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Habla el venezolano que España entregará al chavismo: "Me van a torturar"
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Habla el venezolano que España entregará al chavismo: "Me van a torturar"

La Justicia de Maduro le busca tras la quiebra de una casa de bolsa en 2010. Ernesto Quintero, conocido por la diáspora en Madrid, podría ser la cabeza de turco que busca Venezuela

Foto: Ernesto Quintero. (EC)
Ernesto Quintero. (EC)

España ha hecho una excepción en su política de extradición con Venezuela. Hasta ahora se había negado a entregar venezolanos residentes en España al régimen de Nicolás Maduro, por considerar que su Gobierno viola los derechos humanos y podría atentar contra la vida de los extraditados.

En los últimos meses, la Justicia se ha negado a entregar a tres venezolanos. Primero, frenó la extradición a Venezuela de Enzo Franchini —acusado de quemar vivo a un manifestante chavista—, luego la de Orlando Figueroa —dirigente político acusado de delitos económicos— y más tarde la de Claudia Patricia Guillén, exenfermera de Chávez y Tesorera de la Nación, acusada de un desfalco millonario.

Pero no ha pasado lo mismo con Ernesto Quintero, trabajador venezolano de una empresa de paquetería y residente en Madrid desde hace tres años, un ciudadano anónimo y que no tiene la notoriedad de los casos anteriores y que podría ser entregado por el Gobierno español al chavismo en los próximos días.

Foto: Logos de la estatal petrolera de Venezuela y su filial en EEUU, Citgo.(Reuters)

Ernesto fue detenido el miércoles pasado cuando entraba a su trabajo, una empresa de envíos de mercancías a Venezuela ubicada a pocos metros del parque del Retiro, en Madrid. Horas antes de ser detenido por la Policía Nacional en Madrid, concedió una entrevista con este medio para denunciar su caso. Asegura ser un cabeza de turco, otro chivo expiatorio para la justicia venezolana.

“Yo era un empleado raso de la empresa ABA Mercado de Capitales, que quebró en 2010. No era ni accionista ni directivo. Los dueños se fueron del país, porque habían captado capitales y no devolvieron el dinero a los inversores. Ahora, me quieren llevar a Venezuela por ese caso en el que yo no he tenido ningún tipo de participación”, explica Quintero.

La Audiencia Nacional lo aprobó

La Audiencia Nacional aprobó su extradición y el Consejo de Ministros avaló la decisión judicial. Quintero es acusado por la fiscalía chavista de participar en un desfalco que dejó un agujero de 50 millones de dólares tras la quiebra de esa casa de bolsa en Maracaibo. Sus accionistas y directivos huyeron del país y Quintero colaboró con los interventores del Gobierno chavista que tomaron la empresa tras la quiebra.

“El propio Gobierno me agradeció la información que les di de la empresa, después de la quiebra. Estuve tres años colaborando con los interventores. Ahora, lo más seguro es que me van a torturar y se van a violar mis derechos humanos básicos, como sucede con muchos detenidos en Venezuela. No sé qué va a pasar conmigo, pero lo único seguro es que allí no tendré un juicio imparcial como el que tendría en cualquier otro país”, explicó Quintero a este diario horas antes de ser detenido por la Policía Nacional, en la puerta de su trabajo.

Foto: Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior. (Reuters)

Quintero fue localizado en España por una alerta internacional que Venezuela cursó a través de Interpol. Entonces se activó su extradición, a pesar de que el organismo policial eliminó a Quintero de la lista roja el 30 de marzo del año pasado. Hasta ese momento, Interpol no había recibido de parte de las autoridades venezolanas la documentación que acreditase su persecución internacional.

Quintero está acusado de participar en un desfalco que dejó un agujero de 50 M de dólares

Quintero vive en un pequeño piso de una habitación con su esposa y su hija en Alcobendas (Madrid) y cobra un salario común y corriente. Es empleado de Conavenca, una empresa de envíos a Venezuela, donde cobra menos de 1.400 euros, según han confirmado desde la compañía.

