Se quemaron los puentes en Brasil: Lula promete mano dura contra los "golpistas"

Mientras los obreros empiezan a retirar los escombros de los edificios públicos asaltados, los peritos valoran los daños materiales y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva intenta armar una estrategia para enfrentar un escenario inédito para el país más grande de América Latina. La agenda política es intensa. Se trabaja contrarreloj para restablecer el orden. El día después de los atentados, que políticos y magistrados tildan de "golpistas", el presidente Lula optó por dar una prueba de firmeza y trabajó desde "el semidestruido Palacio del Planalto". Allí se reunió con los representantes de los tres poderes y lanzó una carta conjunta. En el texto, los representantes del ejecutivo, del legislativo y del judicial rechazan los "actos terroristas de los bolsonaristas radicales" y piden a la población la defensa de la paz y de la democracia. También se hace hincapié en que el país precisa de normalidad, respeto y trabajo para el progreso.

Los brasileños no tardaron en ofrecer su respuesta. En las principales ciudades de Brasil, millares de ciudadanos salieron a la calle para mostrar su repudio a la violencia que el 8 de enero sacudió Brasilia. "Sin amnistía para los golpistas" fue el lema más repetido en la Cinelandia, la icónica plaza de Río de Janeiro donde acontecen todas las manifestaciones de los sectores progresistas. Llovía a cántaros en la Ciudad Maravillosa. Desde hace semanas llueve casi todos los días en esta localidad, que cada vez se parece más a Londres, por el color grisáceo del cielo.

Pero eso no impidió que centenares de personas, ataviadas con chubasqueros trasparentes de usar y tirar, dieran la cara en el momento más delicado de la joven democracia brasileña. "¡El fascismo no vencerá!", gritaban los manifestantes. Había muchas banderas rojas y pancartas con mensajes como "Brasil contra el terrorismo" y "Democracia en paz". No faltó la omnipresente batucada, la banda sonora de todos los actos públicos de una ciudad que respira carnaval. “Tenemos que mostrar que el otro lado existe y que dice no al golpe. No queremos esta violencia. Exigimos respeto para los resultados electorales, queremos garantías para las libertades democráticas. Vamos a combatir a la extrema derecha”, espeta Albano Texeira, profesor jubilado. "Deberíamos estar en la calle desde hace mucho más tiempo, desde que los camioneros pro Jair Bolsonaro comenzaron a cortar las carreteras", agrega.

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EFE

Sin duda, la imagen más poderosa desde que los sectores más radicales de la sociedad brasileña dieron rienda suelta a su odio es la de Lula reunido con los gobernadores de los 27 estados federados de Brasil. Acudieron en bloque a la convocatoria, incluso aquellos que durante la campaña electoral apoyaron a Bolsonaro. Es el caso de Tarcísio de Freitas, gobernador de Sao Paulo, que en un primer momento había alegado compromisos previos para justificar su ausencia y que finalmente resolvió unirse a la comitiva.

El presidente de izquierda criticó duramente a los grupos implicados en los actos vandálicos, y prometió encontrar e investigar a los patrocinadores de los radicales. "La policía de Brasilia fue negligente. La Inteligencia de Brasilia fue negligente. Se puede ver claramente a los policías hablando con los invasores. No seremos autoritarios con nadie, pero tampoco tibios", advirtió Lula, al mismo tiempo que añadía: "Quieren un golpe de Estado y no lo habrá. Tienen que aprender que la democracia es la cosa más complicada de ser realizada, porque requiere convivir con gente que no nos gusta".

Después de la reunión, Lula visitó la sede destrozada de la Corte Suprema. La comitiva subiendo la rampa del edificio es la escenificación de la unión institucional y del aislamiento de Bolsonaro, que desde el 30 de diciembre se ha refugiado en Orlando, en la ciudad de Disneylandia, que representa el sueño de consumo para las clases altas y conservadoras de Brasil. Lula, además, conversó por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien reiteró su apoyo internacional.

