TRAS LA SOSPECHOSA MUERTE DE UN MILITAR

Demoledora autopsia de la ONU sobre Venezuela: torturas, ejecuciones y represión

Diversas ONGs protestan y advierten que en Venezuela "se practica la tortura de manera recurrente y sistemática" en medio de desapariciones extrañas y muertes sin resolver

Foto: Los militares patean las ofrendas florales que varias personas habían depositado en recuerdo de Rafael Acosta. (EFE)
Los militares patean las ofrendas florales que varias personas habían depositado en recuerdo de Rafael Acosta. (EFE)

El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo apareció ante una corte militar en silla de ruedas, con la mirada absolutamente perdida y con evidentes signos de fuertes torturas. El juez del caso le preguntó si había sido sometido a tortura. Él logró asentir con la cabeza y pedir auxilio a su abogado defensor. Pocas horas después de que el juez ordenara su traslado a un hospital, Acosta falleció.

El militar, reservista activo, fue detenido el 21 de junio, pero no se conoció su paradero hasta cinco días después. El gobierno entonces anunció que varios militares y civiles habían sido arrestados por presuntamente idear un plan de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. El pasado sábado 29 de junio se supo que había muerto estando bajo custodia del Estado venezolano y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció los detalles del caso.

Todo esto sucedía mientras la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michele Bachelet, visitaba Venezuela entre el 19 y el 21 de junio. Una gira fugaz en la que ella y su equipo realizaron 558 entrevistas y más de 159 reuniones que han alumbrado un informe demoledor sobre la situación de los derechos humanos en el país petrolero. La versión definitiva se publicará este viernes, pero el avance es estremecedor.

El informe Bachelet

Los puntos recogidos por Bachelet describen un país en profunda crisis económica, de salud, social y de seguridad y señala al gobierno de Nicolás Maduro como principal responsable de las violaciones a los derechos humanos que sufren los venezolanos, desde ejecuciones extrajudiciales y torturas, a detenciones arbitrarias y uso de los recursos públicos de forma partidista.

"Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia", dice el informe, en el que se recomienda que las FAES sean disueltas y se lleven a cabo investigaciones independientes.

El informe también repasa el lamentable estado del sistema nacional de salud, donde se registraron más de 1.500 muertes por falta de material en los hospitales y 40 fallecidos solo en el apagón de marzo. Además, denuncia que los embarazos adolescentes se han disparado un 65% desde 2015 y las enfermedades de transmisión sexual van al alza debido a "falta de acceso a todo tipo de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100%".

También considera que el gobierno de Maduro no ha hecho todo lo posible para solventar la grave crisis alimentaria del país y que los programas de comida subsidiada son utilizados como una herramienta de control político. "El ACNUDH recibió información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas [de alimentos] CLAP porque no eran partidarias del Gobierno", dice el informe.

Un patrón que se repite

La oposición duda de que la visita de Bachelet ni el informe de la ONU vayan a cambiar la situación. El caso de Acosta sería el quinto en el que una persona fallece mientras está detenido bajo tutela del Estado. Uno de los últimos fue el concejal Fernando Albán, muerto tras caer por una ventana cuando estaba detenido en las dependencias del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia).

“Esto refleja la impunidad, que la tortura es común, y la alta posibilidad que tienen los presos políticos de sufrir esos tratos humanos crueles y degradantes”, dice Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea.

“Esto demuestra que la tortura en Venezuela es común y la alta posibilidad que tienen los presos políticos de sufrirla", contaban desde una ONG

Aún ninguna autoridad ha dado explicaciones de qué pasó ni cómo. La única versión oficial de los hechos es que Acosta se desmayó poco antes de declarar. Según el Ministerio de Defensa, “antes de iniciar la respectiva audiencia de presentación, se desmayó (y) a pesar de brindársele la debida atención médica, falleció”. La Fiscalía venezolana acusó esta semana a dos militares como los responsables por la muerte de Acosta. Se les acusa de “homicidio preterintencional concausal” y se dice que se harán más investigaciones.

