Nadie en Extremadura quiere ver derribada la mayor obra ilegal de la historia de España

Una golondrina asoma la cabeza en su nido bajo el puente de hormigón que el golfista del polo azul celeste acaba de recorrer para llegar al privilegiado promontorio desde el que ahora practica su 'swing'. Pese a convivir ajenos a la presencia del otro, ambos son protagonistas de la historia de esta isla artificial y de cómo pasó de ser un erial abandonado a un resort de lujo que pronto podría volver a su prístino estado.

En febrero, el Tribunal Supremo condenó a todo el complejo Marina Isla de Valdecañas —que incluye un hotel de cuatro estrellas, el mejor campo de golf de la meseta, un puerto deportivo o 185 villas unifamiliares— a ser demolido, dado que está construido ilegalmente sobre terrenos que gozaban de protección medioambiental. La sentencia es impepinable, sin embargo, nadie en la isla parece especialmente inquieto. Ni aves ni humanos.

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E. Sanz

A unos 100 metros, en la terraza de la cafetería del hotel, un gorrión se resguarda del calor matutino entre las mesas y espera pacientemente a que el camarero traiga en la bandeja un cuenco de patatas fritas para mendigar alguna, boquiabierto desde el respaldo de una silla. Lo del derribo, dice mientras sirve una Coca-Cola, "está en 'stand-by' y espero que ese 'stand-by' aguante al menos hasta mi jubilación".

En un martes como este, la isla, que tiene una extensión de 134 hectáreas —unos 200 campos de fútbol— está prácticamente deshabitada, salvo por los empleados de recepción, seguridad o mantenimiento y los golfistas, que acceden con cuentagotas a sus carritos. Más allá de algún cortacésped lejano, prácticamente lo único que se escucha son los pájaros, precisamente la razón por la que este ambicioso proyecto inmobiliario nació amenazado de muerte. El pantano que rodea a la isla es un paraíso ornitológico. Además de las omnipresentes cigüeñas negras, que aprovechan estos días de primavera para criar en Extremadura antes de partir en agosto hacia África, trinan los chorlitejos, charranes, canasteras o gaviotas.

En las proximidades de la isla, sobre las dehesas y los pastos, se atisban numerosas aves rapaces, desde milanos, alimoches o águilas hasta una inquietante bandada de buitres, que sobrevuela en círculos unos matorrales dorados como un gran berbiquí que descorchara la tierra.

La Marina Isla de Valdecañas vive en esa incertidumbre, entre seguir adelante a ciegas o abandonarse. Esto se traduce en que el hotel y el campo de golf resplandecen impolutos en el centro de la isla, pero más allá todo tiene un aire desmadejado, a lo 'Jurassic Park' cuando la cosa se fue de madre. Algunas villas llevan varios veranos sin abrirse. Alrededor de las carreteras de acceso hay vegetación que reclama su sitio, alguna cañería rota que impide que la piscina haya abierto ya, el esqueleto de hormigón de algún edificio sin terminar, precintado y lleno de grafitis.

Ayer sueño vacacional, hoy pesadilla

Este paraíso vacacional había sido alguna vez un simple terreno agrícola a las afueras de Talavera la Vieja, pero todo fue abandonado para que, entre 1957 y 1963, la compañía Hidroeléctrica Española plantara encima del pueblo el actual pantano de Valdecañas. Las aguas del Tajo convirtieron el terreno en una isla, cercana a la cola del pantano, pero inaccesible durante la mayor parte del año.

Por este motivo no fue expropiado, sino que siguió siendo propiedad de dos particulares. Hoy, sin embargo, una carretera recorre el istmo que conecta la isla con el resto de Cáceres. Ha habido movimientos de tierra para elevar la pasarela, pero, en cualquier caso el agua en el pantano está excepcionalmente baja, al 40% cuando la media de la última década rozaba el 74% de ocupación. En primer lugar, por las escasas precipitaciones del último año y, en segundo, porque, presuntamente, el embalse ha sufrido varios vaciamientos por parte de Iberdrola para aprovechar momentos en los que la energía hidroeléctrica estaba barata.

