Por qué es inquietante que China tenga 'comisarías secretas' en países como España

El entramado transnacional de centros policiales de detención desvelado por la organización Safeguard Defenders completa la información disponible acerca del alcance extraterritorial de la legislación china, del papel de la diáspora y de las actuaciones de la Policía secreta en el extranjero, que en los últimos años ha detenido y secuestrado a numerosos sospechosos de subversión, corrupción o amenazas contra el régimen chino —como nos han recordado los disidentes Joseph Cheng y Kinman Chan—.

China ha establecido un conjunto de procedimientos judiciales regularizados y coordinados que permiten la suspensión de derechos. Quienes (presuntamente) supongan un peligro para la salud o el orden públicos, y quienes cuestionen la soberanía del poder, son apartados de la sociedad y ubicados en un limbo legal. Más que Rule of Law (el imperio de la ley propio de un Estado de derecho), en China existe la Rule by Law, la instrumentalización de la ley al servicio del poder.

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La detención arbitraria y el confinamiento en paraderos desconocidos al margen de las instituciones penitenciarias y sin ningún tipo de garantías judiciales continúa siendo una práctica común en el gigante asiático. Una de sus víctimas, el prof. Teng Biao, que padeció repetidamente en sus propias carnes este tipo de represión, nos ha dicho que, "a raíz de la política cero covid, este fenómeno se ha agravado a través de prácticas como la detención sin toma de declaraciones ni proceso judicial, el sistema de cárceles secretas, y supuestas "clases de estudio" (contra quienes se oponen al aborto forzoso), "formación legal" (contra movimientos espirituales como Falun Gong) o centros de "reeducación" (que, en realidad, son campos de concentración contra miembros de minorías étnicas como los uigures, tibetanos y kazajos)".

Para dar conocer los testimonios directos de quienes han padecido este tipo de prácticas, hace varios años Teng Biao colaboró con Safeguard Defenders en la publicación del libro: The People's Republic of the Disappeared: Stories from Inside China's System for Enforced Disappearances (2017). Cuando en 2019 analizábamos en El Confidencial las manifestaciones masivas en Hong Kong contra una propuesta de Ley de Extradición, advertíamos con preocupación el alcance extraterritorial de la iniciativa: "Me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que algún activista pro derechos humanos sea extraditado a Pekín, para morir torturado y asesinado en algún centro de detención del Partido Comunista Chino", nos decía un manifestante hongkonés. Meses más tarde, las autoridades aprobaban una Ley de Seguridad Nacional todavía más dura, que ha merecido la reprobación de un comité de derechos humanos de la ONU.

La profesora Sophia Tang, de la Universidad de Wuhan, explica con detalle los aspectos más problemáticos de la ley desde una perspectiva jurídica: "Esta ley define cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, actividades terroristas y colusión con extranjeros para poner en peligro la seguridad nacional. El artículo 38 establece su alcance extraterritorial: 'Esta ley [también] se aplicará a los delitos que en ella se definen, cometidos contra la Región Administrativa Especial de Hong Kong, desde fuera de la Región por una persona que no sea residente permanente'. De este modo, se extiende la jurisdicción para regir la acción de cualquier individuo u organización en cualquier país, independientemente de su nacionalidad, de su lugar de residencia y de la ley de los países donde se haya llevado a cabo la acción".

Se extiende la jurisdicción para regir la acción de cualquier individuo en cualquier país, independientemente de su nacionalidad

En los mismos términos se pronunciaba recientemente el Hong Kong’s Security Bureau, un colectivo cívico que pretende crear un parlamento en el exilio: "La Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín tiene efecto extraterritorial. Cualquier persona o entidad que la viole, independientemente de sus antecedentes o de dónde se encuentre, será tratada por el Gobierno de Hong Kong de acuerdo con la ley". El diario HKFP, al hacerse eco de esta iniciativa, ha matizado que "su portavoz no ha ofrecido más detalles sobre cómo se aplicaría la ley en el extranjero". Es la organización Safeguard Defenders quien nos ha proporcionado esos detalles.

Su reciente informe acerca de la red transnacional de centros policiales, clandestinamente organizada por las autoridades chinas, completa el mosaico del que ya disponíamos quienes analizamos sus políticas y sistemas de represión. Como nos explicaba el joven disidente Alex Chow durante su visita a la Universidad de Sevilla, más que Rule of Law (el imperio de la ley propio de un Estado de derecho), en China existe la Rule by Law, la instrumentalización de la ley al servicio del poder.

