El tercer golpe de Mohamed VI: la acrobacia para traer sus migrantes sin pisar España

Primero fue el castigo migratorio, con una avalancha récord de 'sin papeles' en Ceuta en mayo —permitida, cuando no alentada, por las autoridades marroquíes—. Luego fue el diplomático, con la retirada poco después de su embajadora en Madrid, Karima Benyaich. Ahora llega el turno del golpe económico. Mohamed VI ha puesto en marcha una millonaria acrobacia geopolítica para traer a sus migrantes de vuelta a Marruecos por vacaciones sin que tengan que pisar España, lanzando su tercer desafío directo a Madrid en apenas un mes.

El pasado 6 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí anunció que la operación Marhaba 2021, como denominan a la operación Paso del Estrecho (OPE), no pasaría este año por los siete puertos españoles por donde transitó hasta 2019. Para viajar en barco con su propio vehículo, los marroquíes residentes en Europa solo podrán embarcar, por ahora, en Marsella y Sète (Francia) y en Génova (Italia). Dejar de ver esa clásica estampa estival de miles de automóviles cruzando la Península con maleteros y bacas a reventar le costará a España cientos de millones de euros.

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Que esta inédita medida —relacionada con el transporte— la anuncie el Ministerio de Exteriores y no el del ramo demuestra que se trata de una decisión política, enmarcada en la crisis entre los dos países vecinos. Así lo interpretó la prensa marroquí. "Operación Marhaba: Marruecos asesta un golpe de 1.150 millones de euros a España", titulaban varios diarios marroquíes, citando todos ellos el dato de las pérdidas calculadas por el diario madrileño 'La Razón'.

En su empeño por apaciguar la tensión con Marruecos, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, contradijo el miércoles a la prensa marroquí. La renuncia a utilizar los puertos españoles no era un castigo de Rabat, aseguró en una entrevista en Onda Cero, sino que se debía a “razones sanitarias” relacionadas con la pandemia. Un relato que no cuadra con los ferris que el pasado martes 15 comenzaron a regresar, de Algeciras a Tánger, con las 12.000 temporeras marroquíes que recogieron este año la fresa en Huelva sin que las razones sanitarias lo impidieran. Antes de embarcar, las trabajadoras se someten a una prueba PCR.

Sin batalla jurídica

La respuesta de la ministra indica que el Gobierno español no va a librar una batalla jurídica contra esta decisión marroquí. Y podría hacerlo, según expertos, alegando los principios de solidaridad consagrados en los tratados de la Unión Europea. Ningún puerto ni ninguna naviera de un Estado miembro debería poder sacar partido de la discriminación a la que Marruecos somete, arbitrariamente, a España, según plantean fuentes conocedoras del derecho comunitario.

La estimación de las pérdidas del diario 'La Razón' es, quizás, algo abultada. Pero es cierto que cinco puertos andaluces —Algeciras, Almería, Málaga, Tarifa y Motril—, así como los de Ceuta y Melilla, padecerán una merma de sus ingresos; como también se verán severamente impactadas las navieras que operan las rutas entre España y Marruecos. Las gasolineras en las que se abastecían los inmigrantes trashumantes dejarán de ingresar unos 100 millones de euros, según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.

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El veto marroquí a la OPE a través de España tiene, sin embargo, su pequeño lado positivo. Organizarla era un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades de Andalucía, los ayuntamientos de las ciudades portuarias y, sobre todo, el Ministerio del Interior. Este rehusó precisar a cuánto ascendía el coste para el Estado, pero sí indicó que de junio a septiembre llegaba a movilizar hasta 21.000 funcionarios de diversas administraciones. En 2019, el último año que la OPE funcionó a pleno rendimiento antes de la pandemia, casi 1,6 millones de marroquíes residentes en Europa a bordo de más de 370.000 vehículos cruzaron la Península a la ida y a la vuelta y embarcaron en puertos andaluces.

