"O nos mataba el covid o el hambre": la diáspora venezolana ya no puede mirar atrás

Ella, llamémosle Blanca, está hablando por un teléfono que no es suyo. No tiene uno propio. Sólo tiene cuatro hijos, el corazón en pedazos y una voz que se rompe en cada palabra. Y, por supuesto, fuerzas para luchar para que sus pequeños nunca más tengan que comer lo que otros han desechado.

Human Rights Watch, en su informe mundial de 2021, ha cuestionado severamente la gestión pandémica en Venezuela, exhibiendo que la falta de transparencia gubernamental, pruebas PCR insuficientes, y la persecución de periodistas y de sanitarios que informan sobre la realidad, muestran cifras muy poco confiables sobre contagios y muertes.

Blanca salió en noviembre de su Venezuela natal, cuando la pandemia ya estaba descontrolada en todo el mundo. El pastor de la iglesia de su pueblo le regaló 15 dólares para que ella y sus hijos llegaran hasta la frontera con Colombia —donde se estima que viven cerca de dos millones de venezolanos, el 90% de ellos trabajando en la economía informal y más de la mitad en situación migratoria irregular— y así lo hicieron. Sin embargo, al llegar al límite con el país vecino se vieron forzados a pasar tres noches cubriéndose con un manto de estrellas y cuatro días compartiendo cada bocado con el mayor desgano. Literalmente, durmieron en la calle y comieron de la basura. Ya no les quedaba absolutamente nada.

Para ella, una de las tantas cosas a las que obligan el hambre, la precariedad extrema y los regímenes totalitarios es a emigrar

Cuando habla, parece que estuviese leyendo. Es como si apenas pudiese creer que lo que escucha es su propia historia. Tiene 26 años y es madre soltera. Y considera que de su país salió por “obligación”. Porque para ella, una de las tantas cosas a las que obligan el hambre, la precariedad extrema y los regímenes totalitarios es a emigrar.

Habla sobre la muerte de su madre cuando ella tenía tan solo siete años. Y sobre el día en el que, con tan sólo trece años, su primo y su tío la violaron. También, que su tía no le creyó después de haberle contado lo sucedido. Y que ese mismo día, desde el colegio, le llamó a su hermano diciéndole que si no iba por ella, se quitaría la vida.

En el Centro de Asistencia Integral de Maicao (Colombia)​, donde permanecen por ahora, la señal telefónica es mala y la llamada se corta por momentos. De pronto, se le escucha decir firmemente: “yo no necesito de ningún hombre… que si le dábamos vergüenza, que si le daba vergüenza tener una hija así, que se fuera. Yo sola puedo sacar adelante a mi familia”.

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Resulta que la hija menor de Blanca, además de tener un padre que las ha abandonado, también tiene otros problemas serios. Uno de los más graves, en los huesos. Si no se opera, estará condenada a vivir con muletas o en una silla de ruedas. En Venezuela, la operación le costaba más de 1.000 dólares. Por supuesto, Blanca no los tenía. Aunado a eso, la pequeña no tiene acceso a los servicios de salud colombianos, ya que no tiene partida de nacimiento ni documento identificativo alguno. La expedición de los mismos costaba 10 dólares (8,45 euros: el salario mínimo, cuando ellos dejaron su país, era de 0,92 céntimos de euro al mes). De haber pagado por ellos, Blanca, con la voz rota de nuevo, cuenta que hubiesen pasado muchos días sin comer.

Cuestionada sobre si durante este tiempo ha tenido miedo al coronavirus, responde con indiferencia que no. Dice que no tiene cabeza para pensar en eso. Y tampoco para el amor. Solo sueña con ser repostera, con pagar la operación de su hija y con que los suyos nunca vuelvan a dormir en la calle ni a comer lo que no es comida.

“O nos mataba el covid o nos mataba el hambre”

Para Linda, el miedo también tiene otra dimensión. Salió de Venezuela, con sus tres hijos, porque ya no le quedaba otra opción. Ni siquiera tenía tiempo ya para pensar en la pandemia. “Si a mis hijos no me los mataba el covid, me los mataba el hambre”, asegura con voz quebrada.

