La banca española se 'juega' 40.000 millones con la crisis financiera italiana

La intervención del banco italiano Carige supuso este miércoles un nuevo terremoto financiero con sacudidas en España. La entrada del BCE en la gestión de este grupo transalpino provocó pérdidas durante gran parte de la sesión para las principales entidades españolas, que se corrigieron al final de la jornada bursátil.

El efecto contagio llegó una vez más por el lado de la deuda italiana que los bancos españoles tienen en sus balances: 40.000 millones de euros, según el último Ejercicio de Transparencia de la EBA (Autoridad Bancaria Europea, por sus siglas en inglés).

Los inversores no temen que la intervención de Carige vaya a llevarse por delante entidades españolas ni que lleguen medidas similares por parte del BCE, pero sí el impacto que tendría un agravamiento de la crisis italiana para el capital y resultados de los grupos que tienen sus bonos.

El sector lleva todo el año en el foco por la compra de estos bonos, más rentables que los españoles. Con ellos, las entidades buscan mejorar su rentabilidad, aunque en momentos de tensión pueden ser un arma de doble filo.

Las entidades con más deuda italiana en sus balances -a junio de 2018- son BBVA (8.014 millones), Sabadell (5.908 millones) y Bankia (5.721 millones). Por porcentaje sobre activos, este 'ranking' lo lideraría Liberbank (9,54%), seguido de Cajamar (6,86%) y Unicaja Banco (6,58%). Precisamente, las entidades que más cayeron en la sesión de este miércoles fueron Liberbank (-1,68%), Bankia (-1,17%), CaixaBank (-1,11%) y Unicaja (-0,78%).

Advertencias

En su último informe de Estabilidad Financiera, el Banco de España destacaba la crisis italiana como uno de los principales riesgos para el sector y la economía en general.

“Italia es la tercera economía de la eurozona por tamaño del PIB, y aunque los signos de transmisión a otras economías del área del euro, incluida España, han sido hasta el momento limitados, no se puede descartar que nuevos episodios de incertidumbre de origen político o sobre la situación fiscal italiana pudieran tener efectos adversos de mayor relevancia en el futuro, especialmente en el contexto actual de desaceleración económica y aumento de los riesgos globales”, exponía el regulador en noviembre.