Génova delega en sus barones la batalla jurídica contra la reforma fiscal de Sánchez

La dirección nacional del PP cree que un recurso judicial contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno tendría recorrido en el Tribunal Constitucional, pero no tomará la iniciativa. Génova da un paso al lado y delega en sus barones autonómicos la responsabilidad de abordar la vía jurídica para tratar de paralizar la llamada 'tasa de solidaridad', que prevé ejecutar el Ministerio de Hacienda y que neutraliza la bonificación total o parcial del impuesto de patrimonio en las comunidades gobernadas por los populares. La posición de Alberto Núñez Feijóo es la de "total respaldo" a la decisión que adopten sus líderes territoriales, pero no entrará en una batalla de tú a tú contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esa es la posición que, al menos de momento, abanderan en Génova ante un debate que ha situado a los populares en pie de guerra. El tributo que plantea el Gobierno deberá ser regulado en una ley específica y prevé evitar el sistema de doble imposición, de modo que la cuota ya abonada por el impuesto de patrimonio sea deducible. Así las cosas, la propia formulación de la nueva figura implica que se aplicará fundamentalmente en Andalucía y la Comunidad de Madrid, dos regiones donde la tasa sobre el patrimonio está bonificada al 100%.

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La complejidad del asunto ha despertado opiniones en todas direcciones entre los fiscalistas, ya que se trata de un tributo estatal que grava un hecho imponible sobre el que ya existe otro impuesto, cedido a las comunidades autónomas. En la dirección de Génova, agitan sin temor el argumento de la invasión competencial y del ataque a la "autonomía fiscal" de las comunidades, pero son los presidentes regionales los que decidirán si se arriesgan o no a un varapalo en los tribunales, un camino tan incierto con largo. Desde el Ministerio de Hacienda, insisten en que el Gobierno se ha curado en salud a la hora de atar jurídicamente el nuevo gravamen y que no cabría recurso de inconstitucionalidad, como defiende el PP.

La más combativa en este sentido ha sido Isabel Díaz Ayuso, cuyo equipo jurídico trabaja desde hace días en la elaboración de un recurso que no presentará hasta conocer la letra pequeña del impuesto. No obstante, en el Ejecutivo madrileño advirtieron desde el primer minuto de que el Gobierno podría estar incurriendo en un fraude de ley por asumir competencias normativas blindadas por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), e insisten en que optarán por la vía judicial si ven el más mínimo resquicio para ello. "Cada vez que el Gobierno me ha retado con ir a los tribunales, por defecto, suelo ganar", retó este lunes Ayuso.

En el PP andaluz se encendieron todas las alarmas cuando trascendió la maniobra del Gobierno. A fin de cuentas, el anuncio de Juanma Moreno con la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, en línea con la política fiscal de Ayuso, desató una auténtica revolución política que ha finalizado con una contraofensiva de parte del Gobierno para combatir el 'dumping fiscal' de los populares y desnaturalizar la ofensiva pensada para atraer inversión a sus territorios.

El político malagueño se plantea también la vía judicial por vaciar de contenido las competencias fiscales de las comunidades autónomas, "con base en el título ocho de la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la ley de tributos cedidos", sentenció la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España. "No es serio que un Gobierno 'contrarreforme' a otro Gobierno", aseveró Juanma Moreno.

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Aunque Andalucía y Madrid marquen el camino, otras comunidades del PP sopesan la vía de los tribunales con el argumento de la invasión competencial. Es la pantalla en la que se encuentran Castilla y León y Galicia. En concreto, desde la Xunta, aseguran que valorarán "todos los escenarios" una vez se conozca al detalle el paquete fiscal del Gobierno. "Si invaden nuestras competencias y capacidades de corresponsabilidad fiscal, desde luego también actuaríamos", advirtió Alfonso Rueda, presidente de Galicia, una región que se contagió de las rebajas fiscales de sus compañeros de partido, extendiendo al 50% la bonificación del impuesto de patrimonio.

El PP se ha levantado contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno ya no solo por tratar de neutralizar su política fiscal, sino porque, a su juicio, el impuesto a los ricos solo provocará un éxodo de inversores y grandes fortunas a Portugal. Feijóo censuró este lunes la "gran equivocación" de Sánchez al "señalar" a las empresas como "culpables" de la crisis y, una vez más, trató de desmontar el argumento del Gobierno de que su formación solo favorece a los ricos, enfocando su discurso económico en el detrimento que supone el nuevo paquete fiscal del Ejecutivo para las clases medias. "No es una reforma fiscal, es incrementar los impuestos para intentar recaudar 3.000 millones más", lamentó.