Ella tiene 43 años, es de Maracaibo y también es madre soltera. Se graduó de la Universidad y ejerció como contable hasta hace un par de años, cuando prácticamente todas las empresas en las que podía trabajar cerraron. Pero ella, “una luchadora” como se define, abrió una pequeña tienda de alimentación para salir adelante. Sin embargo, la desorbitada inflación y la pulverizada economía local la abocaron al cierre. “Lo único que se vende, o vendía, era comida. Ya nadie puede comprar juguetes o ropa. La vida allí ya es imposible”, sentencia.

“Tristemente no se puede trabajar en Venezuela. La energía eléctrica se corta a menudo; la tienes una semana sí y otra no. Pasábamos días sin agua potable. Mi pequeño negocio no sobrevivió porque la inflación nos asfixiaba”, cuenta. Entonces, ella y sus hijos supieron lo que era comer sólo una vez al día. Tal vez dos, si tenían suerte. Pero nunca tres. Recordar aquellos días la sume en el llanto. Especialmente cuando revive el día en el que uno de sus hijos le pidió un juguete (que costaba entre 20 y 30 dólares) y ella no encontraba palabras para decirle que esa misma noche ni siquiera tendrían algo para cenar.

Linda: "Ya nadie puede comprar juguetes o ropa. La vida allí ya es imposible"

Indignada hasta la médula. Así se siente Linda, que también habla sobre la gran presión que ejercía el Gobierno hacia los ciudadanos para que estuvieran comprometidos políticamente. Según ella, esa presión se centraba en que la gente fuese parte de los consejos comunales (una figura de participación ciudadana instaurada por Hugo Chávez en 2006), para tenerla así controlada y registrada. De lo contrario, cualquiera quedaba excluido de las listas y, por lo tanto, de los distintos beneficios como comida o dinero (ella se refiere a eso como “un salario”). “¿Cómo voy a echar de menos a un país en donde un señor (Nicolás Maduro), nos obliga a vivir de esa manera?”, suelta.

Y ante un panorama desolador, a Linda no le quedó más remedio que tomar la misma decisión de los otros 5,4 millones de venezolanos que han tenido que reinventarse en otro país. Solo que ella lo hizo en condiciones mucho peores y con el riesgo añadido, en esta época, de contagio. “¿Qué cómo fue nuestra salida? ¡Estaba desesperada! Ver a mis hijos así, pasando hambre, sin poder comprarles un juguete, sin poder comprar nada. Pero yo me dije a mi misma: 'Linda, tú eres una mujer fuerte, tú puedes'”.

¿Cómo logró salir? “La gente cercana a mí me ayudó con el dinero para el pasaje. Pero el día que cruzamos no lo olvidaré jamás. En los controles de la frontera revisaban los papeles de las personas que salían hacia Colombia y solo dejaban pasar a aquellos que tenían todo en orden. Yo tengo pasaporte, pero los niños no tienen papeles, porque para obtenerlos tenía que pagar 100 dólares. Así que llorando grité: '¡Déjenme sacar a mis hijos, aquí se van a morir de hambre!'. Así fue como nos dejaron pasar”.

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Y aunque llegaron a la casa de su hermana (que llevaba tiempo viviendo allí), Linda no tenía trabajo. Para sobrevivir, se dedicó a vender ‘fritos’ (empanadillas venezolanas), pero no juntaba lo suficiente para vivir dignamente. No pasó mucho tiempo y de nuevo la realidad se hizo presente con toda su crudeza materializando uno de sus más grandes temores: en la nevera ya no quedaba nada, absolutamente nada, para desayunar al día siguiente.

Después de un respiro largo, e igual que Blanca, Linda alaba a Dios. “Dios es grande”, dice. Gracias a él, según relata, fue que pudieron entrar al Centro de Atención Integral (CAI). “Hace muchos años que no sentía un gesto de humanidad. Aquí nos dieron de desayunar, tenemos internet, es como una ciudad pequeña donde la gente te trata como persona, no como delincuente”, revela.

