo Tailandia. “La primera es cumplir un determinado tiempo mínimo en una cárcel del país en el que se cometió el delito, el cual equivale a ocho años. La segunda condición es que cuando se solicite el traslado le quede, como mínimo, un año de condena a cumplir”, agrega el abogado y consejero legal.

Tras haber confesado que mató a su compañero, Sancho se enfrenta al artículo 288 del Código Penal tailandés, el cual establece dos categorías para este tipo de delito: homicidio y asesinato. Para el primer caso, establece una pena mínima de 15 años de prisión y una máxima de 20. Un castigo severo, pero nada comparado con la segunda clasificación, en la que no existen medias tintas posibles. En Tailandia, un crimen calificado como asesinato solo puede castigarse con cadena perpetua o pena de muerte.

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Como señala Laura Argüello, abogada de la corte de apelación de París y también experta en derecho penal internacional, la mayor esperanza que queda para el chef español es recibir una condena por homicidio y que España negocie su retorno tan pronto como su tratado con Tailandia lo permita. “Va a tener que pasar ocho años en una prisión tailandesa. Eso es seguro”, indica en entrevista con El Confidencial. “Pero si le aplican la pena mínima, podría tener que cumplir solo siete años más en España. Ese sería el mejor escenario posible”, agrega Argüello.

Salmerón señala que los jueces tailandeses cuentan con un amplio grado de discrecionalidad en su sentencia, especialmente en los caso relacionados con extranjeros. Tailandia, afirma, busca mantener una imagen favorable en relación con países que han abolido la pena de muerte, por lo que “probablemente, en el caso de Sancho, su sentencia condenatoria se decida entre la cadena perpetua o el periodo de 15 a 20 años”. Enfatiza, no obstante, que la gravedad del crimen y la manera en que ha sido cometido serán lo que determine de qué lado se inclina la balanza. “Si el crimen es muy execrable, por más que sea un extranjero, le puede caer pena de muerte”, asevera.

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Aquí es donde las cosas se complican considerablemente para el español. La categoría de homicidio, su mayor esperanza, requiere que el crimen cometido no sea premeditado. Sancho ha mantenido en todo momento que este es el caso y que el colombiano murió a raíz de una pelea —después de que este insistiera en mantener relaciones sexuales con él— en la que se golpeó la cabeza con la bañera. Sin embargo, las evidencias difundidas por las autoridades tailandesas y que han salido a relucir en los medios de comunicación parecen apuntar en otra dirección.

Según ha reportado Europa Press, el hijo y nieto de actores españoles había intentado en el pasado cortar su relación con Arrieta y el cirujano, para impedirlo, le había amenazado con difundir fotografías íntimas de ambos para así “arruinar la reputación” de su familia. Por otra parte, de acuerdo con los informes policiales, Sancho compró un día después de llegar a la isla, el 1 de agosto, varios cuchillos y bolsas de basura en un supermercado local. Por ello, ha sido acusado por las autoridades de asesinato premeditado y de ocultamiento de un cuerpo para encubrir la muerte.

Para Argüello, nada de lo revelado hasta la fecha permite concluir que hubo premeditación. “He visto en el pasado un montón de casos, entre ellos varios muy mediáticos, en los que existe un abismo entre lo que se decía originalmente en la televisión y lo que posteriormente se veía reflejado en el expediente”, asegura. No obstante, reconoce que la forma en la que Sancho se deshizo del cuerpo, descuartizándolo e intentando ocultarlo, será, con toda probabilidad, un factor agravante para su caso.

Por otra parte, el hecho de que Sancho reconociera rápidamente su culpabilidad podría ejercer como atenuante. “El hecho de ayudar a una investigación criminal siempre se tiene en cuenta a la hora de condenar. No es lo mismo que se hayan visto obligados a gastar muchísimo tiempo y recursos en saber cómo has cometido el crimen que el que uno lo confiese casi de entrada”, dice Argüello.

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En última instancia, incluso si es condenado a cadena perpetua, el Gobierno de España podría seguir solicitando el traslado de Sancho a una prisión del país una vez transcurridos los ocho años. Si esto sucediera, se daría la particularidad de que el Código Penal español no cuenta con esa pena privativa, sino con la prisión permanente revisable, por lo que el chef tendría la posibilidad de, eventualmente, abandonar la cárcel. “Una vez que el reo entra bajo el amparo de la jurisdicción española, nuestro país es soberano para poder revisar esa sentencia”, apunta Salmerón. “Los jueces de vigilancia penitenciaria serían plenamente libres para decidir en función del comportamiento del reo en prisión y de su posible reeducación”, agrega.

Aunque quien defienda a Sancho será un representante legal tailandés, lo que Salmerón recomienda a la familia del detenido es contar con un abogado español que colabore en todo momento con su par en Tailandia. “El abogado español sería como un consultor que haría de enlace entre la familia y un abogado tailandés, ayudándole y aportándole ideas y documentación. Eso es una colaboración que suele funcionar muy bien”, concluye.