"Mataron a mi hermano y lo vi por TikTok": crimen sin castigo en una democracia vacía

La noche del 28 de enero, la vida de la familia Santisteban se truncó para siempre. Elizabeth estaba en torno a las nueve sentada en casa, organizando la comida familiar del próximo domingo. Fue entonces cuando la llamó uno de sus hermanos, que vive en el piso de arriba. "Este es Víctor, ¿no?", dijo señalándole un video de Tiktok donde un hombre yacía ensangrentado en el suelo. "Tiene que ser un error", pensó. Habían hablado esa misma mañana y no le había mencionado que iba a ir a la manifestación contra el recién formado gobierno de Dina Boluarte. Además, nunca había mostrado un especial interés en la lucha política. Pero el video de esa red social hablaba por sí solo: el cuerpo de aquel hombre era el de su hermano mayor. Víctor Santisteban, de 58 años, se acababa de convertir en la primera víctima mortal de las multitudinarias marchas de Lima.

"A partir de ese momento, empezó la pesadilla", relata a este periódico. Tras ver el video, Elizabeth salió corriendo al hospital Grau. "Era un caos", señala. Manifestantes enzarzados, médicos tímidos y poca información. "No nos dejaban pasar", continúa. Desde el hospital les advertían de que no había ingresado ningún Víctor Santisteban, pero los manifestantes relataban lo contrario. "¡Lo mataron!", gritaban. Poco después, y siempre según el relato de Elizabeth, les confesaron que su hermano había fallecido y que lo trasladarían a la morgue. "Parecía que querían ocultar el cadáver", afirma. De ser así, ¿por qué querrían hacer desaparecer el cuerpo de Víctor?. "En el video se veía cómo un policía disparó una bomba de gas lacrimógeno directamente contra él. El agente le mató".

Víctor Santisteban es uno de los 67 fallecidos por las protestas sucedidas en toda la república peruana en diciembre y marzo. Según los datos de la Defensoría del Pueblo de Perú recabados por El Confidencial, 49 de ellos murieron en enfrentamientos, 11 en accidentes de tráfico vinculados a las protestas y 7 eran miembros de fuerzas de seguridad. Las manifestaciones se produjeron especialmente en las localidades de Ayacucha, Juliaca y Puno. En estas se atacaron edificios, se bloquearon carreteras e incluso se tomaron aeropuertos. Pero la capital no se quedó atrás. Cientos de personas pasearon durante días por la avenida Abancay con la intención de llegar al Congreso para mostrar su descontento, pero algunos como Santisteban no llegaron a su destino. Fue la gota que colmó el vaso de un país que ha tenido siete presidentes en siete años y donde las instituciones políticas son detestadas por la ciudadanía.

Las protestas multitudinarias surgieron a raíz del último cambio de Gobierno. Las principales consignas eran la renuncia de Boluarte, que llegó de rebote, y el adelanto de elecciones generales. El 7 de septiembre de 2022, el por entonces presidente Pedro Castillo (izquierda) intentó dar un autogolpe de estado para impedir que el Congreso derrocara su Gobierno. Fue un fracaso absoluto, dado que no contaba con el apoyo del Ejército. El que fuera un humilde profesor de provincia con experiencia en un sindicato terminó entre rejas. Un ejemplo humillante de un fenómeno político cada vez más visible en Perú: la fragilidad de unos gobiernos que carece de poder real.

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En una región que pasó gran parte de la segunda mitad del siglo XX bajo el yugo de dictadores y caudillos varios, varios países atraviesan ahora el problema inverso. Sobre esto reflexiona el artículo académico "Perú: el peligro de la democracia impotente", donde se define el fenómeno como "vaciado democrático". "La representación social en este sistema político ha desaparecido, se ha podrido con el tiempo", apunta Alberto Vergara, uno de los dos autores de la investigación, en entrevista con El Confidencial.

Tras el arresto de Castillo, acusado de corrupción, ascendió al poder Dina Boluarte, quien hasta hacía unas semanas había sido su vicepresidenta y renunció ocho días antes del intento del golpe. La primera pregunta que periodistas internacionales y la sociedad peruana tuvo que responder entonces fue "¿Pero quién exactamente es Boluarte?". Una duda razonable ante la enésima outsider regurgitada por la política peruana en los últimos 30 años.

