¿Cuánto cuesta juzgar a un criminal de guerra en La Haya? Un dinero que la CPI no tiene

Los llamamientos para juzgar en La Haya a los perpetradores de los crímenes de guerra en Ucrania no cesan, pero esa no es una tarea fácil, ni mucho menos barata. A la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) no le sobran fondos. Archivó casos como los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania en 2014 porque no tiene dinero para financiar las investigaciones. Y así se lo hizo saber a los países que le piden reunir pruebas para juzgar a Vladímir Putin y a sus secuaces por la guerra. La CPI ya había pedido a sus miembros un aumento de presupuesto para este 2022, y consiguió en total 155 millones de euros para investigar y juzgar, pero no contaba con una guerra en Ucrania.

El interés por llevar ante la Justicia el conflicto iniciado por Putin ha permitido a este tribunal lo que no ha conseguido en años pidiendo más presupuesto para llevar a otros criminales al banquillo de los acusados. Francia, el tercer mayor contribuyente al presupuesto de la CPI, acaba de ofrecer jueces, investigadores, expertos y 500.000 euros adicionales (con posibilidad de más aportaciones si es necesario) al tribunal. Reino Unido también donó 1,2 millones de euros a la CPI y asignó soldados con experiencia en recopilación de inteligencia para ayudar a los investigadores a lograr pruebas de los crímenes de guerra. En total, una cuarentena de países ha ofrecido dinero, tecnología y personal contra las atrocidades de Putin. Y el fiscal, Karim Khan, ha abierto la investigación.

La CPI había pedido en realidad un aumento del 9,5% en su presupuesto anual, lo que era menos de lo que el Comité de Presupuesto y Finanzas (CBF) le había aconsejado. Y solo logró la mitad de lo que había pedido como aumento. El aumento de la carga de trabajo en todos los departamentos del tribunal es tal que, para este 2022, se espera la celebración del doble de juicios en comparación con el año pasado, y ninguno de ellos será probablemente el de los crímenes en Ucrania, sino que serán resultado de investigaciones anteriores. Necesitan más personal, sobre todo lo necesita la Oficina del Fiscal, Karim Khan, tanto para investigar como para digitalizar su trabajo. Pero el dinero no llega: a la CPI se le debían más de 60 millones de euros en pagos atrasados de los países miembros a mediados del año pasado.

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Las contribuciones al presupuesto anual de la CPI se deciden mediante el mismo método que usa la ONU para evaluar las cuotas, que corresponden aproximadamente al tamaño de la economía de cada miembro. Las mayores contribuciones suelen llegar de Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. Otros, como Brasil y Venezuela, acumulan varios millones de euros en pagos atrasados. La CPI acumula más de 40 acusaciones, todas de países africanos. Unas 17 personas han sido detenidas y enviadas a La Haya, 10 han recibido ya una condena y cuatro fueron absueltas.

¿Cuánto ha costado cada una de ellas? No es un dato muy obvio de calcular, porque se celebran varios juicios e investigaciones a la vez, y el presupuesto se destina a pagar los salarios del personal, los viajes de todos los empleados, las investigaciones de la Fiscalía (incluidos traductores, asistentes, etc.), los equipos de defensa y los gastos de mantenimiento del edificio, desde el alquiler hasta la electricidad o la calefacción. Sin embargo, se puede señalar un ejemplo. La CPI emitió su primer fallo en 2012, después de una década de funcionamiento, y eso costó más de 900 millones de dólares.

En total, 123 Estados, principalmente países africanos, europeos y latinoamericanos, han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado que fundó la CPI y que convierte a los países en miembros de este tribunal internacional. Rusia y Ucrania no están en esa lista. Tampoco lo están Estados Unidos o China. Oriente Medio, donde se han desarrollado numerosos conflictos estos años, con terribles violaciones graves de derechos humanos, y donde se cometen crímenes internacionales prácticamente a diario, como en Siria o Yemen, apenas está representado. La excepcionalidad de Ucrania se debe a que, tras la anexión rusa de Crimea, Kiev aceptó la jurisdicción de la CPI en 2014 para que investigue los crímenes ocurridos en el este de Ucrania. Pero Rusia, que había firmado el Estatuto sin realmente ratificarlo, retiró su firma en 2016 porque la CPI usó el término 'ocupación' para referirse a la situación en Crimea. Esto hace que nadie cuente con su cooperación en un eventual juicio por los crímenes en Ucrania.

