Europa apura las exigencias a la banca de deuda anticrisis con 27.000 M en juego

Las autoridades europeas siguen con su cruzada para evitar el uso de dinero público para recapitalizar bancos en el futuro, más allá de excepciones como el rescate de dos cajas italianas en 2017, poco después de la resolución del Popular. Para ello, los bancos tendrán que continuar emitiendo miles de millones en deuda anticrisis, aunque, varios años después, aún no conocen los mínimos definitivos.

Los bancos españoles esperan recibir la primera comunicación desde Bruselas entre marzo y abril, aunque las expectativas anteriores se situaban en diciembre de 2018. Se trata de la enésima demora del MREL (mínimo requerido de pasivos exigibles, por sus siglas en inglés). Las entidades se juegan tener que emitir entre 45.000 millones y 72.000 millones, según cálculos de AFI.

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La Junta Única de Resolución (JUR, o SRB por sus siglas en inglés), célebre en España por la resolución de Banco Popular, es el organismo encargado de establecer el nivel mínimo de fondos propios y pasivos elegible. La institución que preside Elke König mandará una carta a los bancos, que tendrán un plazo para presentar alegaciones y después recibirán la decisión definitiva sobre volumen emitido que, en principio, tendrá la meta para 2024.

El mercado prevé que la suma de capital y pasivos exigibles (o ‘bailinable’, en la jerga, por recapitalización interna o 'bail in') sea el doble que los actuales niveles de la ratio de capital de CET1 ‘fully loaded’, que oscila en los bancos españoles entre el 11% y el 13%. Los analistas de AFI estiman que el rango final se situará entre el 20% y el 22% de los activos ponderados por riesgo (APR), lo que supone necesidades de financiación de entre 45.000 millones y 72.000 millones, que representarían entre el 3,3% y el 5,3% de los APR. Es decir, según estas estimaciones, hay 27.000 millones en juego.

En un artículo publicado por Funcas, los analistas Ángel Berges, Alfonso Pelayo y Fernando Rojas concluyeron con datos de 2018 que el conjunto de entidades españolas cuenta con una ratio de capital CET 1 ‘fully loaded’, la de máxima calidad, del 12,5% de los activos ponderados por riesgo. A esta suma de recursos y fondos propios se añade un 1% en bonos contingentes convertibles (CoCos o AT1) emitidos, lo que da lugar al T1 Capital Ratio, que principalmente es el CET1 más los CoCos.

Por su parte, la deuda subordinada (Tier 2) alcanzó el 0,8% de los APR, y los bonos sénior ‘unsecured’ (no asegurados), un 2,3%. En total, los bancos contaban con un 16,6% de capital y pasivos exigibles, en una horquilla entre el 11,2% y el 18,3%, lo que mostró que algunas entidades estaban aún lejos de los objetivos que esperan los expertos, al menos en el 20%.

En este sentido, la JUR se decantó por exigencias a dos velocidades entre los bancos más internacionales y los que tienen un negocio preferentemente doméstico. Así, Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell ya recibieron comunicaciones al respecto el año pasado. En la entidad cántabra que preside Ana Botín hay exigencias adicionales por ser ‘demasiado grande para caer’ (TLAC, por sus siglas en inglés).

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Los tres bancos recibieron comunicaciones sobre sus exigencias hace algo menos de un año, pero podrían no ser definitivas. Según comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cumplían los requisitos para 2020 y están alineados con sus planes de financiación. Para Banco Santander, fue del 24,35% de los activos ponderados por riesgo a 31 de diciembre de 2016; para BBVA, del 28,04%, y para Sabadell, del 22,7%.

La entidad catalana, que mudó su sede social a Alicante, es consciente de que podría cambiar el requisito si se aprueba un nuevo marco de requerimientos, aunque “los periodos serían más largos y nos conducirían a 2024”, señaló Tomás Valera, director financiero, a los analistas en la última presentación de resultados. “Si este es el caso, podríamos cumplir con el requisito emitiendo no más de 5.000 millones o 6.000 millones durante los próximos cuatro años, básicamente con deuda sénior no preferente”, añadió.

La deuda ‘senior non preferred’ tiene menores costes para la banca, ya que por orden de prelación —de cobro en caso de quiebra— está por encima de la subordinada y los CoCos, aunque por detrás de los bonos sénior tradicionales. Los bancos esperan poder cumplir con MREL con este tipo de emisiones para abaratar los costes, ya que la prima de riesgo que soporta la banca ha subido. “Hay tensiones en la curva de tipos de las emisiones de los bancos. La disyuntiva es si emitir ahora o esperar a que cambien las condiciones financieras, pero podrían hacerlo para peor”, explica Fernando Rojas, analista de AFI.

Hay tensiones en la curva de tipos de las emisiones de los bancos. La disyuntiva es si emitir ahora o esperar a que cambien las condiciones financieras

Para los analistas, las necesidades de emisiones son clave sobre sus valoraciones, teniendo en cuenta los costes que soportarán los bancos. Mientras no se conozcan estos requerimientos, “existe incertidumbre significativa”, asegura un informe de Credit Suisse, en el que las estimaciones sobre MREL son un elemento central para sus recomendaciones.

El informe del banco suizo parte de la base de exigencias mayores que las calculadas por AFI, con requisitos de entre el 23% y el 25% de los activos ponderados por riesgo, lo que implicará emisiones por más de 14.000 millones solo entre 2019 y 2020 y otros 6.500 millones en 2021.

Esta investigación se centra en CaixaBank, Bankia y Sabadell. En los tres casos, prevé que el volumen de deuda 'senior non preferred' aumente entre 2019 y 2021 en más de 20.000 millones, cifra dividida entre más de 8.000 millones por parte de CaixaBank, 5.100 millones en el caso de Bankia y 7.000 en el del Sabadell. En este sentido, tiene en cuenta vencimientos entre 500 millones y 600 millones para CaixaBank y Bankia y de 3.000 millones para Sabadell. También podrían tener que añadir al menos 4.000 millones de deuda subordinada, según estos cálculos.