MILES DE EMPLEOS EN JUEGO

La crisis de Ence activa la alarma de la desindustrialización en Galicia

El cese de la concesión de la papelera se suma a los despidos en Alcoa, Ferroatlántica y Naturgy y lastra a un sector que no logra reponerse de la crisis

Foto: Manifestación contra la papelera de Ence en Pontevedra el pasado 2016. (EFE)
Manifestación contra la papelera de Ence en Pontevedra el pasado 2016. (EFE)

Alcoa, Ferroatlántica, Ence… Los últimos meses son un continuo sobresalto para la gran industria gallega, que con unos índices de producción en retroceso, asiste ahora a la caída de algunos de sus principales iconos del sector. Cuando aún no ha logrado alcanzar los niveles previos a la crisis, años en los que llegó a representar el 20% del PIB, el desplome de las grandes cuenta ahora con un factor añadido: el posible fin anticipado de la concesión de la papelera Ence en Pontevedra. Es una noticia fantástica para muchos grupos ecologistas, algunos partidos políticos y el Ayuntamiento de la ciudad, que declaró a Rajoy persona non grata precisamente por prorrogar sus permisos. Pero en el plano económico plantea dudas que van más allá de sus 400 empleos directos.

“Es una falta de respeto; no merecemos este trato y defenderemos con total convicción esos 5.000 empleos”, reaccionó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La cifra hace referencia a 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte y a otros 2.100 en el sector forestal, que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra. Cada día entran en la fábrica de Pontevedra 300 camiones, con lo que ello significa para el sector del transporte. Ence aporta un 28% del PIB de Pontevedra, paga más de 33 millones de euros en impuestos y es uno de los principales exportadores de Galicia, con una cifra anual superior a los 200 millones de euros.

Son algunas de las cifras que maneja la compañía para tratar de doblar el pulso al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha apoyado tres de los recursos presentados contra la ampliación de la concesión en 60 años que aprobó el Ejecutivo de Rajoy en enero de 2016, en ese caso en funciones. Al abrigo de esa prórroga, Ence se comprometió a invertir 71 millones de euros, de los que a estas alturas, según la propia papelera, ya se han gastado 40 millones y comprometido otros 10, que se sumarían a otros 92 millones invertidos en la planta gallega. “Ence se comprometió adicionalmente a llevar a cabo un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones para mejorar la depuradora de la ciudad, rehabilitar el pazo de Lourizán, dinamizar el empleo forestal e impulsar la bioeconomía de Galicia”, señala la empresa.

El Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado desde 1999 por el BNG de Miguel Anxo Fernández Lores, no ha ocultado su satisfacción por la decisión de Sánchez. “Dijimos que trabajaríamos con todos los recursos a nuestra disposición para que Ence salga de la ría con el objetivo de recuperarla. Es un compromiso que adquirimos con la sociedad pontevedresa y que cumplimos”, apuntó su portavoz Carme da Silva. La papelera ocupa dominio público junto a la ría pontevedresa, por lo que su actividad depende de una concesión de la Dirección General de Costas para operar. El criterio de la Abogacía del Estado que acaba con ese permiso es el de que no se ha acreditado que la ubicación de la empresa sobre el dominio público marítimo-terrestre no pueda tener otro emplazamiento alternativo.

Las sombras que se ciernen sobre el futuro de Ence llegan solo unos días después de que Alcoa alertara del serio riesgo para la viabilidad de su planta de San Cibrao, en Lugo, a causa del borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, en el que se recoge una bajada del precio de la luz a la gran industria. La lucense es la única planta de aluminio primario que Alcoa mantiene abierta en Galicia, tras el cierre progresivo de la de A Coruña. Pero hay más incertidumbres para el sector industrial gallego, que ya presenció en su día con Martinsa-Fadesa la mayor quiebra de la historia empresarial en España. Ferroatlántica, Isowat, Poligal o la térmica de Naturgy en Meirama también se baten en retirada de Galicia, donde dan trabajo a cerca de 3.000 trabajadores.

El cierre de Alcoa de A Coruña supondrá la pérdida del puesto de trabajo para 369 personas –además de otras 317 en la planta asturiana de Avilés–, pero de manera indirecta, una y otra afectarán a unos 3.000 empleados. La crisis de San Cibrao amenaza a unas 1.700 personas, distribuidas en sus plantas de alúmina y de aluminio. Naturgy cerrará en 2020 la central térmica de Meirama (Cerceda), que da empleo a 77 personas. El expediente de regulación temporal de empleo en Ferroatlántica, mientras, afecta a 384 trabajadores gallegos: 262 en Dumbría-Cee, y otros 122 en la fábrica que la compañía tiene en Sabón. Invertaresa, matriz de Isowat Made –dedicada al material eléctrico– se encuentra en fase de liquidación, lo que afectará a sus 90 empleados de A Grela (A Coruña), mientras que Poligal, fabricante de película de propileno de Narón, en concurso de acreedores, puede dejar en la calle a 108 personas.

En el caso de Ence, las consecuencias tienen muchas vertientes. Una de ellas es la protección ambiental: de consumarse el cierre, se vería satisfecha una demanda histórica del ecologismo. El discurso de la papelera habla en cambio de “excelencia medioambiental”, y de “ejemplo de contribución a la bioeconomía, la economía circular y la sostenibilidad”. Así, sostiene que la fábrica pontevedresa “blanquea la celulosa con agua oxigenada”, sin utilizar cloro, y que su actividad se rige “por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental”. “La prueba más palpable de la calidad medioambiental es que se marisquea delante de la biofábrica en marea baja dos veces al día”, subraya la empresa. Ninguna playa de la ría de Pontevedra está incluida en el Informe 2018 de Banderas Negras que realiza Ecologistas en Acción. También presume Ence de realizar entre otros un análisis diario del efluente y una prueba semanal que se reporta a la Xunta.

Ninguna playa de la ría de Pontevedra está incluida en el Informe 2018 de Banderas Negras que realiza Ecologistas en Acción

Pero es en el ámbito económico en el que el debate es menor, con independencia de que la planta pueda ser trasladada a otra zona más alejada del mar o no. Así, Ence sostiene que, además del empleo o contribución al PIB de forma directa, su cierre sería un golpe “tremendo” al sector forestal del noroeste español y al empleo rural, ya que es la destinataria de la mitad de la madera que se produce anualmente en Galicia y el principal cliente de los productores de madera gallego. “El 30% de los empleados en el sector forestal de Galicia dependen de la actividad de Ence”, sostiene. Se vería el sector afectado por una “fuerte bajada de precios” por la menor demanda, y ello derivaría en el abandono de muchos montes forestales, lo que supondría “un mayor riesgo de incendios”. “La caída de precios afectará a las más de 200.000 familias productoras forestales, aumentando el abandono del medio rural”, vaticina.

[La agonía del norte de España: no ha recuperado ni el 40% del empleo perdido]

La decisión del Gobierno de abrir las puertas a los recursos contra la prórroga ha cogido totalmente desprevenida a la compañía, que tacha de “injustificable y repentino” el cambio de criterio. La actuación del Gobierno, afirma, “es contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había mantenido” durante todo el procedimiento. Ence sostiene que la Dirección General de Sostenibilidad en la Costa da “argumentos contrarios a los que ha defendido hasta la fecha en el último momento procesal”, por lo que anuncia que va a utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de la fábrica. Es una actuación, añade, que “solo puede ser explicada en clave electoral”. Con clave o sin ella, a pocos días de unas elecciones se anula una concesión que otro Gobierno, el de Rajoy, prorrogó justó después de una cita con las urnas.

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