Pocas horas antes, Bolsonaro había ingresado en un hospital de Florida alegando fuertes dolores abdominales. La explicación oficial es que se trata de una obstrucción intestinal, consecuencia de la mediática puñalada que le dejó herido durante la campaña electoral de 2018. Pero la inagotable fábrica de memes, que en Brasil no perdona a nadie, sugería que el expresidente podría estar fingiendo un malestar repentino para evitar la prisión. Y es que el senador Renan Calheiros ha pedido a la Corte Suprema que exija a Bolsonaro que vuelva a Brasil en un plazo de 72 horas, bajo pena de extradición y encarcelamiento en caso de desobediencia.

La situación del líder de extrema derecha es crítica. El Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas han solicitado el bloqueo de sus bienes, y también del gobernador exonerado del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, y del exsecretario de Seguridad Pública del DF Anderson Torres, por su supuesta vinculación con los "actos golpistas". El Partido Liberal, al que Bolsonaro pertenece, ya dijo antes de los disturbios que solo va a pagar el salario del expresidente, estipulado en 39.200 reales por mes (unos 7.000 euros), si Bolsonaro vuelve a su país. Este señala que podría regresar antes de lo previsto de su periodo sabático en los Estados Unidos para tratar sus problemas de salud.

Mientras tanto, el Estado ha respondido con mano dura a los ataques antidemocráticos. Ya han sido desalojados casi todos los campamentos de bolsonaristas, que habían sido instalados en la puerta de los cuarteles militares de las principales ciudades de Brasil después de las elecciones. La policía ejecutaba así una orden de Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que es conocido como el baluarte de la democracia brasileña. En algunos campamentos, hubo confusión y agresión a periodistas, como ocurrió en Río de Janeiro.

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En Brasilia se llevó a cabo la operación más espectacular, con cerca de 1.500 presos. Los autodenominados "patriotas" fueron llevados hasta la sede de la Policía Federal en más de 50 autobuses. Llegaron entonando el himno nacional. Desde entonces, los bolsonaristas están denunciando supuestas torturas y malos tratos. En las redes sociales, en las que los fanáticos hablan incluso de "gulag", circula un vídeo que muestra a los detenidos durmiendo en el suelo del gimnasio de la Academia Nacional de la Policía Federal. Una voz en off relata la falta de comida y condiciones extremas, algo que ha sido desmentido por las autoridades competentes. Los bolsonaristas, además, acusan a hipotéticos infiltrados de izquierdas para llevar a cabo los destrozos en los edificios gubernamentales.

También se han difundido fake news sobre la muerte de una anciana que estaría presa "en un campo de concentración de Lula". Sin embargo, una rápida búsqueda en Google muestra que la foto de la supuesta víctima procede de un banco de datos. La mujer se llama Deolinda Tempesta Ferracini. Su marido le hizo un retrato en 2018 y lo subió a una página de internet. El pasado mes de octubre, Deolinda falleció tras sufrir un AVC. La nieta, Juliana Cuchi Oliveira, acudió a las redes sociales para denunciar el caso y pidió que los seguidores denuncien todas las publicaciones que abusan de la imagen de la anciana. "¡Es una noticia falsa, sucia y repugnante! Han pasado solo tres meses desde que mi abuela murió. ¡Eso es muy triste!", dijo Juliana indignada.

El juez de Moraes ha criticado con ironía la actitud de los bolsonaristas arrestados. "Esos terroristas, que hasta el domingo cometieron disturbios y crímenes y que ahora se quejan porque están en la cárcel deseando que la prisión sea un campamento de verano, no se vayan a pensar que las instituciones claudicarán", afirmó Moraes, que aseguró que la democracia va a prevalecer. La Policía Federal ya ha liberado a cerca de 600 de los presos por actos terroristas. Entre ellos, hay ancianos mayores de 65 años, mujeres con hijos pequeños y personas con enfermedades graves.