"Si preguntas hace cinco años a la población quienes son Castillo, Merino y Boluarte –los tres últimos presidentes en apenas cuatro años–, nadie tendría la menor idea", señala Vergara. La primera línea política peruana está marcada por figuras anónimas, sin apenas vinculación con las instituciones y que emergen prácticamente de la nada. "Vivimos una crisis de confianza en todas las instituciones, la satisfacción con la democracia está en torno al 21%", indica, por su parte, Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

De hecho, la actual presidenta cuenta con una desaprobación del 79% de los encuestados, según el Instituto de Estudios Peruanos. El índice donde mejor acogida tiene, con un 22%, es en las clases más altas. "En otras palabras, les gusta a uno de cada cinco ricos", traduce Vergara. Y un 43% dice sentirse muy "inseguro" tras todo este clima de crispación. Las protestas son la punta del iceberg de un sistema democrático vacío, conformado por instituciones líquidas susceptibles de diluirse con facilidad.

Tendemos a asumir que la democracia muere cuando todo el poder se distribuye en muy pocas manos. Pero el caso de Perú es justamente al contrario. "La democracia peruana está al borde del colapso no por culpa de un tirano popular, sino porque ha estado plagada de una miríada de líderes impopulares e inexpertos que han tenido pocos incentivos para actuar por motivos que no fueran el más corto plazo", versa el artículo de Vergara y Rodrigo Barrenechea. Esto tampoco significa que la fuerza radique en el pueblo. Durante el gobierno de Castillo, "la izquierda demostró que la corrupción y el mundo antidemocrático no le fastidiaba", reflexiona. "Entonces, hoy no tienen legitimidad".

La violencia como única herramienta

¿Qué consiguió que se propagaran las marchas? En parte, el uso desmesurado de la violencia. "Al inicio, había un sector de los manifestantes que querían sacar a Boluarte y otro, probablemente, con algún interés en especial por Castillo. Pero existe un fenómeno que es que, cuando se produce la primera muerte, las marchas se multiplican. En cuanto el Estado se comporta como un Estado bárbaro, lo que hace es sublevar. Surge esa solidaridad en la sociedad", explica Vergara.

Sobre esto, Luque explica que "la ley señala que el uso de la fuerza debe ser promocionado" y que "la policía nacional tiene el deber de restablecer el orden público". La cuestión, indica, es que "existen indicios de que podrían señalar la vulneración de derechos humanos desde las fuerzas del orden". Todo esto está ahora en manos de la Fiscalía y desde la Defensoría del Pueblo monitorizan cada caso.

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Agencias

Después de horas intentando conseguir información, a Elizabeth y el resto de sus hermanos —son siete en total— les destinaron a la morgue de Lima. Ahí, el resultado forense dictaminó que la causa de la muerte de Víctor había sido una "objeto duro contundente". Un policía aprovechó y le dijo a Elizabeth: "Quieren que piensen que fuimos nosotros, pero eso ha sido de una piedra". "¿Cómo iba a ser una piedra?", se preguntó Elizabeth, "tenía todo el cráneo desfigurado". Poco después, la prensa empezó a publicar que Víctor Santisteban había fallecido por una pelea con piedras entre manifestantes. El alcalde de Lima, el ultraderechista Rafael López Aliaga, también compró ese argumento, algo que indignó todavía más a los familiares.

La investigación continúa abierta y Elizabeth acude como testigo a todas las citas de la Fiscalía. "Llevamos cuatro meses y la Fiscal General la ha ampliado hasta ocho. A este ritmo, calculo que tardaremos 3 años porque es lo que ellos quieren. Me sorprende porque es evidente lo que ocurrió, pero tenemos esperanza de que vaya algo a favor. Estamos peleando con un Goliath, pero nosotros tenemos la verdad", señala. Los videos de los presentes evidencian cómo un agente policial arremetió contra Víctor asentándole un disparo con un arma de gas lacrimógeno. "Es negar lo innegable".

