El Instituto Coordenadas recomienda solo los bonos de carbono con certificación oficial

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha reunido un grupo de expertos que, tras realizar un análisis, ha concluido que sólo los bonos de carbono con certificación oficial ofrecen a las empresas las garantías esenciales para aplicar modelos eficientes de compensación de emisiones de CO2.

Ahora que en los próximos meses muchas empresas españolas van a poner en marcha programas de compensación de sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de la compra de bonos de carbono, el Instituto Coordenadas ha resaltado que es importante analizar la situación la ante la enorme diversidad de esos emisores de bonos, de sus diferentes niveles de calidad, de la existencia de diferentes marcos regulatorios y del alto grado de oportunismo que puede generar la demanda de estos instrumentos de compensación.

Según recoge la agencia Servimedia, en el trabajo se constata que el modelo español de certificación a través del Ministerio de Transición Ecológica es de los más solventes y seguros del mundo y que recurrir a la compra de bonos foráneos sin certificar (o de certificación dudosa) se va a convertir en "un factor de enorme riesgo reputacional" para las compañías con planes visibles de conciencia ambiental, ademas de los peligros sancionadores.

Sólo el registro oficial de cada bono ofrece garantías jurídicas sobre su comercialización como ocurre en España

Según el Instituto, las empresas e instituciones generan esos bonos a través de planes forestales, ya que las especies vegetales son los organismos vivos más eficientes que hay para captar el CO2 de la atmósfera generado por la actividad humana. Cada bono supone una tonelada de carbono absorbida y hay muchas opciones para generar altos niveles de absorción en condiciones de piratería, con especies vegetales inadecuadas, "generados por masa forestales en remotas selvas, que degradan el medio, gestionados en condiciones de explotación infantil laboral y comercializados una y mil veces sin control o garantía alguna".

Control de los emisores de bonos y del mercado

Hay dos puntos sensibles en el manejo de estos bonos: por una parte, el control de los emisores de esos bonos y por otro, al control del mercado en el que se comercializan.

En el primer caso, por lo general son empresas o entidades con capacidad para crear zonas forestales con especies vegetales de alta capacidad de absorción de CO2. Los bonos de calidad, señala el Instituto, son los generados en un entorno muy concreto.

Esencialmente, en plantaciones en terrenos con determinada catalogación catastral; con planes de gestión a 30 años como mínimo; con un programa de forestación diseñado y ejecutado por técnicos colegiados con capacidad certificadora y altamente cualificados; con empleo exclusivo de especies vegetales autóctonas que no alteren el entorno; con documentación que garantice la trazabilidad de las semillas y de los reproductores de material vegetal; que cumplen la normativa local y autónomica con modelos empresariales que garanticen el cumplimiento de toda la reglamentación social y de seguridad ambiental.

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Frente a este modelo "excelente", el Instituto constata la existencia de empresas y entidades que, por el contrario, sin disponer de certificación fiable, operan por lo general en países con condiciones climáticas favorables para que se registren altos niveles de proliferación forestal; en terrenos no regulados; con planes de tala a corto plazo; con plantaciones de especies invasoras o nocivas para el medio degradando el terreno por sobrexplotacion (no hay que olvidar que especies invasoras exóticas pueden absorber cuarenta veces más carbono que una sabina autóctona) y con modelos empresariales donde la ausencia de controles y marcos legales permisivos, generan la explotación de los trabajadores y el olvido de la legislación internaciónal de defensa del medio ambiente es la norma.

En lo referente al control del mercado, el mayor riesgo de operar con bonos foráneos no certificados por una entidad oficial como es el ministerio, exponen los expertos reunidos por el Instituto, es el de que se produzca la llamada doble venta, en la que el mismo bono generado por la misma masa forestal es vendido de forma fraudulenta más de una vez a diferentes empresas.

Sólo el registro oficial de cada bono ofrece garantías jurídicas sobre su comercialización como ocurre en España, sobre todo la certeza de que una vez adquirido ha salido del mercado.