Batalla migratoria en Italia: habla el alcalde que inició la rebelión contra Salvini

La batalla institucional en torno a los inmigrantes se complica cada vez más en Italia. Tras la tensión acumulada en los últimos meses, los alcaldes de signo contrario al Gobierno pasaron esta semana a la ofensiva contra el Decreto Seguridad, que pretende endurecer drásticamente las políticas migratorias en el país. En primera línea de ataque, el alcalde de Palermo (Sicilia), Leoluca Orlando, quien ha dejado claro que incumplirá la nueva legislación al considerarla inconstitucional. La respuesta inmediata del ultraderechista Matteo Salvini, ministro del Interior e ideólogo de la ley, fue tacharlo de traidor y amenazar con acciones legales. De materializarse esta amenaza, la rebelión puede terminar en una larga batalla judicial e incluso descomponer la actual configuración política del país.

Alcalde de una ciudad que durante décadas ha sido uno de los principales puntos de entrada de la inmigración y que está en manos del Partido Demócrata (PD), Orlando esperó hasta la aprobación definitiva de la legislación para desenterrar el hacha de guerra. Lo hizo el pasado 21 de diciembre, día en el que emitió una ordenanza con la que ordenó no aplicar "cualquier medida (contenida en el decreto de Seguridad) que perjudique los derechos fundamentales" de los inmigrantes.

"Si Orlando es llevado ante un tribunal, es probable que invoque la intervención del Tribunal Constitucional"

Orlando, abogado especializado en Derecho Público, estudió cuidadosamente su acción y sus previsibles consecuencias. "Decidí emitir una ordenanza, para que toda eventual consecuencia no recaiga sobre mis funcionarios. Yo quiero ser el único responsable y lo hago porque es necesario. Ya es hora de decir 'basta' y defender el principio de que los derechos humanos no pueden ser sacrificados. Somos un pueblo que acoge, no un pueblo de leyes racistas", explica el alcalde a El Confidencial.

Salvini respondió con toda la artillería el día 2. Dijo que no iba "usar la fuerza o a enviar el ejército a Palermo", pero que los rebeldes iban a responder "personalmente, penalmente y civilmente" por su osadía. En paralelo, otros incluso llegaron a sugerir que el alcalde podía ser denunciado por abuso de oficio u omisión documental. Al día siguiente, sin embargo, la posibilidad de emprender una acción legal contra los rebeldes se había evaporado. "Serán los electores quienes juzguen" la actuación de los alcaldes díscolos, explicaba el jefe de la ultraderechista Liga, en un vídeo en el que aparecía bebiendo un coctel en una cabaña de montaña.

Desde el ministerio del Interior italiano, se optó entonces por la prudencia. "De momento, no haremos nada. La consideramos solo una provocación política. Las circunstancias hacen que todavía no sea necesario emprender acción alguna", replicó una fuente de la institución consultada por este diario. "En todo caso, podría producirse una inspección, pero a nosotros aún no nos han pedido nada".

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El Constitucional como objetivo

La cuestión es que, más allá de la retórica política, el caso amenaza con convertirse en una prolongada batalla legal, según opinan los analistas. "La realidad es que no importa lo que diga Salvini, nuestro sistema establece que, salvo en casos de infiltración mafiosa, no se pueda apartar a un alcalde elegido democráticamente sin probar que ha incurrido en graves violaciones. Pero si Orlando es denunciado y llevado ante un tribunal, es probable que invoque la intervención del Tribunal Constitucional. Eso significaría una suspensión del juicio penal contra él mientras el Constitucional decide si el Decreto Seguridad es constitucional o no", explica a este diario Vincenzo Antonelli, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Roma y de la Luiss. "Y ya lo sabemos, procedimientos como estos pueden alargarse durante años", añade.

"Aunque también existe otra opción —agrega Antonelli— y es que sea el propio Orlando quien se presente ante un tribunal ordinario (civil) y diga que considera que el Decreto no es constitucional. En este caso, dado que el juez civil no puede decidir sobre cuestiones que afectan a la Constitución, será él quien pedirá la intervención del Tribunal Constitucional". Una opinión que también comparten otros analistas, como Giovanni Maria Flick, exmiembro del Constitucional. "Los ayuntamientos, así como los individuos, pueden presentarse ante un juez ordinario, también de manera urgente. Después es el juez quien eventualmente decide pedir la intervención del Constitucional", precisó Flick en declaraciones a la prensa italiana.

Y esto último es precisamente lo que planea hacer ahora Orlando, según adelanta a El Confidencial. "Mi abogado está estudiando el caso porque lo que queremos hacer es acudir ante un tribunal civil y denunciar que consideramos que este decreto viola nuestra Constitución", afirma el veterano alcalde, a cargo de la quinta ciudad más grande de Italia.

