España y Francia presionan a la UE para reverdecer la Carta de la Energía
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Un acuerdo obsoleto

España y Francia presionan a la UE para reverdecer la Carta de la Energía

En caso contrario el Gobierno de España considera que Bruselas debe plantearse su retirada de un tratado que no es acorde con el Acuerdo de París ni con el Pacto Verde Europeo

placeholder Foto: Central de carbón. (EFE)
Central de carbón. (EFE)

En las últimas semanas, Francia y España han planteado a la Unión Europea algo que los ecologistas llevan años pidiendo: una salida conjunta del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) si los 53 países signatarios no consiguen reverdecerlo en el proceso de modernización que está en marcha desde el pasado mes de julio. En concreto, ambos estados piden que el acuerdo, firmado en la década de 1990 para proteger las inversiones internacionales en energía y garantizar el suministro tras la caída del Telón de Acero, se actualice para hacerlo compatible con el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo.

La principal crítica que ambos gobiernos hacen al TCE es que permite a los inversores extranjeros demandar a los estados miembros por cambios legislativos que crean perjudiciales para sus inversiones en el sector energético, algo aplicable a todas las fuentes de energía (también los combustibles fósiles). Los detractores argumentan que el TCE juega en favor de la industria del gas y del petróleo y bloquea por tanto la transición hacia energías limpias y renovables.

El derecho a demandar a países que ya no forman parte del tratado se recoge en la "cláusula de supervivencia" del TCE

De hecho, esto es precisamente lo que pasó hace dos semanas con la energética alemana RWE, que decidió demandar a Holanda por adoptar una estrategia con la que abandonar el carbón definitivamente en 2030. Bajo el TCE, la energética ha pedido al Gobierno holandés una compensación de 1.400 millones de euros, por las implicaciones de este plan en dos de sus centrales de carbón, que empezaron a operar en 2015.

Otro de los aspectos controvertidos del TCE, cuestionado también por el Gobierno de España, es que se sostiene gracias a un sistema de justicia paralelo: el mecanismo ISDS, que permite resolver las controversias entre inversores y estados en tribunales de arbitraje privados "que no tienen en cuenta la normativa legal de los estados o de la UE", se quejan desde Ecologistas en Acción. "En lugar de haber jueces, hay abogados privados que pueden tener conflictos de intereses porque en muchos casos están implicados en las empresas demandantes", aduce desde esta organización Marta García Pallarés, co-coordinadora de la campaña "No a los Tratados de Comercio e Inversión".

placeholder Parque eólico. (iStock)
Parque eólico. (iStock)

Aunque no es un tratado ampliamente conocido entre la población general, el debate sobre lo que este acuerdo significa para Europa y para España —el país más demandado bajo el TCE, sobre todo tras el "hachazo" a las renovables, que se enfrenta a una deuda de hasta 8.000 millones de euros— ha dado el salto a la política. En enero, Unidas Podemos pidió en el Congreso información sobre la posición de España en las negociaciones del TCE. El diputado Juantxo López de Uralde, que preside la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, recordó que más de cien eurodiputadas y eurodiputados de seis grupos políticos diferentes y 142 diputados y diputadas de 20 países europeos apoyan la declaración de las organizaciones ecologistas que forman la campaña estatal "No a los Tratados de Comercio e Inversión".

Y en febrero, días después de que se registrara la demanda de RWE, y aprovechando las negociaciones en curso para reformar el polémico pacto —en 2020 hubo tres rondas y, al no concluir, el proceso se ha prorrogado a 2021—, España y Francia han dado un golpe sobre la mesa y han pedido a la Comisión Europea una posición "más fuerte, más sólida y más decidida" en favor de los objetivos climáticos. De lo contrario, plantean una retirada "coordinada" del acuerdo.