Un día después de esta entrevista, Linda y sus hijos salieron de ese centro de acogida. Ya tienen un salvoconducto para demostrar que están tramitando la regularización, y con eso basta para evitar la deportación. No obstante, hasta que no esté resuelto ese trámite ella no podrá buscar trabajo legalmente (en ACNUR estiman que en junio las personas ya podrán inscribirse al padrón que les permitirá obtener el Estatuto Temporal de Protección). El CAI les da una ayuda de 320 pesos colombianos —el salario mínimo allí es de 908 pesos al mes, un poco más de 200 euros—. “Algo es mejor que nada”, zanja una mujer que, por ahora, tampoco tiene tiempo para el amor (el padre de sus hijos emigró a Chile y ahí ya tiene otra familia), ni miedo de la pandemia. Sólo quiere que llegue el día en el que le pueda comprar un juguete a sus hijos sin pensar en que eso los dejará sin comer.

El Estatuto de Protección Temporal, el inicio de la integración

A principios de marzo, en Colombia se firmó el acuerdo para poner en marcha el Estatuto para la Protección Temporal de venezolanos que salieron de su país huyendo de la pobreza, la marginalidad y la violencia descontrolada. El objetivo es que cerca de dos millones de venezolanos (la mitad de ellos en situación irregular) sean acogidos por un estatus de protección migratoria que, entre otros beneficios, les permitirá el acceso a la vacuna contra la covid-19. Esta medida, que ha sido elogiada por la comunidad internacional, tendrá una validez de 10 años, tiempo en el que los beneficiarios podrán tramitar la residencia permanente.

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Ahora bien, esa condición también les permitirá buscar un trabajo, y acceso al sistema educativo, pero no es, en modo alguno, una nacionalización. Por lo tanto, quienes lo reciban no podrán votar en las elecciones presidenciales de Colombia en 2022, desmintiendo los rumores que han circulado por la red de que el estatuto era una medida electoral del gobierno de Iván Duque.

Por otra parte, Irene Van Rij, jefa de la suboficina de ACNUR en la región del Caribe, cuenta a El Confidencial que, a pesar de los muchos retos que aún quedan, esa decisiónes una medida de suma importancia para la integración social de las personas que están ahora mismo en una situación de extrema vulnerabilidad. Y hace suyas las palabras de Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “es un gesto humanitario emblemático para la región”.

“Apoyo cualquier medida humanitaria, pero no a la demagogia”

Son las 10:00 en el Ensanche de Vallecas (Madrid) y Pablo ha salido a pasear con Martín, su cachorro de cocker spaniel. Él, a diferencia de las historias anteriores, no dejó su país por el hambre. “Yo era un privilegiado en Venezuela, vivía como rico”, confiesa. Para él y su esposa, la inseguridad descontrolada fue el motivo que los orilló a emigrar.

Tiene 30 años, llegó a España en 2018, y es fotógrafo de bodas. Eligió Madrid porque tiene pasaporte español (su padre nació en Cádiz y emigró a Venezuela siendo tan sólo un niño). Sencillamente, a Pablo la vida le sonríe: a pesar de la pandemia, su estudio fotográfico ya tiene varios eventos programados para este año; en 2020, antes del estado de alarma, ya tenía 25 bodas en la agenda.

En Caracas, ganaba tranquilamente hasta 3.000 dólares por mes. Alquilaban un piso amplio en la zona este de la capital (en un barrio residencial que, en su día, se comparaba con el madrileño barrio de Salamanca) por tan solo 300 dólares. “Aquello era como una burbuja, porque es el único lugar en el país donde se tiene un nivel de vida alto. Nosotros no solo vivíamos bien, sino que podíamos ahorrar. Por eso digo que mi historia es muy distinta a la de las personas que desafortunadamente salen a pie hacia Perú o Colombia”, revela. Entonces, el país no estaba completamente dolarizado y gente como ellos obtenía un altísimo beneficio por el cambio de divisa. No obstante, esos días ya son historia, porque todo se ha dolarizado y los precios están fijados con base en el mercado internacional. Por el mismo piso, ahora pagaría más de 1.000 dólares.

