una media de catorce tiroteos al día en 2017

Operación Onerat: por qué está fracasando el despliegue del ejército en Río de Janeiro

La 'Cidade Maravilhosa' amaneció el 5 de agosto al son de las balas y el amplio operativo militar ordenado por el Gobierno, al que se oponen muchos de sus habitantes

Foto: Operación contra el crimen organizado en la favela de Lins. (Reuters)
Operación contra el crimen organizado en la favela de Lins. (Reuters)

Pánico en las carreteras: así podría resumirse la situación en Río de Janeiro, que hace tan solo un año se enorgullecía de ser la primera ciudad latinoamericana en organizar los Juegos Olímpicos. Esta semana ha empezado con una ola de asaltos en la Linha Vermelha (Línea Roja), una de las principales arterias viales, donde bandas criminales se ensañan contra los automovilistas atrapados en el tráfico y contra los camioneros que transportan cargas muy apetecibles para los ladrones. El lunes fue un día especialmente complicado, en el que se repitió una escena que viene siendo recurrente en las autopistas cariocas.

Un grupo de vecinos de la favela del Lixão quemó un autobús en una protesta contra la truculencia del grupo especial de la Policía Militar, el temido BOPE. La circulación quedó colapsada y empezaron los atracos a los conductores atascados. Decenas de personas resolvieron huir a contramano, presas del pánico. El día anterior, una situación análoga ocurría en esta misma carretera, tan importante como la M-40 de Madrid. Para completar el cuadro, un camionero fue secuestrado por un joven de 19 años armado, que se entregó a la Policía solo cuando apareció su madre para participar de las negociaciones.

Los atracos a mano armada, muchas veces a punta de fusil, se suceden imparables en las principales carreteras que unen los municipios suburbanos de la llamada Baixada Fluminense con el centro de la ciudad. Antes la falta de intervención estatal, el martes un grupo de 20 voluntarios resolvió remangarse y cortar la maleza que servía de escondrijo a los bandidos en la Estrada do Amapá, donde a diario se registran robos violentos en los autobuses que llevan a millares de trabajadores a sus destinos.

Precisamente para contener una situación declarada “ingobernable” por el propio presidente del Estado de Río de Janeiro, Fernando Pezão, el Gobierno central envió el pasado 28 de julio un amplísimo contingente del Ejército a la Cidade Maravilhosa con el fin de reestablecer el orden. Para tener una idea del nivel de violencia que reina en las calles de Río, basta echar un vistazo a los datos. En 2016 hubo 4.212 tiroteos, un 30% más que en 2015 y un 400% más que en 2011. Y en lo que va de año, la media es de 14 tiroteos por día y de un robo o hurto cada dos minutos. Entre enero y mayo de 2017, más de 2.900 han muerto de forma violenta.

Guerra en las favelas

Esta vez Brasilia no ha escatimado en esfuerzos y ha diseñado un dispositivo sin precedentes, formado por casi 10.000 hombres. Su desembarco en Río de Janeiro ha sido saludado con entusiasmo por una parte de la población. Durante el primer fin de semana, centenares de soldados armados hasta los dientes se dejaron ver en las zonas más nobles como Ipanema y Copacabana. Incluso hubo tanques de guerra en la plaza São Salvador, un lugar que guarda cierto parecido con Malasaña por la enorme afluencia de jóvenes y noctámbulos. En Leblon, el barrio con el metro cuadrado más caro de Brasil, decenas de personas vitoreaban a los helicópteros militares, que sobrevolaban una de las playas más famosas del mundo.

Después de un fin de semana triunfal, las tropas se replegaron para reorganizarse y emprender operaciones específicas contra el narcotráfico y la criminalidad organizada, según informó el Ministerio de Defensa. Tras unos días de relativa tranquilidad, en la que hubo los atracos, tiroteos y homicidios habituales, Río de Janeiro amaneció el 5 de agosto al son de las balas. Era el rugido de una guerra en toda regla con tanques, fusiles y excavadoras para arrastrar las barricadas en una acción bélica que fue pomposamente bautizada como Operación Onerat.

