Economía analiza limitar la inversión de minoristas en acciones y bonos de la banca

La consulta para transponer nuevas normas europeas sobre el sector financiero contiene una opción que puede incluir nuevas exigencias en la comercialización de productos para minoristas. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital escuchará al sector para evaluar si impone la realización de un test de idoneidad a la compra de acciones y bonos de la banca tradicional, así como otro tipo de límites.

El nuevo paquete bancario, aprobado en Europa el pasado verano después de tres años de discusiones, debe ser transpuesto en cada país para tener el mismo rango normativo que las leyes locales. El objetivo de la nueva directiva 2019/879 es modificar la 2014/59 sobre la absorción de pérdidas y recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y toca también la comercialización de los instrumentos usados para ello.

La norma amplía las obligaciones en la venta a clientes minoristas de “ciertos instrumentos financieros”. Es decir, para los pasivos susceptibles de absorber pérdidas y recapitalizar un banco en caso de resolución (MREL), como ocurrió con el Popular. Hasta ahora ya existían obligaciones de test de idoneidad para los CoCos o AT1, y se extienden a instrumentos como deuda sénior no preferente o deuda subordinada, que no computan como fondos propios.

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Sin embargo, la directiva (artículo 44bis) deja a decisión de los estados miembro poder extender las condiciones establecidas a los vendedores a otros instrumentos “que cumplan los requisitos para ser considerados fondos propios o susceptibles de recapitalización interna”, lo que pone en la diana a las acciones.

La consulta del ministerio que dirige Nadia Calviño escuchará opiniones para analizar si las obligaciones incluyen a “instrumentos considerados fondos propios”, que principalmente son las acciones, así como a “otros pasivos susceptibles de recapitalización”, como la deuda sénior. Esto es, se podría exigir test de idoneidad para comercializar acciones entre inversores minoristas. También menciona si debería ampliarse el requisito a la deuda sénior.

Límites cuantitativos

Por otro lado, la norma introduce límites a la distribución de estos productos. Si la cartera del inversor no supera los 500.000 euros, el vendedor debe asegurarse de que el importe de la inversión en pasivos admisibles no sobrepasa el 10% de dicha cartera y el importe inicial invertido en estos pasivos es de al menos 10.000 euros. Asimismo, los estados pueden exigir un valor nominal de al menos 50.000 euros. En principio, el texto de la directiva sugiere que los cambios no afecten a los instrumentos de pasivo emitidos antes del 28 de diciembre de 2020, aunque abre la puerta a que los estados adelanten esta fecha.

Fuentes de la banca esperan que el cambio no sea muy relevante, aunque hasta ahora cualquier inversor tiene facilidad para comprar acciones de un banco o de cualquier otra empresa. Solo en determinados servicios de asesoramiento pueden tener que hacer test de idoneidad para invertir en cualquier producto.

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La consulta también sirve para decidir si se amplía la proporción de entidades que pueden recibir un tratamiento equivalente a las más grandes y, por lo tanto, afectar al cálculo de sus requerimientos de MREL. En concreto, la normativa habla de las entidades más grandes (a partir de 100.000 millones en activos o con menor volumen pero con riesgo sistémico) a las que se exige un 8% del total del balance en subordinación. La autoridad de resolución (JUR) puede ampliar el requerimiento para algunas entidades si no afecta a más del 30% de entidades de su competencia, mientras que el texto da la opción de que los estados puedan ampliar por encima del 30% la proporción de bancos afectados.

La transposición también servirá para adaptar a las legislaciones nacionales la suspensión de pagos si una entidad es declarada inviable, además de reconocer contractualmente las competencias de suspensión de la resolución. Por otro lado, “se han ampliado los poderes de las autoridades de resolución para suspender, bajo determinadas condiciones, las obligaciones de pago o entrega de la entidad en resolución durante un máximo de dos días”, señala la consulta.

Es decir, podrá decretarse un corralito en algunas circunstancias, algo que no sucedió con Banco Popular. “Los estados miembro deben evaluar si se establece un importe que sí podrán retirar los depositantes y hasta qué cuantía”, señala Desirée Galán, consultora del área de banca de Afi.