Más que el imperio de la ley, en China existe la 'Rule by Law', la instrumentalización de la ley al servicio del poder

Porque el caso de Hong Kong no es único. El principio de extraterritorialidad es un importante rasgo de la legislación china, como ha denunciado recientemente la plataforma contra el establecimiento de un Instituto Confucio (IC) en la Universidad de Sevilla:

El ordenamiento jurídico en un Estado de derecho de tradición democrático-liberal y pluripartidista como España es en muchos aspectos fundamentales incompatible con el ordenamiento jurídico de una dictadura de partido único como es China. Ahora bien, las autoridades académicas y los gobiernos de las comunidades que mantienen convenios de colaboración con Hanban/CELC [las organizaciones-matriz de las que dependen los Institutos y Aulas Confucio (IC/AC)] suscriben que los ciudadanos chinos que trabajan en los IC/AC puedan ser sancionados en su país (China) por acciones que conciernen al ejercicio de derechos y libertades fundamentales en el nuestro, derechos y libertades que nuestro ordenamiento jurídico no solo tolera, sino que ampara y promueve. En este sentido, conviene recordar que en 2011 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló el convenio-marco suscrito entre la Consejería de Educación de esa comunidad y la oficina Hanban por considerarlo no conforme a derecho, tras un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valenciano-Intersindical Valencia (STEPV- IV).

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El alcance extraterritorial de la legislación china conlleva una serie de prácticas por parte de las embajadas chinas que deberían ser objeto de escrutinio por parte de los Estados democráticos. La población china en el extranjero es habitualmente controlada e instrumentalizada por parte de las embajadas de muy diversos y en ocasiones inquietantes modos. Se trata de una relación muy distinta a la que mantienen los ciudadanos occidentales en el extranjero con sus representantes diplomáticos. Un aspecto importante de la influencia transnacional que ejerce Pekín es el papel de la diáspora.

"La diáspora pro-Pekín ha sido ciertamente movilizada para proporcionar cobertura y llevar a cabo labores de vigilancia", nos ha manifestado Joseph Cheng, activista y catedrático en el exilio, refiriéndose a la trama descubierta por Safeguard Defenders. Paralelamente, Kinman Chan, uno de los organizadores de la Revolución de los Paraguas de Hong Kong, que ha sufrido penas de prisión por su compromiso democrático, nos ha advertido: "Al parecer, estos centros son utilizados por la Policía secreta china en el extranjero para vigilar y controlar a la población de origen chino. Constituyen una violación de la soberanía de los países donde se han establecido. Este tipo de práctica es particularmente amenazadora para los disidentes y críticos, tanto chinos como no chinos".

Teng Biao, otro disidente —en este caso de China continental— al que luego haremos referencia, nos ha subrayado lo mismo: "Los centros policiales de China violan gravemente la legislación de los países donde se han establecido y constituyen una seria amenaza para los derechos humanos y el Estado de derecho a nivel global. Se trata de una manifestación típica de la creciente influencia negativa de China en el escenario internacional".

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Entender cómo el Estado chino justifica de puertas adentro este tipo de intervenciones —aunque frecuentemente las niegue ante la opinión pública internacional— resulta muy interesante. Hace más de una década, la investigadora Flora Sapio publicó un significativo estudio titulado Poder soberano y la ley en China: zonas de excepción en el sistema de Justicia criminal. Este trabajo analiza las instituciones extralegales que conforman el sistema de Justicia criminal en China y pone de manifiesto los mecanismos jurídicos que posibilitan y avalan la suspensión de derechos.

Sapio lo explica así: "La excepcionalidad jurídica se sustenta sobre las disposiciones constitucionales chinas en torno al estado de excepción, la legislación sobre situaciones de emergencia, la ley penal y la ley procesal penal. China ha establecido un conjunto de procedimientos judiciales regularizados y coordinados que permiten la suspensión de derechos. Quienes [presuntamente] supongan una amenaza para la salud o el orden públicos, y quienes cuestionen la soberanía del poder, son apartados de la sociedad y ubicados en un limbo legal" (Sapio, 2010: 70).

En el mismo sentido, Safeguard Defenders recuerda que en China el derecho a denegar el acceso a asistencia por parte de un letrado está consagrado en la ley. Así sucede, por ejemplo, con el artículo 75 de la Ley de Procedimiento Penal, que establece formalmente el sistema RSDL (Residential Surveillance in a Designated Location), en referencia a las cárceles secretas o black jails. Además de denegar asistencia jurídica a los detenidos, la ley contempla excepciones en cuanto a la obligación por parte de las autoridades de revelar su paradero a la familia. Y el reglamento sobre la supervisión de instalaciones RSDL admite que la policía puede impedir el acceso a los procuradores que supuestamente deberían desempeñar este cometido.

