Brasil entrega Río de Janeiro al ejército en la primera intervención federal de su historia

El 13 de febrero de 2015, el joven Vitor Santiago Borges recibió un disparo en la columna vertebral, efectuado por soldados del ejército brasileño durante la ocupación militar del complejo de favelas de la Maré, uno de los mayores y más peligrosos de Río de Janeiro. Como resultado, a Vitor tuvieron que amputarle una pierna y quedó tetrapléjico. Su madre, Irone Santiago, se vio convertida en activista a la fuerza. “Mi hijo todavía está en una silla de ruedas esperando a que se haga justicia. Era un chico sano de 29 años cuando fue mutilado. Ahora se cumplen tres años de esta tragedia. No consigo quedarme callada delante de esta situación. Mi hijo no es la única víctima. Hay muchas y puede haber muchas más”, dice Irone a El Confidencial.

Por eso, esta madre coraje, que desde 2015 no ha parado de denunciar la conducta de las Fuerzas Armadas brasileñas, teme que la intervención federal en el Estado de Río de Janeiro decretada esta semana por el presidente Michel Temer acabe provocando nuevos casos como el de su hijo. “Las violaciones de los derechos humanos van a producirse únicamente dentro de las favelas. Los tanques no circularán por las calles lujosas de la zona sur [el barrio donde está Ipanema], porque esta operación es una disculpa para matar a los pobres, negros y 'favelados' [habitantes de las favelas]”, asegura.

“No aceptaremos más de forma pasiva la muerte de inocentes. Es intolerable que estemos enterrando a padres y madres de familia, trabajadores honestos, policías, jóvenes y niños”, dijo Temer como justificación de su decisión, adoptada ante la situación de violencia descontrolada que se vive en la ciudad que fue sede de los Juegos Olímpicos de 2016. Con este decreto, la esfera federal se sobrepone a la del estado en todo lo que a seguridad pública se refiere hasta el 31 de diciembre, el día que en concluye el mandato de Temer. Es una especie de artículo 155 que vacía de contenido el Gobierno estatal de Luiz Fernando Pezão. Lo más llamativo es la designación de un general del ejército, Walter Braga Netto, como interventor. De él dependen a partir de ahora la Policía Militar, la Policía Civil, el cuerpo de Bomberos y las instituciones penitenciarias del Estado de Río de Janeiro. Braga Netto responde única y exclusivamente ante Temer por sus decisiones.

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El polémico decreto ha sido aprobado esta semana por una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado. Es la primera vez que se implementa una intervención federal desde el fin de la dictadura y la promulgación de la Constitución de 1988. La sociedad civil teme una violación masiva de derechos humanos, sobre todo los habitantes de las casi 800 favelas de Río de Janeiro, que juntos suman 1,5 millones de personas. De hecho, la primera ofensiva militar lanzada tras la aprobación del decreto ha sido en una favela llamada Kelson’s, en la zona norte de la ciudad. Es un punto neurálgico para el robo de mercancías destinadas al transporte.

“Esta operación es una de las peores cosas que puede acontecer en la favela. Nos acusan de ser conniventes con el narcotráfico, pero es mentira. No somos nosotros los que llevamos armas y drogas a la favela. El 99% de los habitantes de las favelas son trabajadores honestos. ¿Qué preparación tiene este ejército para llevar a cabo este tipo de operaciones?”, se pregunta Irone Santiago. “Estamos viviendo un estado de excepción en Brasil. Todas las instituciones políticas en teoría siguen funcionando, pero vemos una destrucción progresiva de las libertades y una violación de los derechos, usando la ley como precepto”, dice Jailson de Souza e Silva, fundador y director del Observatorio de Favelas.

