"Fui jefe de Maduro. Él asesinó a mi hijo, pero España me negó el asilo"

David Vallenilla, el último jefe de Nicolás Maduro antes de su incursión en la política, es uno de los miles de inmigrantes afectados por los retrasos en Extranjería en España. Vallenilla llegó a España para solicitar asilo político después del asesinato de su hijo en una protesta frente una base militar en Caracas.

Tras el asesinato, captado por las cámaras y difundido por medio mundo, se acercó a los periodistas para dirigirse a Nicolás Maduro y recordarle que el joven asesinado en la base militar era su hijo y Maduro lo había conocido cuando trabajaban juntos en el metro de Caracas. Vallenilla había sido coordinador de la flota de autobuses y Maduro, un conductor sindicalista, su subalterno.

Después de la denuncia, el despacho de David Vallenilla padre fue asaltado para robar los ordenadores y la documentación. Vallenilla, que ejercía como abogado en Venezuela, defiende la tesis de que los asesinatos de las protestas de 2017 fueron ejecutados de forma sistemática por órdenes directas de Nicolás Maduro a través de su alto mando militar.

Su denuncia, junto con otras de similar contenido, ha sido admitida por la Corte Penal Internacional, que ve indicios de delitos de lesa humanidad en esas actuaciones policiales y militares. A pesar de que su caso ha adquirido notoriedad y repercusión internacional, el Gobierno español le denegó el asilo político.

Ahora, Vallenilla debe tramitar una residencia temporal por 'razones humanitarias' válida por un año, pero el retraso producido por el coronavirus ha paralizado esos procedimientos. Es la misma realidad que afecta a miles de inmigrantes de todas las nacionalidades en España y que se acrecienta en plena polémica de James Rhodes, el pianista británico allegado a Pablo Iglesias que obtuvo la nacionalidad española por la vía rápida este martes en medio de una ruidosa polémica mediática.

“Llevé una carpeta muy gruesa con todos los documentos del caso, incluida la denuncia que hice de la desaparición de documentos de mi despacho. Yo creo que ni lo leyeron y me denegaron el asilo. Dos abogados me dijeron que no recurriera la decisión. Y ahora me encuentro en esta situación”, explica el exjefe de Maduro.

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Vallenilla debería tener su tarjeta de identidad de extranjeros (TIE), pero, con la llegada del coronavirus, las renovaciones han sufrido graves retrasos. Algunos inmigrantes incluso han perdido su empleo tras quedarse sin una residencia que les permita continuar trabajando legalmente, según explican los abogados de extranjería.

“No me entregaron mi tarjeta TIE porque había pasado tanto tiempo desde la emisión que ya estaba vencida cuando me la tenían que entregar. Ahora tengo que acudir en febrero, con una nueva cita, para ver si puedo resolver esa situación”, explica.

Residencia humanitaria en lugar de asilo

El Ministerio de Interior ha negado el asilo político a líderes opositores y personalidades públicas en Venezuela que han desafiado públicamente al régimen. Y Vallenilla no es el único caso. En situación similar se encuentran el hermano del policía rebelde Óscar Pérez, ejecutado por las fuerzas policiales de Maduro, y los padres de Neomar Lander, un menor de edad también asesinado en las protestas de 2017, tal como publicó este diario el martes.

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El Gobierno español se niega a reconocer a estos conocidos activistas contra la dictadura venezolana como asilados y perseguidos políticos, pero, a cambio, les otorga masivamente la residencia temporal por razones humanitarias, el visado que ha concedido a la gran mayoría de venezolanos que han llegado a España en los últimos dos años.

La residencia por razones humanitarias (que ha beneficiado a unos 100.000 venezolanos) no reconoce la persecución política del régimen venezolano y tampoco aporta los beneficios de la protección internacional con que se conceden ayudas económicas en los primeros meses de estancia en el país, en virtud de los tratados internacionales. Pero supone una vía fácil de regularización para la gran masa de ciudadanos comunes que huyen de la precaria situación en Venezuela.

El ministerio ha negado que no estudie los expedientes de los solicitantes de asilo político de Venezuela y explica que, en este tipo de casos, los solicitantes siempre pueden recurrir la decisión en 30 días.

Los venezolanos conforman la primera nacionalidad que solicita asilo político en España. El año pasado, más de 40.000 venezolanos pidieron asilo, según las cifras del Ministerio de Interior, muy por encima de Colombia, la segunda nacionalidad con mayor número de peticiones (más de 29.000). Debido a la grave situación de su país, casi todos los venezolanos han recibido la residencia por razones humanitarias (válida por un año y prorrogable a dos), un visado difícil de obtener para solicitantes de otros países.

España cuenta con más de 400.000 venezolanos, la mitad de ellos con nacionalidad española, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.