El PP propone que las asociaciones de funcionarios lancen planes de empleo

La tramitación del proyecto de ley para los fondos de pensiones de empleo que ha lanzado el ministro José Luis Escrivá ya ha pasado el periodo de enmiendas. Entre ellas, hay varias del Partido Popular que pueden ser clave en las negociaciones para sacar adelante esta ley. Ante el rechazo de algunos socios habituales del Ejecutivo en otras iniciativas parlamentarias, Moncloa podría necesitar a los populares.

El proyecto superó la enmienda a la totalidad del BNG con votos a favor de PP, Vox o Ciudadanos. Y algunas formaciones como ERC o Bildu ya han manifestado que están en contra, mientras que Unidas Podemos o Grupo Plural han planteado enmiendas que cambian contenido relevante del texto del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. También hay enmiendas de los partidos conservadores, abiertos a apoyar esta iniciativa si se tienen en cuenta algunas de sus propuestas.

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Una de ellas, desde el PP, pasa por facilitar que haya planes de promoción pública para funcionarios y empleados públicos propulsados por asociaciones. Así lo recoge la formación que lidera Núñez Feijóo en una de sus enmiendas. En el artículo 67 del proyecto de ley, que recoge los tipos de planes de pensiones de empleo simplificados y ámbito personal, el Grupo Parlamentario Popular ha agregado un apartado para incluir esta opción.

El texto salido del ministerio indica que tendrán la consideración de planes de pensiones de empleo simplificados cuatro modalidades: planes promovidos por las empresas incluidas en los acuerdos colectivos de carácter sectorial; planes de pensiones de empleo del sector público promovidos por las administraciones públicas; planes de trabajadores por cuenta propia o autónomos, promovidos por asociaciones, sindicatos, colegios profesionales o mutualidades de previsión social, y planes de pensiones de socios y socias trabajadores y de socios de trabajo de sociedades cooperativas. El PP ha añadido un apartado con su enmienda a este artículo con “planes de pensiones promovidos por las asociaciones profesionales de empleados públicos cuyos partícipes sean sus asociados”.

La propuesta de Escrivá incluye una “regulación específica” para el sector público “que busca la generalización de los planes de pensiones de empleo para empleados públicos, especialmente entre las entidades locales pequeñas y medianas, dentro de los límites que fijen las normas básicas sobre aumentos retributivos”.

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De la redacción de las dos partes anteriores subyace que se abre la posibilidad desde el Gobierno a que una Administración lance un plan de pensiones de empleo para sus trabajadores. Es decir, un ayuntamiento, por ejemplo, podría hacerlo. Lo que añade el PP es que puedan hacerlo asociaciones. Por poner ejemplos, que el Sindicato Unificado de la Policía o la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) puedan promover un plan de pensiones de empleo para sus asociados.

El ministro Escrivá ha abanderado una reforma integral del ahorro complementario para las pensiones favoreciendo el pilar II, que es a través del ámbito laboral, frente al pilar III, que es el individual. La deducción para los planes individuales se ha reducido en dos años desde un máximo de 8.000 euros hasta los 1.500 euros. En paralelo, el ministerio ha trabajado para desarrollar esta ley, que se tramita con carácter de urgencia, con la que potenciar planes colectivos de empleo, que hasta ahora casi no han tenido desarrollo en España.

El mecanismo es que habrá grandes fondos de pensiones de empleo de promoción pública que nacerán de la negociación colectiva, y a los que se pueden adscribir planes simplificados, para los que será más fácil su constitución. “La negociación colectiva se establece como clave en el proceso de expansión de la previsión social empresarial a una gran cantidad de sectores, ya que, hasta la fecha, solo sectores menores de la actividad económica han desarrollado planes sectoriales a escala nacional”, señala el anteproyecto.

La deducción máxima será de 10.000 euros. Los límites para alcanzar esta cota son que el trabajador ponga 5.000 euros y la empresa otros 5.000 euros. Si bien podría darse también que el empleado aporte 4.250 euros y el empleador otros 4.250 euros, a lo que se sumarían 1.500 euros, que se permiten para el plan individual, y que se pueden aportar a este o al de empleo.

La propuesta del Gobierno establece que el empleado puede aportar 2,5 veces más cuando la empresa aporta 500 euros o menos; dos veces más si está entre 1.000 y 2.000 euros, y no más que el empleador si este aporta 2.000 euros o más. Asimismo, el máximo para los autónomos será de 5.750 euros. Desde el PP y Ciudadanos, se propone que el límite de aportación de las empresas a los planes individuales suba de 1.500 a 5.000 euros.

Entre otras medidas, el PP también propone que los supervisores tengan presencia en la Comisión de Control Especial. Esta comisión, ya prevista por la nueva norma, estará compuesta por 13 miembros. El Ministerio de Seguridad Social prevé que cuatro miembros estén propuestos por los sindicatos, otros cuatro por asociaciones empresariales y cinco por el propio ministerio.

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El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda para que se reduzcan a dos asientos los que propongan, respectivamente, sindicatos y patronales, y tres el ministerio. Seguirían siendo 13 miembros, y, para llegar a esta cifra, el PP pide que haya asientos de miembros designados por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, la Secretaría General del Tesoro, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y el Instituto de Actuarios Españoles.

El periodo de enmiendas ya se ha cerrado, y se espera que enseguida se constituya la ponencia de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para que después se debata en dicha comisión y, si se aprueba la propuesta, pase al Senado. La intención inicial del ministro Escrivá era que se aprobara en la primera mitad del año.

Lo que no mencionan ni el texto ni las enmiendas es la comisión máxima que tendrán estos planes de empleo, pese a que uno de los grandes argumentos del ministerio para bascular desde fomentar los planes individuales a los del ámbito laboral es reducir los costes de gestión. En otoño, el ministerio hizo circular un borrador en la industria de gestoras sobre que sería de un 0,4% como tope, que luego redujo al 0,3% en el anteproyecto y que eliminó en el proyecto.

Fuentes del ministerio argumentaron que los detalles técnicos era mejor dejarlos para el reglamento para facilitar el trámite parlamentario. Tampoco se especifica si habrá barreras de entrada para las gestoras que puedan presentarse a concurso para administrar estos planes. Inicialmente, se planteó que fueran 1.000 millones gestionados y 10.000 millones en depositaría, pero se eliminaron estos límites en el anteproyecto.