Italia, en venta: privatizaciones 'masivas' para cuadrar las cuentas del Gobierno

Comienza la veda para cazadores de inmuebles y bienes en Italia. Y las ventas serán masivas. De esta manera, Roma ha querido tranquilizar a la Comisión Europea sobre el posible impacto negativo derivado de su decisión de elevar —desviándose de lo anteriormente pactado con Bruselas— su déficit hasta el 2,4% en 2019. El mensaje es: con la venta, junto con las otras medidas ya anunciadas —básicamente, racionalización del gasto público—, costearemos los planes de inclusión social y aligeramiento de la presión fiscal sobre los contribuyentes.

El objetivo, juzgado de extremadamente optimista por algunos observadores y que no ha convencido a los mercados, es obtener unos ingresos equivalentes al 1% del PIB italiano —unos 1.725 millones de euros— según la previsión ventilada por Roma. Con este dinero, el Gobierno comandado por Luigi Di Maio (M5S) y Matteo Salvini (la Liga) pretende rebajar la deuda pública en un 0,3% en 2018, un 1,7% en 2019, un 1,9% en 2020 y un 1,4% en 2021. Así se lee en el nuevo borrador presupuestario para 2019, enviado la noche del martes por Roma a Bruselas, después de que el anterior fuera rechazado por su "desvío sin precedentes".

El plan de privatizaciones afectará básicamente a los activos inmobiliarios no utilizados y alguna empresa vinculada al Estado, según el Gobierno. En concreto, de acuerdo con el 'Documento de programación económica', presentado por el ministro de Economía, Giovanni Tria, Roma espera poder recabar 600 millones de euros de las ventas de inmuebles públicos en el año 2018. De estos, 50 millones de euros provenientes de ventas de inmuebles que posee el Estado nacional, 380 millones de privatizaciones de inmuebles en manos de las administraciones regionales y locales, y 170 millones de los que son de propiedad de organismos de Seguridad Social.

En cambio, con las ventas previstas en los años 2019 y 2020, se prevé recuperar respectivamente 640 y 600 millones de euros, según el documento enviado a Bruselas junto con la carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y a Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros del organismo. Con este fin, el ministerio dirigido por Tria también prevé completar el censo del patrimonio italiano y hacer una revisión de las concesiones.

¿Qué hay en la lista de venta?

La lista de las propiedades incluidas en la compraventa todavía no ha sido hecha pública y ninguno de los funcionarios gubernamentales contactados por El Confidencial quiso especificar cuáles serán los bienes e inmuebles afectados por el plan. “Sin duda, los monumentos no estarán en esa lista. Lo digo porque, en la época de las privatizaciones griegas, se llegó a hablar de vender el Partenón. Eso no. No ocurrirá”, explicó una de las fuentes. “Lo único que le puedo adelantar es que la lista ya existe. Puede que sea modificada, pero un primer borrador ya ha sido hecho”, puntualizó otra funcionaria consultada.

En este escenario, el propio Di Maio, vicepresidente y ministro de Desarrollo Económico italiano, se apresuró a declarar que las propiedades estatales que se pretende vender “no son las joyas del Estado”. Se venderá “lo que no sirve”, es decir, “inmuebles y bienes secundarios del Estado”. “En la lista, también hay empresas. Pero no le puedo decir más. Solo que la lista se comunicará en breve, pues debemos cumplir con algunos plazos”, explicó una portavoz del Ministero de Economía.

No ha funcionado en el pasado

El margen, en todo caso, no es ilimitado. De acuerdo con un informe divulgado en mayo del Ministerio de Economía italiano, Roma posee alrededor de un millón de inmuebles que tienen un valor estimado de 286.000 millones de euros. De estos, más del 70% son usados por la Administración pública y un 23% son concesiones a privados —y por tanto, no pueden ser vendidos—, mientras que los no utilizados valen unos 12.000 millones de euros. Las regiones con el mayor número de inmuebles estatales son, en este orden, Lombardía, Lacio y Emilia Romaña. Tema aparte son las participaciones del Estado en empresas privadas o mixtas, algunas de las cuales son también las que han registrado los mayores resultados económicos en los últimos años.

De ahí quizá también que los observadores sean escépticos sobre el éxito de la medida. “Se trata de un viejo tema que, de tanto en tanto, vuelve a escena. Ellos no son, sin lugar a dudas, los primeros en pensarlo”, ha explicado a El Confidencial el economista Mario la Torre, de la Universidad Sapienza de Roma. “Lo que hay que entender es de qué bienes estamos hablando, cuáles han sido los criterios para la selección y si estos pueden ser efectivamente vendidos y a qué precio”, añade. “El Gobierno sube la previsión de ingresos derivados de las privatizaciones hasta el 1% del PIB. Desde 2003 no se alcanzan estos niveles. ¿Es creíble?”, se ha preguntado, por su parte, el economista Carlo Cottarelli.

Críticas de la oposición

En la misma línea, el anuncio también ha sido criticado por la oposición de centro derecha y centro izquierda del país. “El Gobierno intenta confundir a la Unión Europea hinchando el valor estimado de las entradas derivadas de las privatizaciones, también inmobiliarias”, se ha quejado el economista Renato Brunetta, antiguo ministro de la Administración Pública (2008-2011). La razón es que quieren pagar el “déficit a través de las privatizaciones”, algo que también “otros gobiernos han intentado” en el pasado, "sin obtener nunca ni un euro”, ha añadido el político.

En efecto, no es la primera vez que Italia pone a la venta sus propiedades para hacer frente a las debilidades de su economía. El monto logrado, sin embargo, fue escaso. Desde 2010 a 2017, los ingresos totales fueron de 8.700 millones de euros, de los cuales 2.500 millones se obtuvieron en los últimos tres años.

El Gobierno liderado por la Liga y el M5S no ha convencido a los mercados, ni siquiera con su promesa de que el déficit del 2,4% que se ha marcado como objetivo —muy por encima de lo comprometido con Bruselas— no se superará, ni con las cláusulas de salvaguardia que incluyen un control continuo sobre las cuentas públicas del Estado.

Tan es así que la prima de riesgo italiana, que mide el diferencial entre el bono italiano a 10 años y el alemán del mismo plazo, subía este miércoles a los 320 puntos, en la apertura de los mercados. Todo ello, en tanto ya han empezado a llover las primeras reacciones de algunos países miembros. Entre ellos, las de Austria y Holanda, ambas favorables a abrir un proceso sancionador contra Italia por incumplir los objetivos fiscales anteriormente pactados con Bruselas.