Ecologistas, científicos, empresas... Todos contra la destrucción de los fondos marinos

Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto con la coalición internacional Deep Sea Conservation Coalition, han solicitado al gobierno español que promueva y lidere una gran alianza internacional en defensa de los océanos y contra la minería submarina que amenaza su futuro.

En un comunicado conjunto remitido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, los ecologistas alertan de los enormes impactos potenciales de esta actividad extractiva. Unos impactos que incluyen la disrupción del mayor sumidero de carbono del planeta, aliado principal en la mitigación del cambio climático, y la liberación de ingentes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI).

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Álvaro Hermida

Asimismo denuncian los graves efectos tóxicos que generarían las plumas de sedimentos en los ecosistemas, un veneno que acabaría extendiéndose por toda la cadena trófica, incluidas las especies que nos sirven de alimento. Además de la destrucción física, total e irreversible, de los hábitats de las profundidades y la desaparición de la rica e inexplorada biodiversidad que acogen. Un entorno frágil y hasta ahora inalterado en el que habitan especies únicas que todavía no han sido identificadas para la ciencia.

Ante tal amenaza, los colectivos que velan por el cuidado del medio ambiente y la conservación de la naturaleza piden al Gobierno español que, con base en el conocimiento científico sobre el peligro que conllevaría el desarrollo y puesta en marcha esta industria, y atendiendo al más elemental principio de precaución, impulse y respalde la aprobación este mismo año de una moratoria internacional a la minería submarina.

Para las organizaciones ecologistas, el aprovechamiento minero de los fondos marinos es una línea roja que no debe cruzarse, una postura que comparten tanto el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, como la comunidad científica, la sociedad civil, el sector pesquero y numerosas empresas de los sectores energético, automovilístico o tecnológico, entre otros de los potenciales consumidores de los minerales obtenidos mediante esta actividad.

Un año decisivo para los océanos

La petición llega en un año que será clave para el futuro de la minería submarina. Tras la reciente y polémica decisión de Noruega de autorizarla en los fondos marinos de sus aguas territoriales, con vistas a extenderla al resto, está previsto que la asamblea general de la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos (AIFM), que tendrá lugar a finales de julio en Jamaica, debata por primera vez la adopción de la justificada moratoria.

El motivo que ha llevado a esto a un país como Noruega, en apariencia comprometido con el cuidado del medio ambiente y la acción climática, ha sido el deseo de acceder a los depósitos de minerales estratégicos de alta demanda, como el litio y el cobre, el níquel o el manganeso, que se acumulan en los fondos marinos en forma de nódulos. Este tipo de nódulos son como una especie de cookies que se extienden a modo de pequeñas rocas diseminadas cubriendo amplias superficies del lecho marino a partir de los tres kilómetros de profundidad. Según los estudios llevados a cabo por la AIFM, las reservas de minerales críticos acumuladas en estos nódulos submarinos superan con mucho las reservas conocidas de estos minerales en la superficie terrestre.

Lo que no se ha calculado es la enorme cantidad de minerales críticos que ya han sido extraídos y que hoy en día forman parte de los miles de millones de terminales de telefonía móvil, tabletas, ordenadores portátiles y el resto de aparatos electrónicos y equipamientos tecnológicos que quedan en desuso cada año. Unos recursos que, si se lograsen recuperar y reciclar mediante su adecuada recogida selectiva, darían lugar a una verdadera economía circular. Un modelo de consumo que permitiría reducir notablemente la demanda de estas valiosas materias primas.

Para los ecologistas, aunque España se encuentra entre los 24 Estados que se han manifestado a favor de aprobar una moratoria, es necesario mejorar la coordinación entre ministerios para lograr que la delegación española se muestre más contundente en las próximas sesiones de la AIFM. El objetivo debe ser impulsar una gran alianza internacional frente a los intereses de países que, como Noruega, ven en la última frontera del planeta, las profundidades del océano, una nueva oportunidad de seguir esquilmando sus recursos, aunque con ello se arruine la vida submarina y se ponga en peligro la mayor despensa de la humanidad.