En 2005, un empresario llamado José María Gea vislumbró en este erial salpicado de encinas y eucaliptos el escenario ideal de lo que pocos años más tarde sería conocido como "la Marbella extremeña" por unos y "el Algarrobico extremeño" por otros.

El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó que todo debe ser destruido y la isla de Valdecañas debe recuperar el mismo aspecto que lucía hace 17 años.

'A priori', parece un caso sencillo. Cuando en octubre de 2005 la empresa sevillana hizo una solicitud formal a la Junta de Extremadura para que el proyecto de construcción 'Complejo turístico de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas' fuera declarado de interés regional, toda la zona había sido declarada por la Unión Europea como Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés Comunitario. Sin embargo, han tenido que pasar casi dos décadas hasta que el Tribunal Supremo estimara un recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción y ordenara tirarlo todo.

José María Trillo, el abogado del colectivo que ha logrado esta sentencia histórica para el ecologismo, explica a El Confidencial que, en su opinión, a los promotores del complejo de Valdecañas no les queda ya "ninguna opción" para mantener en pie el resort.

"Ninguna opción" de que el complejo no se derribe, según el abogado que logró la sentencia

En múltiples ocasiones y ante varios tribunales, los constructores han tratado de zafarse planteando que era imposible material y legalmente ejecutar la sentencia, o que destruirlo todo tendría peores consecuencias para el medio ambiente que mantenerlo tal y como está. Nada funcionó. "La promotora no ha recurrido la última sentencia del Tribunal Supremo", indica Trillo. Los únicos que podrían tratar de cambiar el curso de esta historia son los propietarios o la Junta de Extremadura. "Podría presentar recurso de amparo, pero, al ser una institución jurídica pública, creo que sería inadmitido al no ser titular de derechos fundamentales como tal", señala Trillo.

Eso no significa que no vayan a intentarlo.

"No al derribo"

En la plaza de El Gordo, el pueblo más cercano a la Isla de Valdecañas, una gran pancarta anuncia la postura oficial del Consistorio y de toda la localidad: "No al derribo". Sobre el tejado del ayuntamiento, dos nidos de cigüeñas y muchas golondrinas.

Ramona Villegas regenta la taberna La Fragua en esta localidad de 300 habitantes y está absolutamente convencida de que el complejo no será derribado. Su cafetería está precisamente en la carretera que atraviesa el pueblo y lleva a la isla, por lo que es una beneficiaria neta de la explosión de turismo que ha vivido la comarca en la última década y media. "En Semana Santa eso estaba a reventar", recuerda, y prevé que el próximo verano sucederá lo mismo.

De hecho, la actividad dentro de la isla sigue y una nueva contrata —una gente de Madrid según fuentes conocedoras— ha adquirido la explotación del Beach Club de Valdecañas, el bar al aire libre que corona la playa artificial. Realmente nadie parece creer que un día todo esto será derribado.

En El Gordo y sus alrededores, nadie parece creer que todo esto pueda ser derribado

La activista Paca Blanco, coordinadora de Ecologistas en Acción en la comarca, fue la primera en denunciar la construcción del complejo hace casi 15 años. Como consecuencia de su osadía, tuvo que huir de El Gordo, hostigada por los vecinos, y volver a Madrid.

Una de las cosas que más llaman la atención en este caso es cómo lo afronta la sociedad extremeña: con una sola voz, sin fisuras, todos contra el derribo. Desde el primer momento, PP y PSOE apoyaron públicamente al constructor José María Gea, los medios de comunicación son extremadamente comprensivos y el público beligerante contra lo que consideran una injusticia. No es difícil entender por qué. Basta recorrer las carreteras de Cáceres y Badajoz con la radio puesta para empezar a escuchar en tertulias y soliloquios la misma letanía: Extremadura está desarrapada mientras todo se invierte siempre en otra parte, las promesas, como la del tren que obligó a los extremeños a marchar hasta Madrid en 2017, siempre se incumplen.