Los temores de una parte de la sociedad civil no son baladíes. Esta semana el general Eduardo Villas Bôas afirmó en un programa de televisión que espera que no haya una segunda Comisión de la Verdad. Se refería a la decisión de la expresidenta Dilma Rousseff, alejada del Gobierno en 2016 tras un contestado proceso de impeachment, de crear una comisión para investigar casos de tortura y de muertes durante la dictadura militar, derogando de esta forma la Ley de Amnistía aprobada en 1979.

Un nuevo 'superministerio de Seguridad'

Uno de los puntos más controvertidos del decreto de Temer es el mandato de busca y captura colectivo, que permitiría al ejército entrar en todas las casas de una calle o incluso de una favela si hay sospecha de que los habitantes estén colaborando con el narcotráfico. Tras recibir numerosas presiones, a principios de esta emana el presidente Temer parecía haber renunciado a esta posibilidad. Sin embargo, fuentes ligadas al ministro de Defensa Raul Jungmann afirman que sí recurrirán a esta posibilidad si fuese necesario. “Las zonas de conflicto en Río de Janeiro tienen una urbanización precaria, las direcciones no son todas fácilmente localizables. Siendo así, es posible que las peticiones [de intervención] se hagan basándose en posiciones de GPS y describiendo áreas de las comunidades”, ha afirmado esta semana el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Torquato Jardim.

Por lo pronto, el decreto sobre la intervención federal ha creado un vacío de poder en Río de Janeiro. El secretario de Seguridad, Roberto Sá, ha sido exonerado de su cargo, pero de momento no está claro qué ocurrirá con los jefes de las dos policías, la civil y la militar. El general Braga Netto se ha limitado a decir enigmáticamente que la operación está en fase de “planificación”. Mientras tantos, algunas comisarías han suspendido las investigaciones en curso, mientras otras siguen funcionando normalmente. “No hubo ningún tipo de comunicado de la cúpula a los comisarios. Nada. Cada uno está actuando como quiere. No haré operaciones hasta que esta situación no esté aclarada”, asegura un comisario que prefiere mantener el anonimato.

A día de hoy todavía no se sabe con exactitud cómo se llevará a cabo la intervención federal, ni lo que supondrá en el día a día de los cariocas, ni cuánto costará. Tampoco se ha revelado con qué presupuesto cuenta el nuevo Ministerio Extraordinario de Seguridad Pública, anunciado por Temer el pasado sábado durante su visita relámpago a Río de Janeiro, ni quién será el ministro.

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El hombre que en estos momentos está en el centro de las miradas de todos es el general Walter Souza Braga Netto. Activo en el Ejército desde 1975, ha operado en Río de Janeiro durante gran parte da su carrera. Braga Netto fue el responsable por la seguridad durante los Juegos Olímpicos de 2016. Oficiales cercanos a este general le describen como un militar rígido, que sin embargo no comparte el pensamiento de línea dura de otros generales, como el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, Sérgio Etchegoyen. Braga Netto conoce de cerca la violencia. Su hermano, también militar, fue asesinado durante un asalto en Río de Janeiro en 1984.

Cabe destacar que la intervención federal cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de la población. El 75% de los cariocas creen que la seguridad pública debe mejorar con la intervención federal, según un estudio realizado por la empresa Ideia Big Data. Sin embargo, el 81% opina que esta medida no va a resolver el problema. “Los datos muestras que el pueblo, aunque la apoye, es crítico”, resume Alexandre Santini, director de teatro y activista.

“Yo estoy a favor de esta intervención. No podíamos seguir de la forma en la que estábamos. Los políticos corruptos que han gobernado el estado de Río de Janeiro han dejado un escenario lamentable, de quiebra moral, económica y del modelo de seguridad”, dice Celso, productor cultural en la Ciudad del Samba. “Es una pena que una persona como Celso, que nació en una favela, vea la intervención del ejército como una solución. Este es el problema de los brasileños: no tienen una visión crítica de la realidad, no se dan cuenta de lo que realmente pasa y de las consecuencias que esto puede tener para todos”, añade su colega Mario.

