Amnistía Internacional exige a Rabat que acabe el acoso al periodista Ignacio Cembrero

A la lista de organizaciones de la prensa como, El Círculo de Corresponsales Extranjeros en España, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), se suma la ONG Amnistía Internacional para exigir que el Reino de Marruecos cese la persecución judicial y el acoso contra el periodista Ignacio Cembrero. Quien se enfrentó hace un mes en un Juzgado de Primera Instancia de Madrid al proceso por la demanda civil interpuesta contra él por el Reino de Marruecos a raíz del espionaje masivo con el sistema Pegasus, siendo la cuarta vez que es juzgado por una denuncia del Reino Alaúi.

Ante estas acusaciones del Gobierno marroquí se critica la ineptitud del Ejecutivo español, que resumía en dos líneas de esta manera su visión sobre el caso: "El Gobierno respeta la independencia de los procedimientos judiciales". Por su parte, Cembrero argumentó en su Twitter personal que "Nunca se me pasó por la cabeza que algún miembro del Gobierno español o algún alto cargo socialista evocara en público, refiriéndose a mí, el respeto de las libertades de expresión y de prensa en España. Sabía que no dirían nada que pudiera disgustar al vecino marroquí. Sí, me imaginé que alguno me daría una discreta palmada en la espalda y me desearía suerte en voz baja. Nadie lo ha hecho", expresaba.

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Bajo estas afirmaciones y sumado al resto de organizaciones, Amnistía Internacional sale en defensa del reportero argumentando que "es una de las víctimas del espionaje a través del sistema Pegasus, según Forbidden Stories y afronta un juicio en España por el hecho de denunciarlo", lo que creen que es una situación injusta. Además, aclaran que "el Parlamento Europeo reclamó en enero a las autoridades marroquíes que cesen la vigilancia masiva contra numerosos periodistas, entre ellos al propio Cembrero", una situación que no se ha llevado a cabo.

De este modo, el Reino de Marruecos reclama al periodista que se retracte de las afirmaciones en las que vinculaba al gobierno de este país con el espionaje digital del que han sido objeto varios periodistas, abogados y miembros de la sociedad civil. Esta estrategia para acallar al reportero con una demanda como parte de su forma parte de del plan marroquí de silenciar cualquier voz crítica con sus políticas. En 2014, la Fiscalía General del Estado archivó contra Ignacio Cembrero dos querellas por "enaltecimiento del terrorismo". Y un año después, un empresario vinculado con los servicios secretos marroquíes le demandó por "intromisión al honor", cargo del que fue absuelto tras un juicio civil. Por lo que cabe esperar que la resolución judicial esta vez corra la misma suerte.

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"Ignacio Cembrero no tendría que haber tenido que afrontar este juicio absurdo en el que se pide que la posible víctima de un delito como el de espionaje no pueda hablar sobre ello. El acoso y la persecución constante de las autoridades marroquíes a Cembrero deben terminar de forma inmediata, son un ataque a su libertad de expresión y un aviso a cualquiera que quiera informar sobre sus políticas", defendió el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. Desde esta organización piden no solo "la lógica absolución" del periodista, sino también que el gobierno español promueva que la Fiscalía realice una investigación independiente sobre el espionaje al que habría sido sometido.

Espionaje, persecución y cárcel

En el mes de julio de 2021, el consorcio Forbidden Stories, una organización sin ánimo de lucro, denunció el espionaje a 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países, y alertó a Ignacio Cembrero de que era víctima de espionaje mediante Pegasus, así como a políticos y activistas de la sociedad civil.

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Pero las autoridades marroquíes no se han detenido en la vigilancia ilegítima, sino que han continuado la persecución y el acoso contra figuras que les resultan incómodas como el periodista y defensor de derechos humanos Omar Radi, quien fue condenado a seis años de cárcel por cargos de violación y espionaje en un juicio claramente injusto. Actualmente, Radi está encarcelado por el ejercicio de su profesión, tras informar sobre las protestas de Hirak El-Rif o las corrupciones de estado, al igual que otros periodistas críticos como Taoufik Bouachrine o Soulaiman Raissouni.

"Es urgente la anulación de todas las sentencias condenatorias impuestas a Omar Radi, pues tienen una motivación política y violan su derecho a la libertad de expresión. Solo un juicio justo puede garantizar que se hace justicia tanto con Omar como con la persona que lo denunció por violación", reclamó Beltrán.

Espionaje y demandas judiciales sin fundamento también han ido de la mano en los casos del abogado y defensor de los derechos humanos Abdessadak El Bouchattaoui y del académico Maati Monjib. El primero, abogado y defensor de los derechos humanos, formó parte del equipo legal de las personas encarceladas tras las protestas en Hirak El-Rif a lo largo de 2016 y 2017. Ese mismo año fue condenado a 20 meses de prisión por publicaciones en internet en las que criticaba el uso de la fuerza en las manifestaciones, y posteriormente huyó exiliado a Francia. Amnistía Internacional pudo comprobar cómo su teléfono recibió mensajes con enlaces a sitios web relacionados con el programa Pegasus durante el apogeo del movimiento Hirak El-Rif.

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Por su parte, Maati Monjib, fundador de la ONG Freedom Now, dedicada a la protección de los derechos de periodistas y escritores, fue acusado en 2015 de "atentar contra la seguridad interior del Estado" mediante "propaganda". Desde ese año, Maati cree que ha estado bajo vigilancia digital, algo que también confirmó la sección de tecnología de Amnistía Internacional. En 2021 fue condenado nuevamente por fraude y blanqueo de dinero, en una causa que se remontaba a 2015. En marzo del mismo año salió en libertad, pero se mantienen contra él acusaciones de blanqueo de dinero y se le ha retirado el pasaporte, por lo que corre el riesgo de volver a ser detenido y de que se reanude el juicio.

Ante esta “doble represión” formada por el espionaje y la persecución judicial, Amnistía Internacional se une a la reciente resolución del Parlamento de la UE en la que se pide a los Estados Miembro que dejen de exportar tecnología de vigilancia a Marruecos porque, según la entidad, contribuye a una vigilancia ilegítima que puede considerarse como crónica por parte de las autoridades y los servicios secretos del país.