Escrivá no consigue que las pymes se interesen por los planes de pensiones

Los planes de empleo siguen siendo un producto desconocido en el sector empresarial. Así lo refleja un estudio de Caser. Entre los autónomos y las empresas, solo el 33% conoce los planes de pensiones de empleo, mientras que el porcentaje se reduce hasta el 14% cuando la pregunta es sobre si conocen los cambios normativos.

Así lo muestra el 'II Estudio de planes de pensiones de empleo para pymes, microempresas y autónomos' de Caser. Después de la pandemia, los resultados no han mejorado en cuanto a conocimiento de las pequeñas empresas sobre esta opción de ahorro para sus trabajadores o entre los autónomos.

Este déficit se produce en medio de la tramitación parlamentaria del nuevo esquema de ahorro complementario con grandes fondos de empleo de promoción pública, mecanismo que quiere impulsar el ministro José Luis Escrivá. Las gestoras privadas concursarán por gestionar estos fondos, a los que pueden adherirse planes simplificados. El Gobierno ha reducido el incentivo fiscal de los planes individuales para que se focalice el ahorro en el ámbito laboral.

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El proyecto de ley está en el Parlamento, pendiente de negociación con varios grupos parlamentarios. Mientras, esta realidad no ha aterrizado en el ámbito de las pymes y los autónomos. El estudio de Caser está realizado a partir de una encuesta con 450 entrevistas entre empresas y autónomos, con Random Strategy como consultora.

El 33% de los encuestados no ha oído hablar de los planes de pensiones de empleo. Por segmentos, solo el 27% de los autónomos sin empleados conoce el producto, mientras que entre los autónomos con empleados el porcentaje sube al 40%. En las microempresas, solo el 31% sabe del producto, igual que entre las pequeñas empresas, con entre 10 y 50 trabajadores. En las medianas empresas, con entre 51 y 250 empleados, el porcentaje sube al 38%, y entre las grandes empresas, con más de 250 trabajadores, al 42%.

Asimismo, solo el 13% de los encuestados dice haber contratado un producto de ahorro para la jubilación. La mayoría de los que responden afirmativamente aboga por el plan de pensiones individual, y solo el 7% dice que es un plan de pensiones de empleo lo que ha contratado.

Para impulsar el producto, la respuesta más señalada es que se mejoren los incentivos fiscales. Con las nuevas reglas del Ejecutivo, la deducción de las aportaciones en base imponible puede alcanzar los 10.000 euros, si hay 8.500 euros en el plan de empleo y otros 1.500 en el individual. Pero para llegar a los 8.500, el empleador tiene que haber aportado la mitad.

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Sobre los cambios normativos, el 14% dice no saber nada. Este porcentaje se reduce al 10% entre los autónomos sin empleados, y crece hasta el 30% en grandes empresas, de más de 250 trabajadores. El 9 de junio se votarán en el Congreso las posibles enmiendas, para aprobar el dictamen de la ley de forma definitiva y enviarlo al Senado.

Entre los cambios que proyecta esta ley, solo el 24% conoce que la norma prevé la creación de fondos de empleo de impulso público que facilitarán la adscripción a planes de pensiones de empleo de todo tipo de trabajadores. Por su parte, solo el 14% sabe que se plantean nuevos planes de empleo simplificados en que los convenios sectoriales actuarán de promotores. Y tan solo el 12% sabe que la norma establece la creación de una comisión de control especial con representantes del Ministerio de Seguridad Social, patronales y sindicatos.

El texto definitivo está pendiente de la negociación del Gobierno con los grupos parlamentarios y la votación de las enmiendas, ya que ante la negativa de formaciones que han apoyado otras iniciativas, como Bildu, el PSOE podría necesitar a PP o Ciudadanos. Lo que no mencionan ni el texto ni las enmiendas es la comisión máxima que tendrán estos planes de empleo, pese a que uno de los grandes argumentos del ministerio para bascular desde fomentar los planes individuales a los del ámbito laboral es reducir los costes de gestión.

En otoño, el ministerio hizo circular un borrador en la industria de gestoras sobre que sería de un 0,4% como tope, que luego redujo al 0,3% en el anteproyecto y que eliminó en el proyecto. Fuentes del ministerio argumentaron que los detalles técnicos era mejor dejarlos para el reglamento para facilitar el trámite parlamentario. Tampoco se especifica si habrá barreras de entrada para las gestoras que puedan presentarse a concurso para administrar estos planes. Inicialmente, se planteó que fueran 1.000 millones gestionados y 10.000 millones en depositaría, pero se eliminaron estos límites en el anteproyecto.