Rebajas reales para una diáspora enfurecida

La diáspora marroquí en Europa reaccionó con enorme malestar al veto de Rabat a los puertos españoles, los más cercanos de Marruecos. La prensa de Rabat y de Casablanca se hizo incluso eco de su disgusto. "Los inmigrantes no pueden pagar los platos rotos [de la crisis]", se lamentaba Mohamed el Gherby, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, quien desde Logroño rogaba a su Gobierno “que no hiciera sufrir a sus ciudadanos”.

Pese al relativo abaratamiento de los billetes de avión en los últimos años, muchos marroquíes siguen prefiriendo volver a casa de vacaciones en grandes automóviles. Viajan generalmente en familia, con el vehículo repleto de regalos para sus parientes. Es tradición que repartan dádivas como muestra de cariño y de su estatus en el país europeo de acogida. El vehículo les sirve además para desplazarse dentro de su país. El cambio de travesía embarcando, por ejemplo, en Marsella en lugar de Algeciras, alarga el viaje entre 30 y 48 horas. Y, sobre todo, multiplica su precio hasta por seis.

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Ante el enojo de sus súbitos en Europa, Mohamed VI decidió intervenir. En un comunicado el 13 de junio, ordenó a los “actores en el ámbito del transporte aéreo, en especial a la compañía Royal Air Maroc, así como a los del transporte marítimo, que velen por practicar precios razonables, al alcance de todos (…) para que las familias marroquíes en el extranjero puedan regresar a su país”.

El mandato real se ejecutó 'ipso facto'. Al día siguiente, la dirección de la Marina Mercante anunció en otro comunicado que, “de conformidad con las instrucciones reales”, la travesía de ida y vuelta —cuatro personas con coche— desde Francia o Italia a un puerto marroquí costaría solo 995 euros.

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También añadirá nuevos ferris a esas rutas y abrirá una negociación con Portugal para inaugurar una línea marítima de Portimao a Tánger. La travesía duraría nueve horas en lugar de los 80 minutos del ferri Algeciras-Tánger. La ruta desde ese puerto portugués, en el que no pueden atracar grandes trasbordadores porque tiene poco calado, está precisamente destinada a dar una salida a los inmigrantes afincados en España. El objetivo es poder transportar a un total de 650.000 pasajeros y 180.000 vehículos entre junio y septiembre, un 40% de los viajeros que transitaban por los puertos andaluces.

Un coste de 180 millones de euros

Las órdenes de Mohamed VI también surtieron efecto en el ámbito de la aviación civil. El presidente de Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, anunció el lunes que la aerolínea de bandera ofrecería tres millones de billetes para los inmigrantes a precios de entre 97 y 150 euros el viaje de ida y vuelta desde cualquier ciudad europea. El mismo miércoles ya se habían agotado las plazas para determinadas fechas, sobre todo para la gran fiesta religiosa del Aid al Adha, que se celebrará el 21 de julio.

La ministra adjunta encargada de la emigración marroquí, Nezha el Ouafi, reveló en la Cámara de Representantes que las rebajas en el precio de los billetes y el dispositivo para recibir a los inmigrantes costarán al erario público unos 180 millones de euros.

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Al ordenar a las aerolíneas que ofrezcan pasajes a “precios razonables” a "las familias marroquíes", Mohamed VI comete una injerencia en el mercado que contradice el acuerdo aéreo de 2018 entre Marruecos y la Unión Europea. Este estipula que debe haber "competencia leal" entre compañías. La RAM, subvencionada para ofrecer billetes baratos, no compite en condiciones de igualdad con sus rivales. A ese primer reparo jurídico se añade una discriminación —potencialmente ilegal— porque esos descuentos solo van destinados a familias marroquíes y no, por ejemplo, al turista europeo que quiera ir de vacaciones a Marruecos. Está ahora por ver si las compañías aéreas europeas que vuelan a Marruecos recurren ante la Justicia 'las rebajas' de Mohamed VI.