La Marina Isla de Valdecañas es vista, desde este prisma, como una oportunidad que le están robando a Extremadura. Un puñado de malvados ecologistas urbanitas y la Justicia cómplice le quitan de la boca la última migaja a la región más maltratada de España. También se escucha a quienes lamentan que tuvo que ser un empresario de fuera el que viera la oportunidad, ¡tan cegados de derrotismo estaban los extremeños que no se les ocurrió poner en valor este diamante en bruto turístico!

En su lugar, en Mérida lo declararon territorio protegido pocos meses antes de darse cuenta de un error que les ha llevado más de una década de papeleo y puede costarles entre 140 y 200 millones de euros en indemnizaciones. Dicho de una forma más dolorosa, 1.000 euros de dinero público por familia que irían a los promotores en conceptos de indemnización por lucro cesante y por las parcelas nunca construidas pese a tener reconocido derecho edificatorio.

Sin embargo, el Gobierno socialista de Guillermo Fernández-Vara —al igual que antes lo hicieron sus antecesores José Antonio Monago y Juan Carlos Rodríguez-Ibarra— se ha envuelto en la bandera extremeña para calificarse como la gran perjudicada.

La Junta de Extremadura ha pasado de atribuirse la responsabilidad a tildarse de gran perjudicada

"Es insólito e indignante", explica a El Confidencial el profesor de la Universidad de Extremadura José Carlos Salcedo, autor de dos artículos científicos sobre Valdecañas —uno de ellos de próxima publicación— junto al catedrático Antonio José Campesino, máxima figura en materia de urbanismo y ordenación del territorio de la región. Según estos autores, en el debate sobre la mayor sentencia de demolición de la historia de España suele representarse a los propietarios de las villas —algunos con apellidos de renombre, lo que ha llevado a su caricaturización o demonización— o a los insensibles ecologistas como orígenes del problema, cuando la única responsable es la Junta de Extremadura.

Salcedo y Campesino me explican cronológicamente los dislates cometidos por el Gobierno regional: en primer lugar (2003), declaran espacio natural protegido (ZEPA) todo el entorno del embalse de Valdecañas, isla incluida, "sin razonamiento patrimonial alguno por ser un área profundamente transformada", y la incluyen en la Red Natura 2000 de la UE. En el ámbito territorial, explican ambos académicos, la Junta recurrió a la figura del Proyecto de Interés Regional, "el instrumento de ordenación territorial de menor categoría", ante la falta de otros planes territoriales para la comarca que pudieran justificar la construcción del resort Marina Isla Valdecañas.

Además, dado que el suelo de la isla estaba clasificado como no urbanizable, se aprobaron con máxima urgencia los Planes Generales Municipales de El Gordo, en 2008, y Berrocalejo en 2013. Esto sucedió dos años después de la inauguración del complejo y de la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura condenando a su demolición.

Entre medias, aprobaron leyes y decretos 'ad hoc' para este proyecto que tuvieron que ser revocados, como el 44/2007 que permitía emplear suelos no urbanizables para actuaciones turísticas: "Especialmente en relación con posibles actuaciones y promociones vinculadas a campos de golf, láminas de agua y similares". También modificaron la Ley del Suelo de 2001 para acomodar el proyecto, algo que fue declarado inconstitucional en 2014.

"Todos los diputados de los partidos políticos integrantes de la Asamblea de Extremadura son responsables por acción u omisión de la urbanización ilegal en suelo no urbanizable", explica Salcedo, "pero no pagarán ellos, ni con sus cuentas corrientes, ni con sus dimisiones".

El origen del conflicto

En junio de 2004, la Comisión Europea amenazó con multar a España porque ocho comunidades autónomas no habían "clasificado como zonas de protección especial para las aves (en lo sucesivo, ZEPA) territorios suficientes, en número y en superficie, para ofrecer una protección a todas las especies de aves enumeradas" en la directiva. Es decir, que les rogaba ampliaran las zonas con protección ambiental. Sin embargo, Extremadura eludió esta sanción gracias a una ampliación de sus territorios protegidos que incluía la mayor parte de masas de agua de la región. Concretamente, existe documentación europea que menciona a Valdecañas como un lugar de especial protección desde junio de 2003.