Un bumerán para Salvini

Otro problema para Salvini es que Orlando ya no está solo en su rebelión. Lo estaba hasta que el ministro del Interior arremetió públicamente contra él. "Antes tenemos que pensar en los millones de italianos pobres y en paro, defendiéndoles de los excesivos delitos cometidos por inmigrantes clandestinos, después salvaremos al resto del mundo", llegó de decir con sorna el ultraderechista, en una intervención que pronto se convirtió en un bumerán para él.

Fue entonces cuando la protesta de Orlando cosechó su primera victoria. Nada más hablar Salvini, decenas de alcaldes de distintas localidades del país, varios de ellos de grandes ciudades, se manifestaron a favor de la iniciativa del alcalde siciliano. Y no solo los del progresista PD, como Dario Nardella (Florencia) y Nicola Zingaretti (Lacio), sino también personajes como el independiente Sandro de Magistris, exfiscal y alcalde de Nápoles, y Federico Pizzarotti, antiguo miembro del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y alcalde de Parma. Otros que dieron su apoyo fueron Marco Alessandrini, de Pescara, Giuseppe Falcomatà, de Reggio Calabria, Giacomo Tranchida, de Trapani, y la Asociación Nacional de Alcaldes.

La gravedad de la situación quedó de manifiesto en las críticas que llegaron desde el M5S, el partido que gobierna junto con la Liga de Salvini, cuyos parlamentarios apoyaron a regañadientes la aprobación del Decreto Seguridad. Por ejemplo, el alcalde de Livorno, Filippo Nogarin y el alcalde de Pomezia (Lacio, centro), Adriano Zuccalà, quienes en sendas declaraciones se manifestaron en contra de la ley de Salvini. "Como alcalde de esta ciudad, considero que debo tutelar a las personas en dificultad y eso haré”, afirmó Zuccalà. “Esta ley no es una buena ley desde un punto de vista ético y jurídico", añadió Nogarin.

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Así, el debate entró en el Parlamento. "Esto es lo que se obtiene aprobando un decreto que es inconstitucional y estúpido", llegó a decir el senador Matteo Mantero, del M5S y cercano al presidente del Congreso italiano, Roberto Fico. "Confío en las decisiones del Constitucional", dijeron, por su parte, las parlamentarias Paola Nugnes y Elena Fattori.

"La consecuencia de todo esto es que se pueda crear una Italia 'con piel de leopardo', en la que el decreto se aplique en algunos lugares y en otros no", razona el jurista Antonelli. "Es un reflejo de los tiempos difíciles que estamos viviendo", reflexiona.

"Parece que algo se mueve también dentro del M5S. Ni Di Maio criticó abiertamente nuestra protesta", subraya Orlando

"Parece que algo se mueve también dentro del M5S. Ni Luigi Di Maio (el jefe del M5S) criticó abiertamente nuestra protesta", subraya Orlando. Algo que, de cara a las elecciones europeas de mayo, posiblemente remite a que el M5S está estudiando cómo frenar la hemorragia de votos y parlamentarios que sufre por su alianza con la Liga.

Circunstancia que coincidió, además, con la divulgación de una carta, firmada principalmente por alcaldes afiliados a la Liga y de pequeñas localidades del norte del país, en la que se manifestaba la contrariedad por la iniciativa de Orlando. Mientras que el primer ministro, Giuseppe Conte, ha optado por intentar emprender el camino del diálogo. "Discutamos", dijo Conte. "No hay nada que discutir", respondió Salvini, "si no les gusta (la ley), que dimitan".

"Que dimita él. Es él (Salvini) quien ha traicionado la Constitución y quien mantiene un comportamiento inhumano", contratacó el alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris. "El nuestro no es un acto de desobediencia civil, es un acto de obediencia constitucional, porque esta ley choca con la Constitución, con los derechos como los de igualdad y asilo, por lo que no será aplicada en el modo más absoluto", agregó. "No retrocederemos ni un milímetro", han dicho otros.

Con el pasar de las horas se han sumado nuevas adhesiones, incluso la de la Iglesia italiana. "Los alcaldes ya habíamos advertido unánime e independientemente de la militancia política y, antes de la aprobación del decreto, la asociación se había expresado negativamente sobre la medida, al considerar que los derechos humanos no son negociables", dijo por su parte Antonio De Caro, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. "El ministro nos tiene que escuchar. ¡Así no está bien!", afirmó el influyente alcalde de Milán, el progresista Giuseppe Sala, quien también simpatiza con la iniciativa sin (todavía) adherirse formalmente.

El viernes, sin embargo, la protesta ya tenía su primera consecuencia directa: una inspección de la policía DIGOS (la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales italiana), que depende del Ministerio que dirige el jefe de la Liga, en las oficinas del Registro Civil de Palermo. "Nos han preguntado cuáles son las reglas que estamos siguiendo para registrar a los inmigrantes", relataron algunos funcionarios del Ayuntamiento palermitano, arropados por una manifestación espontánea que se concentró delante de la institución para protestar contra Salvini.