LOS CASOS DE PONTEVEDRA Y RETORTILLO

El uranio y la celulosa pagan en bolsa el nuevo Gobierno de izquierdas

La formación socialista tiene un firme compromiso con la ecología y transición energética; característica que celebran las renovables, pero sufren en bolsa empresas como Ence y Berkeley

Foto: Retortillo, Salamanca, lugar donde Berkeley pretende constituir su mina de uranio. (Reuters)
Retortillo, Salamanca, lugar donde Berkeley pretende constituir su mina de uranio. (Reuters)

El PSOE ha ganado las elecciones, pero todavía tiene que formar gobierno. Ante semejante panorama, los inversores de las compañías más expuestas de la bolsa ya hacen sus apuestas: mientras que sectores como el de las renovables recibieron con alzas los resultados electorales, Ence y Berkeley sufrieron el lunes un golpe bursátil del que todavía no han sido capaces de recuperarse.

Las casas de análisis estiman que aún falta para que se estabilice la situación política nacional, ya que todavía quedan las elecciones locales y las europeas. Aunque ya esta semana avisaban de que preferían una coalición entre el PSOE y Ciudadanos, los analistas consideraban más probable un pacto de izquierdas entre la formación socialista y Podemos. Pese a todo, muchas preveían poca reacción por parte de los mercados.

No obstante, y aunque todavía no han tenido mucho tiempo para digerir el panorama político (sobre todo con los festivos de mayo de por medio), las bolsas ya dan algunas pistas sobre el futuro. Un sector especialmente expuesto es el de las energías renovables, por toda la regulación al que está sometido su negocio y condicionadas por una etapa política enfocada en la transición energética

Fuentes del mercado estiman que el PSOE tiene una mayor apuesta por las renovables que las demás formaciones, y consideran que el Partido Socialista podría favorecer a estas compañías a la hora de impulsar normativas que favorezcan al sector. No obstante, los expertos tampoco entienden que los mercados estén respondiendo como lo están haciendo, ya que, según ellos, todavía hay que ver qué Gobierno se forma para poder analizar mejor las medidas a las que tendrán que enfrentarse las empresas.

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Además, dichas fuentes recuerdan que ciertas cuestiones pasan por entidades independientes al Gobierno, como es el caso de las competencias en materia de regulación las subastas de renovables por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, la estrategia hacia la transición energética también viene impulsada desde Bruselas como parte de la Acción por el clima de la UE.

Y con todo la jornada bursátil del día 29 marcó la pauta: las dos empresas que más perdieron en bolsa fueron Berkeley Energía (-5,36%) y Ence (-4,78%), mientras que las renovables Audax y Solaria cerraron con un alza del 20% y 9,4%, respectivamente. Durante los cinco días, las cotizaciones se han diluido ligeramente, pero el bache del lunes sigue dejando mella. Ence ha intentado recuperar las pérdidas en el silencio de la semana, pero ha terminado cerrando con un sesgo negativo del 4%, que añade a su caída del 12% en lo que va de año; mientras que Berkeley ha extendido las pérdidas hasta acumular un retroceso del 9% en los últimos cinco días (aunque en el año sigue doblando su precio en bolsa).

Asunto pendiente en Pontevedra

Una parte minoritaria de los ingresos de Ence provienen de la biomasa, pero su negocio principal es la celulosa, en la producción de papel. Si ya desde que entró en enero registró unas caídas que se vieron agudizadas tras sus resultados a cierre de año, el golpe bursátil final fue la resolución del Estado de desistir en el amparo a la prórroga de la planta de papel en Pontevedra (Galicia).

Para entender el contexto de esta prórroga hay que remontarse a 2016, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy (entonces en funciones desde el Partido Popular) otorgó a la fábrica de Pontevedra una prórroga que le permitiese operar hasta 2073, artimaña que permite la Ley de Costas de 2013. La fábrica ha dado pie a decenas de manifestaciones tanto por organizaciones ecologistas como por asociaciones vecinales, por los residuos que la planta emite en la ría y el hedor al que somete a los lugareños.

La fábrica de Pontevedra (Galicia). (EFE)
La fábrica de Pontevedra (Galicia). (EFE)

Con todo, medio año después de la moción de censura impulsada por el PSOE contra el Gobierno del PP, la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica (dependiente a su vez del Ministerio de Transición Energética) anunció su apoyo con el Ayuntamiento de Pontevedra y anuló la concesión emitida hace tres años por la formación de derechas.

Una decisión que, a su vez, Ence calificó de ser un "cambio de criterio radical y arbitrario" y ha recordado de forma reiterada que más de 5.000 familias dependen de la planta.

Pese a todo, el conflicto por la llamada 'Celulosas' en Pontevedra no es nuevo. Ya en los años 90, Ence fue llevada a juicio a raíz de una denuncia de un vecino que encontró desperfectos en una finca cerca de las instalaciones y, tras doce años de proceso, seis ex directivos de la compañía fueron condenados en 2002 por incumplir la normativa de vertidos híbridos y atomosféricos hasta 1994. Y es que los vecinos llevan décadas protestando contra el complejo de Lourizán: la Asociación Pola Defensa de la Ría, por ejemplo, tiene más de treinta años de recorrido.