Además de denegar asistencia jurídica a los detenidos, la ley contempla excepciones sobre la obligación de revelar su paradero a la familia

La detención arbitraria y el confinamiento en paraderos desconocidos al margen de las instituciones penitenciarias y sin ningún tipo de garantías judiciales continúa siendo una práctica común en el gigante asiático. Una de sus víctimas, el prof. Teng Biao, que padeció repetidamente sus propias carnes este tipo de represión, nos ha dicho que "a raíz de la política cero covid este fenómeno se ha agravado". Teng dedica parte de su docencia académica a desglosar las numerosas modalidades de detención extralegal en China, y nos ha señalado cuáles son los sistemas actualmente vigentes: qiangzhi jiedu (aislamiento para un tratamiento obligatorio contra la drogadicción), xingzheng juliu (detención sin toma de declaraciones ni proceso judicial), RSDL (sistema de cárceles secretas), liuzhi (detención para la interrogación a oficiales y funcionarios), centros de internamiento obligatorio para personas con problemas psiquiátricos, centros de "educación legal" (donde se ha confinado a numerosos miembros del movimiento espiritual Falun Gong), "clases de estudio" para quienes se oponen al aborto forzoso, centros de "reeducación” o “formación vocacional” (que en realidad son campos de concentración para miembros de minorías étnicas como los uigures de Xinjiang), arrestos domiciliarios, "reubicaciones" o traslados forzosos, detenciones en secreto y desapariciones, y falsas liberaciones de detenidos que finalmente no son tales.

Para dar a conocer los testimonios directos de quienes han experimentado este tipo de prácticas, en 2017 Teng Biao escribió el prólogo de una obra editada por Michael Caster: The People's Republic of the Disappeared: Stories from Inside China's System for Enforced Disappearances. Se trata de un libro publicado por Safeguard Defenders, la organización que ha desvelado el entramado transnacional de centros chinos de detención.

Hace mucho tiempo que disponemos de indicios acerca de esta trama, dado el alcance de las operaciones secretas de la policía china. Joseph Cheng nos ha recordado que en 2015 los agentes de Pekín no tuvieron reparo en desplazarse a Hong Kong y Tailandia para secuestrar y hacer desaparecer a varios editores hongkoneses críticos con el régimen, sin importarles que uno de ellos, Gui Minhai, poseyera nacionalidad sueca. Tras escapar de su arresto domiciliario, Gui volvió a ser secuestrado tres años después, mientras viajaba acompañado por dos representantes de la embajada de Suecia, lo que ocasionó una grave crisis diplomática.

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Otro elocuente caso que revela hasta dónde puede llegar el Gobierno chino para someter a sus ciudadanos tuvo lugar en 2018, con la desaparición nada menos que del entonces jefe de la Interpol, Meng Hongwei, en un viaje de trabajo de Francia a China. Dos años después, Meng fue sentenciado a 13 años de cárcel bajo cargos de corrupción, sin que su familia haya podido mantener contacto con él desde la fecha de su secuestro.

En otro orden de cosas, recordamos que en 2019 tuvimos ocasión de documentar en El Confidencial la extradición de un grupo de ciudadanos taiwaneses a China, cuestionando tal actuación desde el punto de vista jurídico, político y humanitario. En ese momento advertimos que España ha retrocedido en la protección de derechos debido a la influencia china, pues la extradición se llevó a cabo a pesar de que no se pudo determinar, siquiera indiciariamente, la existencia de actividad delictiva alguna, según reconoció la Fiscalía, que archivó las diligencias preliminares.

"En ese momento, advertimos que España ha retrocedido en la protección de derechos debido a la influencia china"

El último botón de muestra que aquí presentamos son las amenazas de las autoridades chinas contra el exdiputado prodemocracia Nathan Law, de origen hongkonés, con quien hemos coincidido en varias ocasiones. Aunque desde 2020 reside en Reino Unido y goza de la protección jurídica de ese país, Law teme por su seguridad, dadas las manifiestas pretensiones del Gobierno chino, que lo considera un criminal en busca y captura.

En conclusión, el entramado transnacional de centros policiales de detención desvelado por la organización Safeguard Defenders es congruente con la información disponible acerca del alcance extraterritorial de la legislación china y de las actuaciones de la Policía secreta en el extranjero, que en los últimos años ha detenido y secuestrado a numerosos sospechosos de subversión, corrupción o presuntas amenazas contra el régimen chino.

*Mar Llera es profesora titular del Departamento de Periodismo I de la Universidad de Sevilla y directora de Estudios sobre Asia Oriental (Grupo de Investigación Compolíticas).