“El DGCIM (la dirección de inteligencia militar) es un ente donde se practica la tortura de manera recurrente y sistemática. En el informe que próximamente publicaremos, tenemos documentados 100 casos de tortura y el 75% estaban privadas de libertad en el DGCIM”, explica Uzcátegui. Entre 2013 y 2018, Provea ha contabilizado 488 casos de tortura en el país.

Con tortura se refiere, en lenguaje técnico, a “castigos corporales, lesiones contra personas para extraer información” con prácticas de otras épocas que se creían superadas. “Se llevan a la gente a centros ilegales de detención, clandestinos. Se están repitiendo los procedimientos de tapar la cabeza con bolsas plásticas, descargas eléctricas, ahogamiento con agua, golpes que no dejen ninguna marca posible, personas que son amenazadas de que serán objeto de otro tipo de tratos crueles con objetos punzo penetrantes... Estamos ante un repertorio bien cruel y con mucha saña”, relata Uzcátegui.

Ciego por protestar

El informe de la ONU pide la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y también solicita que Caracas acepte la instalación de una oficina permanente del ACNUDH en el país. Pero poco puede hacer contra los dramas que día a día se siguen sucediendo en Venezuela.

El adolescente de 16 años Rufo Antonio Chacón Parada se ha quedado ciego de un día para otro. Su familia, en el estado fronterizo de Táchira, tiene tiempo sin suministro de gas en casa, así que el 1 de julio salió a protestar con sus vecinos. En la refriega de manifestantes y policía se escuchan detonaciones, según se puede ver en un video hecho con un teléfono. La gente se dispersa y se puede ver a una persona con una camiseta naranja que da vueltas y es arropado por otros dos. Una foto de cerca detalla a Rufo Chacón apretándose las manos contra los ojos, ensangrentado.

Según el doctor Luis Ramírez el adolescente recibió ocho perdigonazos en un ojo, cinco en otro y 52 más en toda la cara

Un informe médico da el detalle: “Pérdida de la totalidad de la morfología y de la anatomía de los globos oculares”. Según el doctor Luis Ramírez, director de la Corporación de la Salud de Táchira, el adolescente recibió ocho perdigonazos en un ojo, cinco en otro y 52 más en toda la cara. Ha perdido la vista. Su madre, Adriana Parada, ha dicho a los medios que su hijo se quiere morir.

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ha publicado en su cuenta de Twitter que por los hechos hay dos funcionarios detenidos. En este caso sí ha admitido que hay una violación de los derechos humanos del menor, mientras que la policía local dijo que se trata de un hecho aislado.

Un informe contundente

Desde las ONGs se peleaba hace tiempo para que hubiera presencia de funcionarios internacionales con competencia en Derechos Humanos. Hace más de una década que el Gobierno de Hugo Chávez cerró la puerta a visitas de este tipo, “solo dejó que llegaran algunos relatores en tono académico”, apunta Rafael Uzcátegui.

Sobre el caso Acosta, Bachelet emitió un comunicado en el que dijo estar “conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte”.

En redes sociales hubo mucho ruido sobre el comunicado. Incluso la han acusado de “blanda” y “cómplice”. Pero desde las ONGs se mira con otros ojos. “En un pronunciamiento sobre Derechos Humanos, el cuidado de los términos es importante. Que usara la palabra 'conmoción' refleja la gravedad de las circunstancias, que haya exigido que la autopsia se haga con procedimiento internacionales y que se haga de modo independiente, reconoce que el Gobierno de Maduro no va a aclarar ni a investigar ni hacer nada”, dice Uzcátegui.

Tras la visita de la Alta Comisionada, han quedado en el país dos funcionarios de su oficina, la española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre. Aunque se hayan efectuado varios acuerdos verbales, el Gobierno venezolano parece estar incumpliendo con el Alto Comisionado. Se ha prohibido la visita de Nuero y de La Torre a los sótanos de la DGCIM, donde hay varios encarcelados opositores a Maduro, a pesar de haber dicho previamente que tendrían acceso pleno.

Pero todo esto ya lo saben los activistas venezolanos. Antes de que se publicara el informe, Uzcátegui ya adelantaba dos cosas: “Será muy contundente y, al igual que ya ya dicho en otras declaraciones, hablará de una crisis pre existente y que las sanciones la agravarán”.

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