Ha sido la primera gran ofensiva contra el crimen organizado lanzada por el Ejército, en colaboración con la Policía, en varias favelas de la zona norte, entre ellas el Complejo de Lins, formado por 17 comunidades. Esta mega-operación contra el narcotráfico y el robo de cargas contó con unos 5.000 efectivos y se cerró con un balance de cuatro muertos y 15 detenidos. Curiosamente, el ataque acontecía el mismo día en que, hace exactamente un año, empezaban los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más importante del planeta y que discurrió sin ningún accidente grave. En aquella ocasión el Ejército también se encargó de reforzar la seguridad en las calles de la ciudad olímpica, pero en unas circunstancias completamente distintas.

“Desde 1992 en Río de Janeiro contamos con la intervención excepcional del Ejército cada vez que hay un gran evento o una crisis de seguridad. La novedad esta vez, además del tamaño del contingente, es que las autoridades, en palabras del ministro de Defensa Raul Jungmann, no se limitarán a vigilar algunas localidades y se centrarán en golpear el crimen organizado. Esto se puede traducir en un baño de sangre”, advierte a este periódico Ignacio Cano, sociólogo y coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV) de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (Uerj).

Operación Onerat en Río de Janeiro. (Reuters)
Operación Onerat en Río de Janeiro. (Reuters)

Este profesor sevillano, afincando en Brasil desde hace más de dos décadas, es uno de los expertos en seguridad pública más respectados del país. Sus investigaciones son analizadas con interés por el Gobierno de Río de Janeiro y es una voz muy escuchada tanto en el ambiente académico, como en las fuerzas de seguridad. Según Cano, la intervención del Ejército representa un riesgo enorme en el cuadro de degradación de la seguridad pública, que empezó en 2013 y que junto al vacío político y a la dramática crisis financiera del Estado de Río ha sembrado el caos en la Cidade Maravilhosa.

“La intervención militar nunca funcionó, ni va a funcionar a medio y largo plazo. Solo sirve para generar una sensación de seguridad en algunos lugares. Los países de América Latina que ya intentaron este camino, sobre todo México a partir de 2006, tuvieron pésimos resultados. La violencia se disparó, aumentaron las violaciones de los derechos humanos y la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas”, dice Cano. Los últimos datos muestran que, desde que llegaron las tropas el pasado 28 de julio, hubo 246 robos de cargas de los camiones que circulan por las carreteras de Río. La estadística corresponde a una media de 22 robos cada 24 horas. El año pasado, en el mismo período, fueron registrados 195 casos. Reducir el robo de cargas es una de las prioridades de esta operación militar especial.

“Si se quiere realmente combatir el crimen, hay que llevar a cabo investigaciones, algo que no está entre las competencias del Ejército. En este momento no se está diferenciando entre inteligencia policial e inteligencia militar, dirigida a encontrar amenazas externas. Es extremadamente grave, porque nos remite a los tiempos de la dictadura. La Constitución de un Estado democrático otorga otra función a las Fuerzas Armadas. No corresponde al Ejército combatir la criminalidad”, agrega este sociólogo.

¿Cómo se puede vivir con tanques circulando por las favelas, dentro un Estado que se dice democrático?

La militarización de Río de Janeiro es un asunto que ha generado mucha polémica entre los movimientos sociales y los activistas de las favelas, que sufren en sus propias carnes la violencia generada por estas intervenciones especiales. “¿Cómo se puede vivir con tanques de guerra circulando por las favelas, dentro de un Estado que se dice democrático?”, se pregunta Gisele Martins, activista y coordinadora de Educación de la ONG Redes da Maré.

