Mano dura: Italia da el primer paso para expulsar a los refugiados que cometan delitos

Las 'escenas feas' que predecían los analistas ya están aquí. La coalición formada por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) de Luigi di Maio y la soberanista Liga de Matteo Salvini ha aprobado este lunes por unanimidad un paquete de medidas de seguridad pública que endurecen drásticamente sus reglas en el ámbito migratorio. La ley, que recoge las promesas electorales de la Liga, prevé bloquear “el reingreso” en su territorio de extranjeros expulsados de otros países de la zona Schengen, el área de libre circulación de la Unión Europea, según se lee en el artículo 5.

Y más aún. Compuesto por 42 apartados, el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros contempla medidas como la suspensión de la solicitud de asilo si el inmigrante es considerado “peligroso” o si ha sido condenado por algún delito en primera instancia. También elimina casi completamente la concesión del llamado 'permiso humanitario', que se otorgaba a personas vulnerables provenientes de países en situaciones políticas o socioeconómicas delicadas. Además de ello, dispone la revocación de la ciudadanía de cualquier extranjero condenado por terrorismo y se limita el alcance del programa SPRAR, uno de los programas de integración de refugiados y solicitantes de asilo más exitosos que ha tenido Italia.

Asimismo, la nueva legislación prevé el uso de armas eléctricas —incluso por parte del cuerpo de los policías municipales—, apoya el desalojo de edificios ocupados por personas vulnerables y amplía el periodo de permanencia de los inmigrantes en los centros de identificación de 90 a 180 días (seis meses). De ser ratificada por el Parlamento y el presidente de la República, la ley se convertirá en la legislación más dura jamás aprobada en tema de inmigración por un Gobierno italiano y una de las más restrictivas de Europa.

“Es un paso para que Italia sea más segura. Para combatir con fuerza a los mafiosos y a los traficantes de personas, para reducir los costos de una inmigración exagerada”, ha festejado Salvini a través de sus perfiles en las redes sociales. “En caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo, será motivo suficiente para llevarlo a un centro para refugiados y comenzar con los trámites para su expulsión”, ha añadido, posteriormente, en una rueda de prensa de presentación del decreto ley.

El desgarro del M5S

Obtener la aprobación de ambas cámaras del Parlamento está al alcance del Gobierno italiano. En la actualidad, el M5S cuenta en el Congreso con 221 diputados y la Liga con 125, de un total de 630 parlamentarios que integran ese hemiciclo. En el Senado, en cambio, el M5S posee 109 y la Liga 58, de un total 318 senadores. Y la aprobación tiene que ocurrir en un plazo límite de 60 días, para que después la ley sea enviada al presidente de la República para su ratificación final.

Pero esta es la teoría. En la práctica, que la polémica ley salga adelante depende de lo que negocien las dos formaciones. Esto, partiendo de la base de que es el M5S que está jugándose el pellejo y corre el riesgo de un cisma interno. De ahí que el personaje clave, sobre el que estarán fijas todas las miradas en las próximas semanas, sea Roberto Fico, perteneciente al ala más progresista del M5S, actual presidente del Congreso italiano y quien ya en reiteradas ocasiones se ha expresado de manera crítica acerca de las maniobras de Salvini.

“Hay que salvar a todos los que se encuentran en el mar (…) Para mí, los barcos deben poder entrar en los puertos y las personas deben poder desembarcar sin problemas”, comentaba Fico, tan solo este pasado fin de semana. “Tú te encargas de ser el presidente del Congreso, yo hago de ministro de Interior de un Gobierno con un programa muy puntual”, le llegó a replicar en agosto Salvini, cuando los dos se enfrentaron por el caso de un barco de la Guardia Costera italiana que había rescatado a un grupo de inmigrantes y al que el líder de la Liga no daba la autorización para atracar en un puerto italiano.

Con el fin del verano, el conflicto en sordina que asola los dos partidos de la coalición gubernamental ha empezado a transformarse en una guerra civil que está dando paso a un combate abierto y público. Un ejemplo de ello ha sido precisamente lo ocurrido el pasado 12 de septiembre, cuando el M5S y la Liga votaron divididos sobre el proceso sancionador contra la Hungría de Víctor Orbán en la Eurocámara. La Liga votó en contra. El M5S se dijo a favor, con un duro comunicado en el que los eurodiputados de la formación apuntaron a Orbán como uno de los culpables de las actuales fallas dentro de la UE en el ámbito migratorio. Todo esto, pocos días después de que Orbán y Salvini sellaran una alianza en un acto en Milán.

Di Maio vs. Salvini

Sobre el tema de los inmigrantes, “nosotros somos diferentes”, había dicho ya a comienzos de septiembre Alessandro Di Battista, uno de los líderes más populares de los indignados italianos, el M5S, para luego exigir a la Liga la devolución de unos 49 millones de euros robados al Estado italiano por la formación en la época del fundador Umberto Bossi. “Tienen que devolver hasta el último céntimo”, ha insistido Di Battista.

No es la primera vez que Salvini irrita a la parte más progresista de su país con sus salidas xenófobas. Otro ejemplo muy sonado fue cuando dijo que quería hacer un censo de los gitanos italianos, puesto que “lamentablemente” no podía expulsarlos. De hecho, Salvini ha insistido en que uno de sus objetivos de la legislatura es desmantelar todos los campos de gitanos en el país. En paralelo, ha recrudecido su batalla contra SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras (MSF), las únicas ONG que siguen rescatando a migrantes en el Mediterráneo central, según han denunciado ambas organizaciones.

“La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha declarado haberse visto obligada a revocar el registro del Aquarius debido a la brutal presión económica y política a la que les estaba sometiendo el Gobierno italiano”, han denunciado las dos ONG. Desde Bruselas, una portavoz de la Comisión Europea se ha limitado a pedir que se "cumpla el derecho internacional”. Más dura ha sido la Iglesia católica italiana, la cual ha criticado sin tapujos que el Gobierno italiano haya discutido de inmigración en una ley de seguridad pública.