“Estamos convencidos de que es inocente. Es solo un humilde trabajador”, explica María, la dueña de la empresa con sedes en Venezuela, Estados Unidos y España. “Enviarlo a Venezuela es condenarlo a la muerte porque en las cárceles venezolanas no hay atención sanitaria y los asesinatos son comunes en las cárceles, donde nunca hay ninguna investigación”, explica Jesús Alemán, portavoz de la ONG Refugiados sin Fronteras, que ha colaborado activamente para denunciar en España el caso de Quintero.

Quintero no ha podido pagar abogados privados y ha tenido que recurrir a abogados de oficio para intentar evitar su extradición. Sus abogados han confirmado a este diario que han sido llamados en el turno de oficio, ya que Quintero carece de recursos económicos.

La Fiscalía de Nicolás Maduro, que no ha tenido éxito en la extradición desde Estados Unidos de los dueños de la empresa, ahora quiere que Quintero ingrese en prisión. El fiscal del chavismo, Tarek William Saab, ha hecho ruedas de prensa televisadas para desempolvar un caso que había sido archivado por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, ahora en el exilio.

La diáspora venezolana se activa

Quintero era un hombre anónimo, pero, tras su detención el miércoles pasado, la comunidad venezolana se ha movilizado para protestar contra la extradición. Sus familiares, amigos y conocidos activistas venezolanos convocaron a una concentración el viernes pasado a pocos metros de la Audiencia Nacional.

El Gobierno de Pedro Sánchez no puso objeciones para entregar al detenido al Gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que oficialmente España no reconoce a ese Gobierno como legítimo.

"No entiendo por qué España no reconoce al Ejecutivo de Maduro, pero acepta entregar a una persona que solo era trabajador de una empresa. Mi esposo no era directivo ni accionista y tememos por su vida si termina en una cárcel en Venezuela", explica su esposa, Cismary Marcano.

Foto: David Vallenilla (d) y su hijo David José Vallenilla, asesinado en 2017. (Cedida)

Naciones Unidas ha certificado que en las cárceles venezolanas los reclusos viven en situación de desatención médica, insalubridad y extrema violencia, según el informe presentada por la alta comisionada, Michelle Bachelet. La inseguridad es extrema en las cárceles controladas por los presos de mayor rango que tienen la capacidad de sentenciar a muerte a otros reclusos.

El embajador de Venezuela en Madrid designado por el Parlamento, Antonio Ecarri, reconoce que ha establecido contactos con el Gobierno español para alertar que la extradición podría poner en peligro la vida de Quintero. El líder opositor, Leopoldo López, también contactó con el Gobierno español para hacer la misma advertencia.

Quintero permanece en Soto del Real a la espera de ser colocado en un vuelo a Caracas

La familia de Quintero acudió esta semana al despacho del Defensor del Pueblo en España que también ha contactado con el Gobierno español para alertar del mismo peligro. ACNUR ya había emitido un informe desaconsejando la extradición.

Los múltiples contactos iniciados por la familia, allegados de Quintero y líderes de la comunidad venezolana en Madrid han terminado con contactos hasta con el propio expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aliado internacional del chavismo. Zapatero se comprometió en iniciar gestiones para proteger la vida de Quintero si finalmente es enviado a Venezuela. El Partido Popular ha presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno para conocer los motivos por los que acepta entregar a un venezolano al régimen de Maduro.

Foto: Luis Armando Pérez. (Cedida)

Hasta ahora, la extradición ha cumplido con todos los pasos y Quintero permanece recluido en la cárcel de Soto del Real a la espera de ser colocado en un próximo vuelo hacia Caracas. La entrega estaba prevista para el viernes pasado, pero la agitación y los mensajes de alarma generados entre la comunidad venezolana podrían estar surtiendo efecto.

Los abogados de Quintero están intentando introducir una nueva solicitud de asilo ante el Gobierno español. Si el Consejo de Ministros revisa el caso y considera que la vida de Quintero corre peligro en Venezuela, podría revocar la decisión de extraditarlo.

España ha hecho una excepción en su política de extradición con Venezuela. Hasta ahora se había negado a entregar venezolanos residentes en España al régimen de Nicolás Maduro, por considerar que su Gobierno viola los derechos humanos y podría atentar contra la vida de los extraditados.

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