Por ahora, el asunto de la prórroga está en 'stand by', pendiente de que se aclare el panorama político y se desarrollen los procesos judiciales pertinentes. De momento, el que desde hace una semana ya es presidente ejecutivo de Ence, Ignacio Colmenares, dijo en la junta general de accionistas de finales de marzo que, durante los cuatro o seis años que estima que dure el proceso judicial, no renunciará a los objetivos propuestos de generación de valor para los accionistas. No en vano, la fábrica supone el 30% del negocio total de la cotizada.

Hoy por hoy, Ence defiende firmamente que cumple todos los requisitos ecológicos. Colmenares argumentó en la última junta que "la biofábrica" obedece "ampliamente" con "las más exigentes normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas". "Prueba de ello es la riqueza de los bancos marisqueros que se encuentran junto a la biofábrica pontevedresa o que todas las playas cercanas a la misma tienen bandera azul de la UE”", zanjó el directivo.

Incertidumbre en Retortillo

Ya en el interior del país, Berkeley Energía sigue pendiente de qué va a ser de su proyecto de mina de uranio en Retortillo (en las llanuras de Campo Charro, cerca de Salamanca). Dicha planta recibió la aprobación preliminar en 2013, momento en el que también gobernaba Rajoy, pero aún precisa de la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyo pleno es elegido por el Parlamento.

A principios de abril, la minera presentó un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la designación de los nuevos miembros del CSN: José María Serena, Francisco Castejón, Pilar Lucio y Elvira Romera (unos nombramientos que el CSN se vio obligado a acometer a finales de marzo, ya que el mandato de sus miembros es de dos años y algunos habían caducado). Sin embargo, el TS no reveló los argumentos presentados por Berkeley.

Un spa de Retortillo cerca del lugar donde se alojaría la mina de Berkeley. (Reuters)
Un spa de Retortillo cerca del lugar donde se alojaría la mina de Berkeley. (Reuters)

Al mismo tiempo, el TS rechazó la solicitud urgente del PP de anular los nombramientos, con la formación 'azul' arremetiendo en un comunicado específicamente contra el profesor Castejón, al alegar que "existe un claro conflicto de intereses" con su posición en el pleno del CSN. Castejón, por ejemplo, ha tuiteado reiteradamente contra la mina de Retortillo.

Y es que el PP fue también el que dio el visto bueno a la mina desde la alcaldía de Retortillo en 2011. De hecho, Stop Uranio presentó en 2016 una demanda por presunto delito de cohecho contra cuatro de los ediles de dicho gobierno municipal, entendiendo que estos tenían intereses propios para otorgar la concesión a la que, de llevarse a cabo, será la mayor mina abierta de uranio en Europa. La querella de los activistas alegaba que el alcalde de la ciudad, Javier Santamartina había recalificado y vendido unos terrenos a Berkeley por un precio muy superior a su valor inicial y en el que la empresa posteriormente construyó sus oficinas.

No obstante, el juzgado de Instrucción de Ciudad Rodrigo absolvió en 2017 a los concejales. Sobre el caso de Santamartina, el fallo argumentó que, atendiendo a un informe de Berkeley, las parcelas en cuestión se encontraban dentro del perímetro del yacimiento, por lo que antes o después la empresa habría expropiado los terrenos (o con acuerdos amistosos o con un expediente de expropiación forzosa).

La compañía anunció a finales de este mes de abril, mediante hecho relevante, que, pese a la incertidumbre que rodea la construcción de la mina, Berkeley continúa avanzando en el proyecto. La empresa también quiso recordar en el comunicado que, en enero, el propio CSN había evaluado favorablemente el cumplimiento de la mina con el Plan de Vigilancia preoperativo para las afecciones radiológicas y ambientales y el Plan de Vigilancia operacional para el Control de las Aguas Subterráneas.

Dichas resoluciones son, de hecho, un buen ejemplo de lo susceptible que es la cotización a las palabras del CSN: aquel 11 de enero, un torbellino de publicaciones, presuntos desmentidos y posteriores confirmaciones sobre los informes de cumplimiento llevaron a la cotización de Berkeley a pasar de subir un 63% a cerrar con un sesgo negativo del 3%.

No en vano, el grupo tiene invertidos más de 70 millones de euros en el desarrollo de la mina durante la última década y planea invertir 250 millones adicionales a lo largo del proyecto. Fuentes no identificadas revelaban a la agencia Reuters en octubre, sin embargo, que el Gobierno socialista tenía entre sus planes bloquear los permisos adelantes de esta planta.

Con todo, también es cierto que la cotización de la minera presenta altos niveles de volatilidad, con la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) habiendo expresado preocupación en el pasado por los bruscos movimientos de los títulos de Berkeley.

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