El pleito de Julius Baer llega a la AEPD por quejas del expresidente de Tubos Reunidos

Pedro Abásolo, expresidente de Tubos Reunidos, ha hecho que la demanda por competencia desleal de Julius Baer contra Auriga y cuatro exbanqueros que adelantó este medio llegue a la Agencia de Protección de Datos (AEPD). El mandatario ha trasladado al organismo su queja por aparecer en un listado de clientes que figura en dicha demanda mercantil.

La AEPD recibió en febrero una denuncia contra Julius Baer Agencia de Valores SAU por “presuntas infracciones” en el uso de datos personales y profesionales de algunos de sus clientes. La denuncia la interpuso el abogado Juan Suárez, según fuentes del mercado, en nombre del citado Pedro Abásolo Alboniga, que fue hasta 2017 y durante 25 años presidente de Tubos Reunidos.

La denuncia, que repitió el 5 de marzo, solicita medidas provisionales de urgencia basándose en el artículo 69.1 de la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento europeo 2016/679 consistentes en “la retirada cautelar de los datos en cualquier soporte existente que mantuviera la entidad denunciada” y “la retirada de todo documento, informe, dato, y menciones de toda índole existentes en las oficinas de las siguientes entidades”, citando los nombres propios de Julius Baer, Auriga Global Investors Sociedad de Valores, Quadriga Asset Managers, Mansolivar, Forrest Digital, Mirabaud, Pictet y Marveler Solutions, así como el Juzgado de lo Mercantil número 12, donde está interpuesta la demanda por competencia desleal de Julius Baer contra Auriga, Quadriga y cuatro exempleados.

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Abásolo generó un patrimonio importante en Tubos Reunidos. De hecho, en enero de 2008, antes de la crisis, vendió un paquete de acciones de la compañía por 2,36 millones, a un precio de 5,62 euros por acción, y en 2014 otro paquete por 3,5 millones, a 1,8 euros el título. La firma alavesa de ingeniería inició hace tres años una debacle bursátil, ya sin Abásolo, que ha llevado a los títulos a cotizar en los dos últimos años entre 0,1 y 0,2 euros.

El ingeniero y exCEO de Tubos Reunidos es uno de los más de 170 clientes que dejó Julius Baer con la salida de cuatro exempleados, entre ellos uno de los banqueros estrella durante casi tres décadas del banco suizo, Víctor del Rey, que fue despedido. La fuga de patrimonio fue de unos 300 millones de euros. En el listado al que hace referencia la denuncia en la APD hay posiciones que van desde los 100.000 euros hasta los 25 millones.

La APD no admitió la reclamación al considerar que “las manifestaciones efectuadas y las pruebas aportadas resultan insuficientes para acreditar, ni tan siquiera de manera indiciaria, una vulneración del deber de confidencialidad por parte de la entidad reclamada”. Además, recuerda que “cualquier acción por parte de esta Agencia penalizaría el ejercicio de la defensa judicial”.

No obstante, el abogado Juan Suárez presentó la semana pasada un recurso de reposición en nombre del citado Pedro Abásolo y de Juan Carlos Castrosín, CEO de Powerful Inventions, según fuentes conocedoras, alegando que ninguno de los representados “son parte” en el pleito de Julius Baer, y que los clientes incluidos en el listado son “personas de reconocido prestigio personal y profesional a nivel nacional e internacional, de muy alto poder adquisitivo y con relaciones de alto nivel empresarial y social que veían afectada no solo su intimidad económica sino sus relaciones profesionales, de negocios e inversiones e incluso afecta a las empresas que ellos mismos representan”.

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Según el recurso del abogado, “existe constancia expresa de que la remisión de estos datos se ha producido a terceros, entre funcionarios de la administración, gestores varios, profesionales y administradores de los despachos actuantes y entidades” como las ya citadas. “Ni qué decir tiene que ni mis representados autorizaron en ningún momento a Julius Baer la utilización de sus datos económicos para su uso en acciones lucrativas contra terceros, ni puede aceptar que los mismos se hayan hecho públicos”, insiste el escrito.

El abogado ha puesto la misma denuncia ante el Comisionado Federal para la Protección de Datos e Información (EDÖEB) en Suiza. Asimismo, tuvo un cruce de comunicaciones al respecto con Garrigues, que representa a Julius Baer en las demandas. El 19 de febrero el abogado envió a Julius Baer un requerimiento para retirar los datos de los clientes de informes o denuncias, y respondió el 26 de febrero Garrigues.

En la misiva, el despacho asegura que “el uso de los datos personales (...) por parte de Julius Baer se ha limitado a su aportación como prueba en el procedimiento ordinario (...), siendo este un uso necesario y proporcionado. Se trata de un uso amparado por el derecho a la prueba previsto en el artículo 24.2 de nuestra Constitución”. Garrigues defendió que el uso de los datos ha sido “necesario” para el derecho a la tutela judicial y que ha sido “proporcionado”, “limitado al procedimiento judicial” y que “el interés legítimo de Julius Baer en el derecho a obtener la tutela judicial coincide, además, con el interés general”, incluyendo “el cese de información confidencial obtenida de forma ilícita”, dado que los datos han estado bajo contratos con compromiso de confidencialidad o bajo secreto judicial en el pleito. Este punto puede ser importante, porque para que haya llegado a conocimiento de Abásolo y Castrosín, alguien ha quebrado acuerdos de confidencialidad en informes encargados por Julius Baer o el secreto bajo sumario en el pleito.

Por su parte, Suárez respondió a Garrigues reiterando el requerimiento y avisando de la denuncia en la AEPD. Asimismo, volvió a asegurar que el uso de los datos es “ilegítimo”, y en cuanto a la tutela judicial que esta prevalece al derecho de protección de datos “siempre y cuando los datos tratados sean de partes del proceso judicial”, pero en este supuesto, alega que “nos encontramos ante la entidad Julius Baer, que teniendo en su poder datos de carácter económico y personal de sus clientes los utiliza con ánimo de lucro personal”.

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Los clientes del citado listado, entre los que están los dos ejecutivos que han denunciado a la AEPD, salieron en 2017 cuando hicieron lo propio cuatro ex empleados, dos de ellos de forma voluntaria y otros dos despedidos, que denunciaron por despido improcedente a Julius Baer, perdiendo en ambos casos contra la entidad. Esta, a su vez, interpuso una demanda por competencia desleal contra los cuatro y contra Auriga y Quadriga. El juicio estaba previsto en abril, pero se suspendió por las restricciones contra el coronavirus y las partes esperan nueva fecha con la ‘vuelta a la normalidad’.

Julius Baer, según explica en la demanda, suspendió de empleo aunque no de sueldo a Del Rey el 28 de agosto de 2017, y delante de un notario, peritos y abogados, recopiló información de su ordenador y encargó un informe a Forrest Digital. Después, despidió al banquero y solicitó otro informe a Mansolivar sobre el daño económico causado con la salida de clientes, por lo que reclama 3,9 millones. Por ello, salen estas dos firmas entre las que han tenido acceso al listado de clientes.

Los ex empleados de Julius Baer quisieron montar un modelo de asesoramiento teniendo como soporte a Auriga y Quadriga por un lado en la gestión, y a Pictet en la depositaría. Pictet decidió no participar y, después de que se desvincularon de Julius Baer, alcanzaron un acuerdo con Mirabaud, siempre según el relato de la demanda por competencia desleal, interpuesta por la agencia de valores del grupo suizo a través de Garrigues. Por eso habrían salido estos nombres propios en la denuncia ante la AEPD.