Por su parte, el ministro de Justicia, Flávio Dino, ha prometido que solicitará cerca de 50 órdenes de prisión contra sospechosos que estuvieron involucrados en los "actos terroristas". Se trata tanto de personas que participaron directamente en los ataques violentos, pero no fueron detenidas infraganti, como los que ayudaron en su organización y financiación. Entre bastidores, cobra cada vez más consistencia la teoría de que el gobernador Ibaneis Rocha permitió que se desatase la violencia. El propio Dino ha revelado que intentó montar un dispositivo de seguridad en la capital y que fue engañado por los poderes locales del Distrito Federal. Su conclusión es que el gobernador actuó de mala fe.

Por lo pronto, el juez de Moraes ha ordenado la detención del excomandante de la Policía Militar del Distrito Federal, el coronel Fábio Augusto, que estaba al cargo de estas fuerzas de seguridad cuando se produjo la agresión a los edificios institucionales. Además, la Policía Federal lleva a cabo una operación en la casa de Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro y que comenzó el año como secretario de Seguridad del Distrito Federal. Torres fue exonerado de la secretaría después de los asaltos en la plaza de los Tres Poderes. El objetivo es cumplir la orden de busca y captura dictada por la Corta Suprema, pero Torres está de feria en Orlando, en la misma ciudad en la que se encuentra Bolsonaro. Una casualidad que no parece cosa del destino.

Opinión

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En una entrevista con el diario O Globo, Ricardo Cappelli, que fue indicado por el Gobierno de Lula para comandar la intervención federal del Distrito Federal, asegura que Torres asumió el 1 de enero la Secretaría de Seguridad que diseñó el dispositivo policial para que la investidura de Lula y los macro-conciertos que congregaron a decenas de miles de personas acontecieran sin ningún incidente. Acto seguido, echó a varios cargos con experiencia y se marchó de vacaciones.

“La Secretaría se quedó descabezada el 8 de enero [día que estaban previstas las manifestaciones bolsonaristas]. Hablé con el jefe de gabinete de la anterior Secretaría y me dijo que, para el operativo del día 1, pasaron varias noches dentro de esta sala haciendo planes, revisando, yendo y volviendo. ¿Cuál era el plan para el día 8? El secretario ni siquiera estaba aquí y despidió al mando de la secretaría. Hubo un desmantelamiento del mando de la secretaría. ¿Estas acciones son coincidencia? No me parece”, señala Cappelli. A última hora del martes, Torres anunció en sus redes sociales que interrumpirá sus vacaciones en Orlando, regresará a Brasil y se entregará a la Justicia.

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EFE

Paralelamente al restablecimiento de la legalidad, queda por coordinar la titánica tarea de restauración. Los daños a obras de arte y estructuras son incalculables. Solo la tela del pintor Emiliano Di Cavalcanti, rasgada con un cuchillo, está valorada en ocho millones de reales (1,42 millones de euros). Los vándalos también destruyeron una vidriera del artista Athos Bulcão y un reloj del siglo XVII de Balthazar Martinot, que había sido obsequiado por la corte francesa a João VI. Otra de las reliquias destruidas es una alfombra que perteneció a la princesa Isabel, famosa por abolir la esclavitud en 1888.

También han sido robados varios objetos de valor de los edificios saqueados, como algunos vasos de porcelana china y una obra de arte hecha de oro y perlas, un regalo del entonces primer ministro de Qatar durante una visita oficial a Brasil. Los radicales resolvieron llevarse también la foto de Jair Bolsonaro, que estaba en el vestíbulo del Palacio del Planalto junto a las de todos los presidentes de Brasil. Los radicales que hicieron oraciones para un neumático durante los bloqueos de los camioneros y que invocaron la ayuda de los extraterrestres con los móviles encima de la cabeza deben estar adorando este trofeo de guerra en algún rincón del país.