España afronta una agenda muy intensa para cerrar con éxito la legislatura europea

La presidencia española del Consejo de la Unión Europea juega un papel fundamental en la legislatura comunitaria 2019-2024, ya que será el último semestre efectivo de trabajo legislativo. Después, en enero de 2024, ya durante la presidencia belga, la agenda se empezará a frenar con una Comisión Europea y una Eurocámara ya apurando su legislatura y con las elecciones europeas a la vista el 9 de junio de 2024. Así que los seis próximos meses son críticos para sacar adelante una serie de dosieres en los que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y que requieren de un último esfuerzo para salir adelante.

Hay unas 120 piezas legislativas que están pendientes de salir adelante, y el reto español es lograr todos los acuerdos que sean posibles. Hay, en todo caso, tres o cuatro dosieres en la agenda que marcarán la presidencia. El primero de ellos es la reforma de las reglas fiscales de la UE, una discusión a la que todavía le queda mucho recorrido después de que los ministros de Finanzas la abordaran por primera vez en una reunión celebrada en Luxemburgo el pasado 16 de junio. El choque frontal entre los ministros de Alemania y Francia, defendiendo posturas completamente inversas en la cuestión de normas "automáticas y comunes" en forma de hitos numéricos, hace prever unas discusiones muy complejas.

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El objetivo sigue siendo haber obtenido un acuerdo antes de final de año, de manera que en 2024, cuando se hayan reactivado las viejas reglas fiscales que llevan suspendidas desde el año 2020, se puedan aplicar por parte de la Comisión Europea siguiendo el espíritu de las nuevas normas. Pero ese enfrentamiento entre el alemán Christian Lindner y el francés Bruno Le Maire, podrían hacer más complejo el ejercicio de construcción de consensos que le corresponderá a España.

Sin embargo, España va a tener difícil defender su visión respecto a esta importante reforma: al encontrarse al cargo de la presidencia debe ser visto como un árbitro, un agente neutral que no usará su posición de fuerza para beneficiar a uno de los lados del debate. Si el resto de Estados miembros identifican a la presidencia como partidista, cualquier negociación se embarrará y poco a poco irá perdiendo fuerza. Un éxito para la presidencia sería lograr un acuerdo a nivel de ministros antes de que termine el año para que la presidencia belga, que tomará el relevo de la española en enero, pueda sentarse a negociar un texto final con la Eurocámara e intentar que sea aprobado por el Parlamento Europeo antes de que se disuelva de cara a las elecciones europeas.

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El segundo dosier muy relevante para España es la reforma del pacto migratorio europeo. La presidencia sueca prometió pocos progresos en este importante punto, pero lo cierto es que ha sido capaz de forjar una posición común entre la mayoría de Estados miembros en dos de las tres patas de la reforma. Se trata de un asunto muy delicado que lleva generando enfrentamientos en el seno de la Unión desde el año 2015, cuando la anterior crisis migratoria se llevó por delante el Pacto de Dublín con el que se gestionaban los flujos migratorios en la UE. De hecho, por el momento, Polonia y Hungría siguen mostrando abiertamente su oposición al pacto alcanzado por la presidencia sueca y han bloqueado las conclusiones que hacían referencia a la cuestión migratoria en la cumbre de líderes de esta semana.

Ahora le tocará a España cerrar la posición común del Consejo sobre la última pata de la reforma y sentarse en la mesa a negociar con la Eurocámara, que se esforzará en intentar que el texto final sea más ambicioso en la cuestión de la solidaridad entre los Estados miembros. España, como país fronterizo de la Unión, se juega mucho en este dosier, que por el momento pone todo el acento en la idea de la "solidaridad obligatoria, pero flexible", que permite a los Estados miembros no participar en el reparto de migrantes desde los países de primera línea si pagan una compensación al fondo común que permita financiar la gestión migratoria y las devoluciones de aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas.