En 2014, en vísperas del Mundial de Fútbol, el Ejército ocupó la Maré, un enorme complejo de favelas formado por 16 comunidades y habitados por 130.000 personas. Ubicado cerca del aeropuerto internacional, es el principal punto de entrada de drogas y armas a la Cidade Maravilhosa. Martins recuerda con horror este periodo, en el que hubo varias víctimas mortales. “Durante los 15 meses que el Ejército permaneció en la Maré, 583 personas fueron presas y hasta hoy responden antes un tribunal militar, que solo funcionó durante la dictadura”, señala. Esta activista cuenta que desde 2009 su casa fue invadida por el BOPE en varias ocasiones y que se vio obligada a abandonarla cuando su terraza fue transformada en el centro de operaciones de este cuerpo de elite de la Policía, sin que nadie le pidiese permiso o autorización.

La doble cara del Ejército brasileño

Martins denuncia que las favelas de Río de Janeiro están siendo usadas como un campo de entrenamiento para las misiones internacionales del Ejército brasileño. “Las favelas son el laboratorio para militarizar otros países. Cuando digo que Río de Janeiro se está convirtiendo en una potencia en seguridad pública, es porque está entrenando a sus soldados en las favelas, y está importando y exportando cada vez más armas”, asegura. Esta activista cree que el objetivo de esta guerra permanente es estimular el mercado de armamentos en un país donde la llamada ‘bancada de la bala’, es decir, el lobby armamentístico tiene mucho poder en el Parlamento. “¿Por qué se gasta tanto dinero en seguridad pública y no en educación, salud, vivienda o en crear nuevos puestos trabajo? La triste realidad es que nosotros, los habitantes de la favela, no somos considerados como parte de la ciudad. Si lo fuésemos, no habría tanques de guerra apuntando contra nosotros”, agrega.

“Río de Janeiro ha sido un campo de entrenamiento de las tropas brasileñas para la misión en Haití”, confirma a El Confidencial Sandra Quintela, coordinadora general del Instituto Pacs (Políticas Alternativas para el Como Sur). “Haití fue ocupado en 2004 y entre 2005 y 2006 nuestro Ejército realizó varias operaciones en las favelas de Río para preparar a las tropas que iban a viajar a este país. Posteriormente, estos mismos militares volvieron de nuevo a las favelas. El comandante de la operación de pacificación en el complejo de favelas del Alemão, Fernando José Lavaquial Sardenberg, comandó las primeras tropas en Haití antes de comenzar la misión, realizando un reconocimiento de área. Es el mismo coronel que piensa militarmente el territorio de la favela”, añade esta economista. De los 800 militares que participaron en esta operación lanzada en 2010, el 60% sirvieron en Haití, cumpliendo funciones de seguridad pública en Puerto Príncipe.

Los militares se entrenan con mi vida. A nadie le importa si yo soy asesinada

“La favela pasa por un proceso de militarización desde su existencia, desde hace más de un siglo. Se ha construido la idea de que nosotros somos el enemigo de la ciudad. Los militares se entrenan en las favelas de Río, se entrenan con mi vida. A nadie le importa si yo soy asesinada”, lamenta Gisele Martins. Para Quintela hay una cuestión ideológica detrás del recrudecimiento de la violencia en Río de Janeiro. “Desde la caída del muro de Berlín, en 1989, el enemigo histórico ya no es el comunismo o el bloque soviético. La construcción ideológica de las últimas dos décadas coloca al nuevo enemigo en las periferias de las grandes ciudades”, expone Quintela. Es una idea que en Brasil surge en los años 90, cuando se generaliza la creencia de que las áreas marginales solo producen violencia. Hace más de 20 años, el sociólogo Luiz Werneck Vianna y el antropólogo Gilberto Velho ya alertaban sobre los riesgos de asociar violencia y clases populares.

Activistas e intelectuales de izquierda denuncian que el Estado brasileño reprime sistemáticamente un perfil muy concreto de ciudadano: negro, pobre y favelado. Hace dos años Amnistía Internacional (AI) lanzó una campaña llamada Joven negro vivo, en la que denunciaba que de las 56.000 jóvenes asesinados en 2012, el 77%, es decir 30.000, eran negros. La directora de AI, Jurema Werneck, critica con vehemencia la decisión del Estado brasileño de enviar el Ejército a Río de Janeiro y reivindica “un plan de reducción de homicidios, y una política de seguridad que preserve la vida y garantice los derechos de las personas”.