“En muchas favelas se vive una situación de guerra. Es una guerra entre facciones y con la Policía con enfrentamientos constantes, como hemos visto en las grandes favelas como Rocinha y Alemão. Esto es insoportable para los habitantes. Cualquier cosa que pueda ayudar a mejorar esta situación es aceptada, aunque solo sea un alivio temporal y no una solución definitiva. La gente no aguanta más y por esto apoya la intervención”, explica a El Confidencial Jailson de Souza e Silva.

¿Motivos electoralistas?

Para algunos analistas, la decisión de Temer responde a razones electorales. Por un lado, el decreto es interpretado como una forma de desviar la atención de la polémica reforma de las pensiones, que iba a ser analizada este mes en el Parlamento. Mientras esté en vigor la intervención federal, no puede ser votada ninguna ley que suponga un cambio en la constitución, lo que en práctica se traduce en una forma estratégica de aplazar un debate incómodo y de evitar un fracaso político.

El decreto puede incluso reportar beneficios directos al presidente Temer, cuya popularidad oscila entre el 3% y el 6%. No se excluye que se presente a las elecciones presidenciales de octubre, algo que él mismo ha negado en varias ocasiones. “Ya es candidato”, dijo este miércoles Elsinho Mouco, responsable de la propaganda presidencial. “Hoy la mayor preocupación del brasileño es con la seguridad pública”, ha agregado. Río de Janeiro es el décimo estado más peligroso de Brasil, según datos del Forum Brasileño de Seguridad Pública. Esto significa que hay otros nueves estados con peores índices de violencia. Para varios analistas, la decisión de lanzar la operación en Río de Janeiro responde a una necesidad mediática y a una voluntad política de causar el mayor impacto posible.

Aunque es la primera intervención federal realizada en la historia de Brasil, no es la primera vez que el ejército actúa en Río de Janeiro para intentar reestablecer el orden y reducir los niveles de criminalidad. Solo en Río ha habido 13 actuaciones en los últimos 10 años. La última ha sido en 2017 y ha tenido resultados dudosos y criticados por expertos en seguridad y ciudadanos. La ocupación militar de la favela de la Maré, que duró 14 meses entre 2014 y 2015, tampoco se cerró con resultados alentadores. El saldo en este territorio habitado por 140.000 personas fue de 553 adultos y 254 menores arrestados, más un número imprecisado de muertos y heridos tanto entre los militares como entre los civiles. El coste fue 600 millones de reales (unos 150 millones de euros), según datos de la ONG Redes da Maré.

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Es importante recordar que a finales del año pasado fue aprobada una ley que exime a los soldados de responder ante la justicia ordinaria para los asesinatos cometidos durante operaciones como la que se está llevando a cabo en Río. Desde el mes de octubre, los crímenes contra la vida solo pueden ser juzgados por la justicia militar. Para juristas y activistas críticos con la nueva norma, la ley libera de toda responsabilidad a los militares y abre el camino a una actuación indiscriminada del ejército.

El pasado mes de noviembre, una operación conjunta del Ejército y de la Policía Civil en la favela de Salgueiro, en la región metropolitana de Río, acabó con ocho muertos, todos civiles. Los responsables de la operación emitieron un comunicado conjunto afirmando que hubo “resistencia armada” por parte de narcotraficantes. Dos días después, el portavoz del Comando Militar del Este, el coronel Roberto Itamar, contradijo esta versión y afirmó que “no hubo enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con integrantes de facciones criminales”. La organización internacional Human Right Watch pidió al Gobierno brasileño una investigación exhaustiva.

Precisamente para monitorar la actuación del Ejército en Río de Janeiro y para denunciar casos de abusos, ha sido creado un Observatorio de la Intervención Federal por iniciativa del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cándido Mendes (CESeC/Ucam). Este grupo de expertos en seguridad e investigadores universitarios intentará documentar el día a día de la intervención, con atención especial a las violaciones de los derechos humanos en favelas y barrios de las periferias.