Una de las vías que persiguen las autoridades es cuestionar la validez de esta designación. "No hubo una declaración expresa ni una decisión por parte del Consejo Autonómico en aquellos momentos en los que se inició el proyecto", declaró el presidente Fernández-Vara el pasado mes de abril. Esto llevó a los cabilderos del proyecto a anunciar a bombo y platillo que la Junta "no declaró como zona protegida" el terreno donde luego se edificó en la Isla de Valdecañas. En realidad, quien lo declaró fue Europa y eso debería bastar. Salcedo lo compara con cuando la Unesco nombró a Mérida como Patrimonio de la Humanidad. Esa designación ya conlleva ciertas obligaciones de cuidado del patrimonio, no es necesario que Extremadura le otorgue una distinción especial a nivel autonómico.

Además, existe un documento de noviembre 2005 al que El Confidencial ha tenido acceso, donde la Dirección General de Medio Ambiente recibe la petición de hacer un informe de viabilidad del proyecto en la isla. Y dice: "Como se constata en el Informe Ambiental que se remite, la zona donde se va a desarrollar el proyecto es una ZEPA [...] y por tanto incluida en Red Natura".

Tras el fallo del Supremo, en abril apareció una encuesta monotemática sobre Valdecañas encargada a Metroscopia por la propia Junta. Los resultados eran claros: el 80% de los encuestados eran partidarios de recurrir la sentencia hasta donde fuera posible hacerlo. Mientras, solo el 14% de la ciudadanía extremeña era partidaria de acatar la sentencia y demoler el resort.

Una encuesta encargada por la Junta dice que el 80% de los extremeños quiere recurrir el derribo

"Esta reacción de la ciudadanía extremeña no debe ser entendida como un desaire o desacato al Alto Tribunal", explicaban los autores de la muestra, como exculpando los resultados. "El ecologismo es un valor fuertemente arraigado ya en la cultura de nuestro país. Ahora bien, en situaciones de precariedad económica y social, como es ahora el caso, la tendencia ciudadana es priorizar la más inmediata mejora del bienestar de las personas aun a costa de demorar temporalmente el mejor cuidado de su entorno".

¿Qué pretendía exactamente la Administración con este sondeo? Para la Junta, la encuesta "reafirma y es un aval a la política autonómica de recurrir esta cuestión ante todas las instancias que permitan una solución más conciliadora y acorde al consenso generado por esta cuestión; siempre con un respeto a las decisiones judiciales y con base en el principio de tutela judicial efectiva", indica la portavoz.

Valdecañas, ¿solución o solo símbolo?

La constructora invirtió más de 130 millones de euros en la Marina Isla de Valdecañas hasta que, en 2014, finalmente se declaró insolvente y entró en preconcurso de acreedores. Aunque el proyecto sigue en marcha, muchas cosas han cambiado de manos. En su momento fueron Beltrán Gómez-Acebo y Jaime López-Ibor los encargados de comercializar las villas de lujo y muchos apellidos ilustres, como el cantante Carlos Baute o el hijo mayor de José María Aznar pagaron los 520.000 euros de rigor para hacerse con una. En un principio se proyectaron 300 viviendas, pero finalmente fueron algo más de la mitad las construidas.

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A día de hoy, el complejo da trabajo a unos 50 trabajadores de la zona, sobre todo como personal de mantenimiento, hostelería o seguridad, pero es cierto que a menudo atrae otro tipo de eventos.

Desde las sombrillas y las hamacas vacías de la playa, un juego de bombillas tintinea contra un poste metálico. Uno de los trabajadores eventuales señala hacia el 'spa' nunca construido. "Allí arriba es donde se casó Koke", dice.

—¿Koke el del Atleti?