El trabajo que le tocará a España ilustra bien los equilibrios de una presidencia. Aunque a Madrid le interesa que el acuerdo migratorio se centre en un mayor apoyo a los Estados miembros de primera línea, tendrá que trabajar para que los países del resto de Europa consideren aceptable el pacto final con la Eurocámara, lo que se traducirá en que los socios como España o Italia asuman la inmensa mayoría de la gestión migratoria con poco apoyo por parte del resto de capitales.

Un tercer dosier importante para la Unión Europea será el de la primera ley de Inteligencia Artificial, en el que el Parlamento Europeo chocará durante las negociaciones con el Consejo, representado por España, debido a las muy diferentes posiciones respecto al uso de la inteligencia artificial, y especialmente de la tecnología de reconocimiento facial en espacios abiertos para cuestiones de seguridad, algo a lo que la Eurocámara se opone y que las capitales consideran necesario.

Un cuarto dosier clave será la reforma del mercado eléctrico, en el que España, a través de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, ha invertido mucho capital político. Por ahora los Estados miembros no han sido capaces de llegar a un acuerdo respecto a una posición común, por lo que la presidencia española tendrá que esforzarse para reconciliar las posiciones de Alemania y Francia en algunos elementos clave de la reforma para intentar así construir un consenso entre los Veintisiete y poder empezar a negociar con el Parlamento Europeo y la Comisión. Hay otros dosieres importantes dentro de la cuestión energética, como es por ejemplo la Directiva de Energías Renovables (RED, por sus siglas en inglés).

Pero hay muchos otros asuntos críticos. Por ejemplo, la revisión del marco de gestión de crisis y garantía de depósitos (CDMI, por sus siglas en inglés) o la negociación de la revisión del Marco Financiero Plurianual (MFP) del 2021 - 2027, para el que la Comisión Europea pide 66.000 millones de euros adicionales que un buen número de Estados miembros, por diferentes razones, ya están rechazando. Además, España tendrá que seguir gestionando las distintas piezas legislativas del puzle del paquete del Fit for 55 con las que la Unión Europea pretende conseguir la neutralidad climática a mediados de siglo.

América Latina

Como ocurre tradicionalmente cada vez que le llega su turno, España ha aprovechado su presidencia rotatoria para destacar la importancia de que la Unión Europea estreche sus lazos con América Latina en todos los ámbitos, desde las cuestiones comerciales a la cooperación en tecnología o en cuestiones estratégicas como los minerales raros. Ya en los últimos meses la Comisión Europea ha intensificado su agenda de contactos con Latinoamérica, en parte sabiendo que en el semestre español se impulsarían esas relaciones.

Opinión

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De hecho, una de las primeras cosas que planeó España fue la celebración de una cumbre de líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tendrá lugar en Bruselas los próximos 18 y 19 de julio, siendo el primer encuentro de este tipo desde hace ocho años. Antes de que se haya producido la cumbre, y a la sombra de la presidencia, la Comisión Europea publicó una nueva agenda para las relaciones con América Latina y Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, viajó a Brasil, Argentina, Chile y México.

En el plano más práctico, España quiere que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que lleva olvidado en un cajón desde que se cerró en 2019, vuelva a resucitarse. Algunos Estados miembros, como Francia e Irlanda, se oponen al acuerdo arguyendo motivos medioambientales ante la deforestación del Amazonas, aunque en realidad lo que preocupa en París y Dublín es el efecto del acuerdo sobre sus sectores cárnicos.

La idea del Gobierno, junto a la Comisión Europea, es intentar convencer a Emmanuel Macron, presidente francés, haciendo ver que el acuerdo con Mercosur permitirá potenciar el papel geopolítico de Europa, haciendo hincapié en esa idea de la "autonomía estratégica abierta" que España ha convertido en una de sus prioridades durante su semestre. Pero Macron pasa apuros en casa y las protestas del campo francés harán que el presidente galo tenga mucho cuidado a la hora de ceder ante las presiones españolas y del Ejecutivo comunitario.