La CPI emitió su primer fallo en 2012, después de una década de funcionamiento, y eso costó más de 900 millones de dólares

Por La Haya han pasado desde 2002 los señores de la guerra más temidos del mundo, autores de genocidios y crímenes internacionales. La CPI se encuentra en un complejo gigantesco con impresionantes edificios de cristal y con plantaciones sobresalientes a los lados, al borde de las dunas de Scheveningen, un barrio costero de La Haya. Y a unos metros de la prisión internacional, donde se mantiene a los sospechosos y condenados por los crímenes que entran en su jurisdicción: crímenes de guerra, contra la humanidad, genocidio y agresión. Los criminales han tenido que escuchar a sus víctimas ante la CPI, pero también ante otros tribunales especiales, como el de la ex Yugoslavia (TPIY), que llevó a juicio los crímenes cometidos en la guerra de los Balcanes, entre ellos a Ratko Mladić y Radovan Karadžić.

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La afluencia de nuevos miembros se ha estancado hace años y la ausencia de reconocimiento por parte de los países más representativos de la geopolítica internacional no ayuda a hacer justicia. Además, para sacar adelante los casos, la CPI depende de los gobiernos de sus países miembros, y también de los que no son miembros, pero que cuentan con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este organismo tiene poder para remitir casos a la CPI.

La falta de cooperación de grandes actores mundiales causó serias dudas sobre la independencia, impacto y utilidad de la CPI, sobre todo por la falta de cooperación de los países más influyentes. Esto hizo que centrara muchos de sus esfuerzos en llevar ante la Justicia a los autores de los crímenes cometidos en países africanos, pero no en el resto del mundo. Esto la puso en el centro de las críticas, con acusaciones de neocolonialismo y racismo. Un grupo de países africanos incluso retiró su firma del Estatuto de Roma como queja. Eso, junto a varios contratiempos en algunos casos, ha dañado su reputación.

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En principio, la CPI solo tiene jurisdicción en los Estados firmantes del Estatuto: las investigaciones penales se inician a petición de estos países o por iniciativa del fiscal jefe. En cuanto a los países que no están afiliados, como Siria o Sudán del Sur, el fiscal de la CPI depende de que el Consejo de Seguridad de la ONU le remita estas situaciones. Si no lo hace, la CPI no tiene mayor poder. El problema aquí es que, si el país involucrado es amigo de un Estado con derecho a veto, la remisión del caso se da por imposible. Como pasó con Siria ante una Rusia que veta cualquier sanción o caso relacionado con el país árabe.

Para un funcionamiento efectivo de la Corte, es vital que un mayor número de países firme su tratado fundador. Depende de la cooperación de sus gobiernos, pero también los necesita para su financiación, la detención y extradición de los sospechosos, la autorización de investigaciones penales y la protección de los testigos y víctimas. También son necesarios para la emisión de visados. Ejemplo de cómo las cosas pueden torcerse fue la tensión entre Washington y la CPI en 2019, cuando los Estados Unidos de Donald Trump decidieron retirarle la visa de entrada a la fiscal Fatou Bensouda, porque esta decidió iniciar una investigación sobre los crímenes cometidos en Afganistán, entre otros, por militares estadounidenses. Trump consideró la CPI una amenaza para la seguridad nacional del país y amenazó al personal del tribunal con medidas financieras y punitivas si seguían con la investigación. Esto no ayuda en absoluto en un panorama ya complicado. La Fiscalía de la CPI se ve obligada a operar en contextos muy complejos para investigar delitos muy graves, pero si Estados Unidos dice que no, nada impide a Rusia hacer lo mismo.