El 'precedente Montoro' lastra la guerra de Ayuso y Moreno contra el impuesto a los ricos

Hacienda se enfrenta a un incremento de litigios el año que viene. Uno de los canales a través del que se espera un aumento de pleitos es con el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. De hecho, las comunidades de Madrid y de Andalucía ya han anunciado que acudirán al Constitucional, pero hay un precedente del exministro Montoro que podría ayudar a la actual ministra, María Jesús Montero.

Así lo ven los técnicos de Hacienda que lideran el sindicato Gestha, que creen que una batalla que hubo entre el ministerio y algunas comunidades autónomas con la tasa a los depósitos tiene similitudes con la batalla que se espera por el nuevo impuesto a los ricos. En ambos casos, se trata de una decisión estatal que entra en conflicto con comunidades autonómicas.

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El impuesto a los ricos, llamado de solidaridad, supone una intervención estatal desde el Ministerio de Hacienda para establecer un tributo que limite la capacidad autonómica de dejar sin tributar a las grandes fortunas. El método usado ha sido un impuesto que superpone a otro, lo que para Gestha tiene similitudes con la guerra entre 2012 y 2015 entre Hacienda y comunidades autónomas como Extremadura, Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña.

Lo que ocurrió hace una década es que Montoro decidió crear un impuesto estatal que sirviera para anular los tributos sobre los depósitos que habían establecido previamente Extremadura, Canarias, Andalucía y Cataluña. El Constitucional avaló el tributo que estableció Extremadura en 2001, recurrido por el Gobierno de José María Aznar. Andalucía lo estableció en 2010, Canarias en 2012, y después siguieron Asturias y Cataluña.

Con la llegada de Montoro al Ministerio de Hacienda, este impulsó un tributo nacional sobre los depósitos para anular los regionales. Y lo consiguió, estableciendo una tasa sin afán recaudatorio del 0,03%. De hecho, inicialmente fue del 0%, pero acabó elevándolo simbólicamente. En 2013, el Tribunal Constitucional admitió tres recursos presentados contra este tributo estatal con el argumento de que limitaba la capacidad normativa autonómica. Dos se formularon desde Cataluña, desde la Generalitat y el Parlamento, y otro por parte del Principado de Asturias.

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El Constitucional afeó en 2015 a Hacienda por haber formulado el impuesto a través de un decreto sin que estuviera justificado por urgencia. Pero el Gobierno había elevado antes la norma a ley. Y el Constitucional acabó avalando en 2015 el impuesto estatal al desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Asturias.

Lo que ocurre ahora es lo contrario, un impuesto superpone a otro, pero no para anularlo, sino para impulsar la tributación de un grupo de contribuyentes, que son las fortunas con más de 3,7 millones de euros. Esto afecta especialmente a los ricos de Madrid, donde el Impuesto al Patrimonio está bonificado al 100%, y de Andalucía, donde iba a estarlo a partir del año que viene.

El Gobierno quiere evitar la doble imposición, otro tema que podría implicar anticonstitucionalidad

Según los técnicos de Hacienda de Gestha, hay similitudes que reducirían la capacidad de Madrid y Andalucía de sacar adelante un recurso de anticonstitucionalidad por invasión de competencias. Los gobiernos autonómicos denuncian que Hacienda se entromete en su capacidad normativa en Patrimonio, impuesto cedido. Pero en Gestha recuerdan que la cesión se debe a ayudar en la capacidad de obtener ingresos, no a que se decida qué contribuyentes tributan y cuáles no.

En cualquier caso, todo parece indicar que habrá pleitos en torno al impuesto que, según Fedea, tendrá un efecto muy desigual. Habrá impacto en los contribuyentes de Madrid y Andalucía con patrimonios superiores a los 3,7 millones, mientras que en el otro extremo está Baleares, donde solo afectará a personas con más de 209,9 millones de riqueza. Esto se debe a que la cuota autonómica se deducirá en la estatal.

Con esta vía, el Gobierno quiere evitar la doble imposición, otro tema que podría implicar anticonstitucionalidad. Además, hay asesores de grandes patrimonios que trabajan con la opción de recurrirlo tras el pago de la primera cuota en junio. El problema del diseño como proposición de ley es que no ha tenido audiencia pública, recuerdan en Gestha, con lo que no hubo la oportunidad para conocer sugerencias o críticas y, por lo tanto, los argumentos que pueden usar los que pleitear contra el tributo.

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Además, la ministra María Jesús Montero ha abanderado la opción más compleja para armonizar la tributación por patrimonio en España, según el análisis que desarrolló un comité de expertos designado hace un año por el propio ministerio para analizar el sistema fiscal actual y proponer una reforma.

Los académicos, coordinados por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de la Universidad Juan Carlos, redactaron un libro blanco que analizó cuatro opciones para armonizar Patrimonio. La más compleja era una propuesta de Cataluña, que supone establecer sobre el mismo objeto imponible (el patrimonio de las grandes fortunas) un impuesto estatal, y de forma complementaria las comunidades autónomas podrían modular su impuesto, dado que la cuota autonómica minoraría la estatal. "Tendríamos con ello autonomía y cierta uniformidad, con una suerte de impuesto estatal subsidiario", señala el documento.

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Es la opción más parecida al impuesto de solidaridad con el que trabaja Hacienda, que, de hecho, tendrá el mismo esquema en cuanto a exenciones y estimación de la base imponible que el de patrimonio. Es, también, la alternativa más compleja, según los expertos, ya que "supondría una profunda modificación de nuestro ordenamiento".

Las otras tres opciones barajadas por los expertos, ordenadas de más a menos complejidad y de menos a más limitación de la autonomía fiscal, eran establecer un sistema de cesión para que el Estado y las comunidades puedan regular, a partir de una única base imponible, un tramo estatal y otro autonómico; que la norma estatal regulase todos los elementos del impuesto hasta la base imponible con un tope máximo para elevar el mínimo exento, y establecer horquillas sobre el mínimo exento, la tarifa y las deducciones y bonificaciones.