Pero el privilegio en Venezuela era relativo. Un día a su esposa, mientras estaba en un atasco vial a las 17:00, un chico se le acercó a la ventanilla de su coche, le apuntó con una pistola en la frente y le exigió el móvil. Por supuesto, ella se lo dio. “Cualquiera en Caracas sabe que ese chico podía haber disparado. Y lo peor es que no hubiera pasado nada”, cuenta Pablo. Allí, describe, la vida vale menos que un teléfono o que unas zapatillas.

Respecto a la inseguridad, también cuenta el caso de amigos suyos que fueron secuestrados, una actividad altamente lucrativa y que alcanzó cotas muy altas durante la segunda mitad de la década pasada. “Los capturaron por la noche y los soltaron por la mañana. Para su liberación, podían pedir entre cinco o seis mil dólares. Si el salario mínimo por entonces no llegaba a dos dólares, entonces esa gente ganaba en una noche lo mismo que en años de trabajo”, añade.

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Sin embargo, Pablo menciona una realidad más escabrosa aún: los rumores de que miembros de la Policía Nacional Bolivariana, en especial las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, un grupo creado en 2016 para hacer frente a la crisis de seguridad, pero que está acusado de ser un grupo de exterminio de opositores políticos y que ha recibido el sobrenombre de 'la Gestapo venezolana'), son quienes se dedican precisamente al secuestro, al robo y la extorsión y son los responsables de cometer asesinatos clandestinos y ejecuciones en barrios marginales.

Por otro lado, además de la inseguridad, otro gran problema para Pablo era la marcada escasez. Aún viviendo como un privilegiado, él afirma que la falta de productos básicos es una realidad. “Falta carne, lácteos, artículos de higiene personal; falta de todo. Hay momentos en los que por más dinero que tengas no puedes comprar cosas porque no las hay o son extremadamente caras. Por ejemplo: los anticonceptivos. Comprar preservativos es muy difícil. Por eso mismo ha habido un repunte en casos de enfermedades de transmisión sexual". La organización Stop VIH ha denunciado el incremento en casos de esta enfermedad debido al desabastecimiento de condones y la escasez de medicamentos. Se estima que 80.000 personas que viven con el VIH están en una situación crítica en Venezuela por la falta de retrovirales a raíz de la pandemia. “¿Para qué quieres tanto dinero si, al final de cuentas, no te sirve para nada?”, zanja.

Respecto al estatuto que regularizará a dos millones de venezolanos en Colombia, Pablo indica: "Apoyo cualquier medida humanitaria. Yo, aunque tengo pasaporte español, me asumo como emigrante. Soy venezolano, y no tengo ningún prejuicio contra nadie por su nacionalidad. Pero sí creo que en una situación así debe de haber un plan estructurado. Es decir, si un país acoge a refugiados, debe de tener un mecanismo de integración, debe de ofrecer puestos de trabajo, vivienda, en fin, elementos de integración social. De lo contrario, esa medida podría generar muchos problemas. O si el Estado decide hacerse cargo de ellos, igual me parece bien, pero para eso se necesitan muchos recursos. Creo que hay que ver más allá del discurso bonito, de las buenas intenciones, y huir de la demagogia”.

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Los padres de Pablo siguen en Venezuela. Son profesores universitarios jubilados y, en comparación con el resto de la población, no viven mal. Pero aún ven lejos cumplir el sueño de su padre: regresar a su Cádiz natal y terminar sus días en la tierra que lo vio partir siendo tan sólo un niño.

Balas policiales en pistolas de ladrones

También en España está Lizzy (pseudónimo), de 31 años. Ella, igual que Pablo, tenía una vida de ensueño en su tierra. Poseía un centro de orientación profesional, trabajaba para gente de otros países y cobraba en dólares. Todo era aparente felicidad, hasta que un día “el miedo a aparecer muerta” la invadió.

Sus allegados le decían que se fuera lo antes posible, que Venezuela era la crónica de una catástrofe anunciada. Pero ella no hizo caso. Un día, igual que a la esposa de Pablo, su vida quedó frente a un cañón en un semáforo: cuando Lizzy salía de casa de un amigo suyo, un chico se acercó a su coche, le apuntó con una pistola y le ordeno que le entregara el vehículo. Aunque ella, sin negarse, bajó del auto, había olvidado que éste seguía en marcha y andando, algo que el ladrón interpretó como un intento de fuga y disparó cuatro veces. En ese momento, su amigo salió a la calle para ver qué estaba sucediendo y ahí él recibió la bala de un quinto disparo.