Foto: Instalación fotovoltaica (EFE)

"Las negociaciones que se están llevando a cabo para modernizar las disposiciones del tratado sobre desarrollo sostenible y objetivos climáticos, y para reformar la protección de la inversión y las reglas que rigen la resolución de conflictos inversor-Estado en línea con los estándares establecidos por la Unión Europea, no han avanzado prácticamente desde que comenzaron en julio de 2020", reconocen a Planeta A fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Las ministras Teresa Ribera, Arancha González Laya y Reyes Maroto han enviado una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans; al comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis; a la comisaria de Energía, Kadri Simson; y al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

En ella, las ministras expresaban su preocupación ante la posibilidad de no acabar alcanzando un consenso que haga el TCE compatible con el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo. "La próxima ronda de negociación será en la primera semana de marzo. Si no se logra este objetivo, el Gobierno de España considera que la UE y sus estados miembro deberán considerar su retirada del tratado en las condiciones más favorables para nuestros intereses", puntualizan desde el Miteco.

placeholder Teresa Ribera ha avisado a la UE de la posible salida de España del TCE. (EFE)
Teresa Ribera ha avisado a la UE de la posible salida de España del TCE. (EFE)

El ultimátum de las ministras españolas sigue la estela de los cuatro ministros franceses (titulares de las carteras de Economía, Transición Ecológica, Comercio Exterior y Asuntos Europeos) que a principios de febrero escribieron a la Comisión pidiendo que la reforma del TCE se hiciera en línea con los objetivos de reducción de emisiones, con los que la UE aspira a ser neutra en carbono para 2050. La misiva francesa, a diferencia de la española, sí fijaba una fecha límite para llegar a ver esos "avances decisivos" o iniciar el proceso de salida: si en 2021 no ven esos resultados, Francia advierte que "habrá que extraer todas las consecuencias".

Italia ya está fuera

En 2015, Italia notificó su salida del acuerdo, y en enero de 2016 se hizo efectivo. Sin embargo, los inversores todavía tienen 20 años para poder demandar a los países que ya no formen parte del TCE por las regulaciones que estos puedan aprobar en ese periodo, siempre que las inversiones tuvieran lugar antes de la salida del Estado en cuestión. Así, en 2017 la petrolera Rockhopper Exploration denunció a Italia porque le había sido denegada la construcción de la plataforma petrolífera Ombrima Mare, ya que el Parlamento había convenido prohibir nuevas operaciones para la exploración de petróleo y gas en sus costas del mar Adriático. La compañía británica reclamó cerca de 350 millones de euros, "siete veces más la cifra de su inversión inicial, ya que incluye en sus estimaciones los ingresos que podría haber obtenido en el futuro", explican ahora desde Ecologistas en Acción.

Por eso, una opción que puede ser más favorable que la salida unilateral es irse en bloque, con el resto de estados de la UE, como propone Francia en su carta a los comisarios si la reforma finalmente "fracasa"; es decir, si las cuatro rondas de negociaciones previstas para este año no se traducen en lo que los ministros franceses exigen.

Una opción que puede ser más favorable que la salida unilateral es irse en bloque con el resto de estados de la UE, como propone Francia

Si el conjunto de estados miembro de la UE se van a la vez, "el acuerdo caerá por su propio peso", opina García Pallarés, sobre todo después de que Rusia, que era el otro pilar en los inicios—aunque nunca llegó a ratificar el tratado— abandonara la aplicación provisional del TCE en 2009.

Pero la UE está muy dividida, con Francia y España como los países más proclives a una reforma verde. La propuesta que la Comisión presentó el pasado lunes para modernizar el tratado sugiere excluir el petróleo y el carbón de la protección de inversiones del tratado, pero no el gas. Según lo recoge la agencia Reuters, que tuvo acceso al documento, las infraestructuras energéticas de gas que emitan menos de 380 gramos de CO2 por kWh mantendrían la protección hasta el final de la década de 2030. La CE además contempla la opción de incluir en este estatus el hidrógeno —también el que provenga de fuentes fósiles—, mientras se apliquen tecnologías de captura de carbono.

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