La lucha contra la impunidad entra en la agenda del mundo árabe

Algo está cambiando en el mundo árabe. Los derechos humanos, y, más en concreto, la impunidad de los genocidas y de quienes han provocado crímenes de lesa humanidad, empiezan a formar parte de la agenda política.

Motivos hay. Siria, Yemen, Libia, Túnez, Iraq, Nigeria y las milicias de Boko Haram, el genocidio de los rohinyás mulsumanes en Myanmar…, son los ejemplos más evidentes. Como lo es la existencia del maltrato sistemático a las mujeres para su explotación sexual, el de los inmigrantes a quienes se olvida a trabajar en condiciones infrahumanas o los desplazamientos forzosos de la población civil.

Múltiples formas de violencia de los derechos humanos que han sido objeto de una Conferencia internacional celebrada en Doha, la capital de Qatar, en la que Brenda H. Hollis, la fiscal especial para investigar los crímenes de Sierra Leona lo ha dicho claro: “No puede haber conciliación sin justicia”. O expresado también por la propia Hollis, hacer borrón y cuenta nueva de los crímenes contra la humanidad “hace que surjan nuevos terroristas”. O en palabras de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las víctimas tienen derecho a una reparación”. Lo contrario, ha dicho en Doha, “sería lo mismo que asumir la impunidad” de que quien realiza actos criminales.

Más significativa, incluso, es la participación del mundo árabe en esta Conferencia, una de las primeras de estas características que se celebran en la región y organizada por el Comité Nacional de Derechos Humanos del Estado de Qatar, y que pretende implicar a la sociedad civil, y con la participación activa de países en los que los derechos humanos han sido tradicionalmente la anécdota y no la categoría, lo que da idea de que algo, aunque muy lentamente, está cambiando en el mundo árabe.

Como ha recordado Mona Rishmawi, una de las mayores expertas en genocidios del mundo, los desplazamientos forzosos, la tortura o la explotación sexual tienen detrás a responsables políticos con cara y ojos, y de ahí la necesidad de poner en marcha legislaciones adecuadas capaces de evitar que el “el perdón ponga al mismo nivel al verdugo que a la víctima”.

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Un baño de sangre

¿Cómo hacerlo? Hay un acuerdo general de los más de cien especialistas que han participado en la Conferencia, en la importancia de poder documentar los crímenes contra la humanidad para así poder llevar a sus responsables ante los tribunales y tengan un juicio justo y no haya impunidad. Eso exige, según Kimberly Prost, juez del Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, “medios y voluntad política” que, en muchos casos, no ha existido.

Siria es uno de los últimos horrores de violencia sistemática, pero también Túnez, donde se ha creado una Comisión de la Verdad; Libia, donde un baño de sangre ahoga al país, o Yemen, donde sigue vive una auténtica catástrofe con decenas de miles de muertos y desplazados. En palabras de un antiguo embajador sirio en Qatar, represaliado por el régimen de Damasco junto a su familia, “la impunidad sigue existiendo, porque se han utilizado armas químicas y no ha pasado nada”.

“Sabemos lo que está sucediendo en Yemen, en Siria, en Iraq, en Sudán y no hay respuesta de la comunidad internacional”, se ha dicho en la Conferencia.

Una vela en la oscuridad

Pero no sólo por la incapacidad de Naciones Unidas para imponer sanciones, sino porque los propios gobiernos son los que ocultan pruebas e impiden investigaciones independientes. En Túnez, ha dicho un representante de derechos humanos en aquel país, la creación de una Comisión de la Verdad apenas ha servido para “ser una vela de luz en la oscuridad del mundo árabe”. Mientras que, en Níger, las ejecuciones extrajudiciales se han intensificado al calor de la reanudación de la guerra civil en algunas zonas del país. Es por eso por lo que hay consenso en que “la impunidad no puede estar por encima de las prioridades políticas de cada país”.

En la actualidad, 122 países han reconocido y ratificado el Estatuto de Roma, que autoriza al Tribunal Penal Internacional a juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, pero ni EEUU, ni Rusia, ni China ni Israel, por ejemplo, lo han reconocido.

“Todo pase y ocurre en una región donde viven 400 millones de árabes”, se ha dicho con amargura en la Conferencia, en la que se ha reclamado un protocolo de actuación para que los denunciantes y, por supuesto, las víctimas, no queden desamparadas por miedo a ser perseguidos por las autoridades. La clave de los procesamientos legales es, como ha dicho la juez juez Prost, es poder demostrar ante los tribunales la violación sistemática de los derechos humanos “a partir de fuentes creíbles” y de testimonios directos sin que la presión de los estados liquide esta esperanza.

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La protección de los denunciantes es, de hecho, una de las conclusiones de la Conferencia, además de la cooperación internacional, lo que permitiría que tengan acceso a la justicia. “Los derechos no pueden ser sacrificados a la fuerza de la política”, se ha dicho en la reunión, lo que exige la creación en cada país de equipos de investigación para asegurar que no hay impunidad ni que se evita la rendición de cuentas por los crímenes ocurridos. Incluido el acceso a declaraciones judiciales en la lengua vernácula de las víctimas, un problema que puede parecer menor pero que a menudo se utiliza para embarrar las declaraciones.

No sólo se trata de indemnizar a las víctimas, sino también de buscar una reparación moral, como ha dicho Catherine Marchi-Uhel, encargada por Naciones Unidas para investigar los crímenes de Siria. “Con impunidad, no hay justicia, y sin justicia no hay derechos humanos”, ha añadido en Doha el colombiano Carlos Negret, presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Una especie de defensor del pueblo de la comunidad internacional.