Las fuerzas armadas patrullan Lins durante una operación el pasado 5 de agosto. (Reuters)
Las fuerzas armadas patrullan Lins durante una operación el pasado 5 de agosto. (Reuters)

Otra voz crítica contra la intervención del Ejército es la de Juliana Johann, profesora en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Esta experta en relaciones internacionales trabajó durante muchos años para ONGs en territorios de guerra como la franja de Gaza e Irak. “Cuando las personas aplauden un dispositivo hecho para matar y eliminar al enemigo, colocado en el medio de una ciudad, en la cotidianeidad de las personas, solo puede ser por ignorancia. Los que aplauden los helicópteros del Ejército no tienen ni idea de lo que estos equipamientos pueden hacer si son usados contra una población desarmada. Esto está prohibido en contextos de conflicto armados. Incluso en una guerra declarada, hay que seguir las reglas establecidas en la Convención de Ginebra”, reivindica Johann.

Es interesante observar cómo un país que experimentó una dictadura militar de 21 años (1964-1985) es capaz de acoger con tanto entusiasmo a los soldados en sus calles. “En Brasil no se ha hecho un trabajo serio sobre la memoria histórica. Aquí faltan unas Madres de Plaza de Mayo. En Argentina sería imposible ver tanques en las calles. La población de Buenos Aires se sublevaría en el acto”, asegura Quintela. “Quien aplaude los tanques de guerra no vive en las favelas, no tiene sus casas invadidas, no padece violaciones, ni tiene que enterrar a sus hombres negros. El asfalto [en contraposición al morro o favela] aplaude los tanques de guerra porque se siente seguro y sabe que no va a ser atacado”, completa Martins.

“En otros países de América Latina los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura han sido punidos. En Brasil no, a pesar de la recomendación de la Comisión Interamericana de reconsiderar la amnistía. Por eso la gente aplaude la llegada del Ejército a las calles de Río. Los riesgos que esto conlleva no son ampliamente contemplados por la población” remata Ignacio Cano.

Por lo pronto, la previsión es que los militares se queden en Río de Janeiro hasta finales de 2018, es decir, hasta la celebración de las elecciones presidenciales. Después de la mega-ofensiva del pasado fin de semana, el comandante del Ejército, el general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, ha pedido a través de su cuenta de Twitter que los soldados que sirven en Río no sean juzgados por la justicia común. En otras palabras, el jefe de las Fuerzas Armadas solicita una cobertura jurídica especial para las tropas, que les brindaría un trato especial.

En la actualidad el Senado está analizando un proyecto de ley que pretende impedir que los militares envueltos en crímenes contra civiles sean juzgados en tribunales convencionales. Para Daniel Sarmento, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Uerj, este proyecto de ley “viola la Constitución, que solo admite la Justicia Militar para crímenes de naturaleza típicamente militar”. Sarmento ha afirmado en la prensa brasileña que, si esta ley es aprobada, el país sufrirá “un retroceso”.

Ignacio Cano también reconoce que está preocupado con esta escalada militar en Río. “En el mejor de los casos, nos quedaremos como las otras veces. La intervención no tendrá un gran impacto y dentro de un tiempo los soldados se irán, sin que nada haya cambiado significativamente. En el peor de los escenarios, experimentaremos un recrudecimiento de los enfrentamientos, con tiroteos constantes en operaciones militarizadas que aspiran a derrotar al enemigo, pero que en realidad solo traen más inseguridad”, augura.

Yo perdí a seis personas de mi familia por causa de la violencia policial. No existen balas perdidas, no hay casualidades. Es preciso reflexionar sobre el tipo de ciudad en la que se está convirtiendo Río de Janeiro y sobre el modelo de militarización que nos están imponiendo”, recalca Gisele Martins.

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