“Afortunadamente, el tiro dio en un muslo. Pero pudo haberle dado en cualquier otro lugar del cuerpo”, cuenta la protagonista de esta historia.

No obstante, aquello apenas era el preámbulo del miedo real: mientras esperaba en el hospital, dos policías se acercaron a Lizzy y le preguntaron sin darle mayor explicación, “¿dónde está el Toyota Corola que iba a ser robado?”. Ella sostiene que en ningún momento hizo una denuncia, que no hubo testigos del intento de robo ni forma alguna de que la policía supiese en qué clínica estaban y de qué clase de coche se trataba. Aunado a eso, revela que la bala que le extrajeron de la pierna a su amigo “era una bala oficial de la policía”.

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Tras ese episodio, decidió encerrarse en su casa durante un mes hasta que decidió regalarse unas vacaciones en España. Eso fue en 2018. Y aquí sigue, trabajando como cocinera en Valencia, en espera de tener el pasaporte español, lo que le permitirá viajar (sin necesidad de visa) a Chile para visitar a sus padres. Ellos también huyeron del miedo, de la violencia, y, sobre todo, de la impunidad.

Un pueblo condenado a la diáspora

Para Román, Venezuela es una fotografía paradisiaca que con el tiempo se fue deteriorando, agrietando, acartonando, y de la que hoy, prácticamente, ya no queda nada.

Él es mexicano (como su madre) y venezolano (como su padre), tiene 39 años, ha vivido toda su vida en la Ciudad de México, pero todos los veranos de la infancia y juventud los pasó en Isla de Margarita con su familia paterna. Para él, esa era su segunda casa. Pero hoy solo es ul lugar al que no volverá, “no al menos, hasta que el mundo sea otro; hasta que allí exista otro régimen”, dice, nostálgico. Aunque comenta que ya no queda mucho por lo que volver: toda su familia venezolana ya se encuentra repartida por el mundo.

"Ya era como estar otro mundo. No había comida, y comprar una Coca-cola era dificilísimo"

De su último viaje (diciembre de 2018) recuerda un empobrecimiento sin precedentes. “Ya era como estar otro mundo. No había comida, y comprar una Coca-cola era dificilísimo”, zanja. Fue a Isla de Margarita para sacar a su padre y llevarlo a México. Una demencia senil y las complicaciones del parkinson no le permitían estar más tiempo en un país en el que el colapso del sistema sanitario crecía año a año (según Human Rights Watch, el Gobierno venezolano no ha publicado informes epidemiológicos desde 2017; cuando en 2016 el Ministerio de Salud divulgó cifras revelando que la mortalidad materna había aumentado un 65% y la infantil en 30%, la ministra fue despedida al día siguiente).

“Lo más triste no es sólo que un país se haya roto, sino que muchísimas familias se han desvanecido también. Están desperdigadas por el mundo entero”, se lamenta Román. Sus tíos viven en Canadá y en Colombia; sus hermanas, una en Florida (esperando a que entre en vigor el estatuto de protección temporal que anunció el mes pasado el Gobierno de Joe Biden, con el que 320.000 venezolanos podrán regularizar su situación migratoria y conseguir un trabajo de forma legal) y la otra en Buenos Aires.

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Por otro lado, cuenta que, hasta hace un par de años, en México era muy raro encontrarse con otro venezolano. “Hoy, en cualquier barrio de moda de la Ciudad de México escucho el acento y me encuentro siempre con alguno”, asegura. Hasta en la ciudad de Veracruz (donde las colonias asturiana y libanesa son numerosas y con fuerte influencia cultural) hay ya también una colonia creciente de venezolanos.

Román termina la llamada diciendo que, pese a todo, sí le gustaría volver a ver el icónico suelo del aeropuerto de Maiquetía: el que guardó en su memoria como la última fotografía de su ‘segundo país’, una peculiar estampa del lugar opulento que alguna vez conoció; uno que le gustaría mostrarle un día a su hija de tres años.