Medios pequeños como La Encerrona hicieron lo posible por difundir dichos videos y demostrar la realidad de las protestas en Lima. Los filmes no tardaron en reproducirse, dejando en evidencia la versión policial. "En este caso, se observa claramente que hay un disparo de bomba lacrimógena y a raíz de eso, de acuerdo a la necropsia, muere. En principio, la forma en que se usa un arma que lanza bomba lacrimógena no es esa. El disparo es hacia arriba. De acuerdo a lo que se observa, el uso de esa arma habría sido irregular", continúa Luque.

Los comerciantes de la esquina donde se produjo el altercado corroboran lo sucedido. Luis tiene un negocio de gafas a escasos tres metros donde mataron a Víctor. Relata cómo aquellos dos meses de protestas fueron "horribles". No solo afectó a la estabilidad política y social del país andino, sino a la economía de los comercios locales. "Teníamos que cerrar a las dos de la tarde porque estaba todo lleno de humo y era peligroso", explica. Se refiere al continuo gas lacrimógeno que desprendían las fuerzas de seguridad, afectando a su capacidad pulmonar y visual.

Celia, dueña de un local de ornamentos de la calle Abancay, relata que fueron "tiempos de guerra". Por su parte, Jorge, de 60 años, recuerda que su día a día era un "estrés constante", sin saber qué pasaría con la base de su economía familiar. Pero es a Luis a quien más le afectó personalmente todo este panorama. "Me dio la indignación. La policía agarraba a mujeres y ancianas y las metían al camión. Había una barricada a cada lado. No recuerdo una represión tan fuerte, hubo mucho abuso de los agentes".

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Cuatro meses después de las tragedias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó el pasado 3 de mayo que hubo "graves violaciones de derechos humanos" y condena la violencia "ocasionada por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado" (...) al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. La Comisión expresa su firme condena. Estas graves violaciones de derechos humanos deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial". La matización de esto último se refiere al importante papel de las comunidades indígenas en las protestas de Ayacucho, Jalica y Puno.

La actual presidenta rechazó el calificativo de "masacre" y argumentó que será la justicia peruana quien determine el papel de los agentes en las protestas. "Yo no estoy en contra de la policía, solo quiero que culpen al agente que disparó a mi hermano", señala Elizabeth Santisteban. "Lo último que sabemos, gracias a mirar las conversaciones de su teléfono, es que había quedado a las cinco de la tarde para ir a la manifestación con una amiga suya. También vimos fotos donde no se le ve agresivo, solo andando, y cuando se produjo el ataque –a las 7:40–, estaban ya de vuelta para cenar".

Un futuro en el limbo

Pronosticar hacia dónde se dirige el país en estos momentos es extrenadanebte difícil debido a su inestabilidad institucional. "No hay rocas sólidas, es todo un flujo que va y viene", argumenta Vergara. "El rasgo más estable del país es la inestabilidad", continúa. No obstante, el investigador reflexiona sobre los tres posibles escenarios que pueden producirse.

Por un lado, "podría ocurrir que aparezca un personaje carismático o que concentre el poder, derrote al sistema, y se imponga como mandamás sin contrapesos" aunque argumenta que es la opción que ve menos probable. "Otro sería que, simplemente, continuemos en el caos, que sigan habiendo elecciones cada dos o tres años", explica. Y la última es que se organice algún tipo de coalición. "Que alguien reconozca que nadie es lo suficientemente ni inteligente, ni popular, ni tiene organización para soñar con someter a todo el sistema bajo su bota", por lo que les tocará ponerse de acuerdo, concluye Vergara.

Los problemas no se limitan a la inestabilidad política o la violencia policial. Perú registra 2 millones de personas más bajo el umbral de pobreza desde antes de la pandemia. El futuro es desesperanzador para muchos. "Después del autogolpe, cambió mi vida. Nuestro punto de vista es diferente, vemos un Congreso completamente repudiado. Antes lo hacían discretamente, pero ahora ya es descarado. Yo como peruana estoy muy decepcionada, y hasta uno piensa en emigrar", sentencia Elizabeth Santisteban.