—Koke, Koke. Se trajo al cocinero Dani García y dieron comidas para todos. Se cubrió todo con césped natural e incluso instalamos una rampa que llevaba desde ahí abajo hasta arriba del todo para un invitado que vino en silla de ruedas.

—¿Y dónde durmieron todos, en el hotel?

—Se alquilaron todo el hotel y también muchas de las villas.

El centrocampista rojiblanco y de la Selección alquiló 'de facto' la isla entera para su boda en 2018. Valdecañas no está muy pensada para los vecinos de alrededor, que, aunque por supuesto pueden visitarla (siempre en condición de clientes del campo de golf, el hotel o el club social de la playa), encuentran a su paso multitud de carteles que restringen el paso a la mayor parte de la isla a cualquiera que no sea propietario.

El debate sobre la isla es circular. ¿Beneficia a los vecinos de la comarca? Sí, pero no tanto como a los gestores de la isla, perfectamente privada, pero que se beneficia de estar en mitad de un entorno acuático protegido y, por tanto, público. ¿Podría beneficiarles más? Probablemente, pero no olvidemos que, en un principio, ahí no había casi nada aprovechable. En parte, todo el mundo lleva razón aquí, pero que quebrantaron un espacio ya protegido es innegable.

Durante gran parte de este conflicto los propietarios han permanecido en silencio. Sin embargo, en los últimos años han adquirido una entidad cada vez mayor, tanto social como judicialmente. Su portavoz, José María Concejo, recalca en las entrevistas que ha dado que la mayor parte de los moradores de las villas son "gente normal", clase media o media-alta que ha logrado comprar la casa ahorrando los frutos de su esfuerzo. Gente normal en una urbanización de lujo, ya que así siguen promocionándose las pocas villas que aún se venden en páginas como Idealista por entre 452.000 y 615.000 euros.

Pero, como apuntan Salcedo y Campesino, ninguno de ellos es culpable. "El fallido proyecto de Valdecañas es un manual de errores patrimoniales, territoriales, urbanísticos y legales que lo han conducido al fracaso, han arruinado una inversión empresarial privada de 200 millones de euros, han creado inseguridad jurídica para futuras inversiones y han puesto a los pies de los caballos la imagen de marca turística de Extremadura", sentencian.

Últimos planes de la Junta

Desde el Conventual Santiaguista de Mérida, el Gobierno extremeño reescribe la hoja de ruta tras el varapalo del Supremo. Se han gastado mucho dinero a lo largo de los años en abogados, informes jurídicos o encuestas como para bajar los brazos.

"La Junta de Extremadura ya ha avanzado que acudirá a todas las instancias ―nacionales e internacionales― que permitan encontrar una solución que concilie el restablecimiento de la legalidad urbanística con la mejora palmaria y significativa del medioambiente en Valdecañas", explica una portavoz a El Confidencial.

Como el abogado de Ecologistas en Acción se temía, desde el Gobierno autonómico avanzan a este periódico que la siguiente instancia será pedir un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Si esto no prospera, que es lo que Trillo anticipaba, "no descartamos recurrir, si fuera necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o si la prejudicialidad lo justificara, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", añade la portavoz.

Puede que el camarero esté en lo cierto y sí le dé tiempo a jubilarse.

Fernández-Vara, por su parte, también está sondeando la vía política de modificar la Ley del Suelo estatal, algo que ha agradado a otras 12 comunidades autónomas. Recientemente, Cristina Narbona, exministra y secretaria de Estado de Medio Ambiente, escribió una columna en 'La Vanguardia' donde parecía enviar al barón extremeño un sucinto mensaje: "Nos enfrentamos incluso a la reaparición del mantra del 'todo el suelo urbanizable', que provocó en su momento la inmensa burbuja inmobiliaria, con todas sus consecuencias, económicas, sociales y ambientales, que favoreció además la especulación y la corrupción", escribía Narbona. "Varios gobiernos autonómicos han expresado su deseo de expandir la urbanización en suelos rurales, incluso en áreas protegidas".

Aunque lo camufla en el lenguaje plural, es Fernández-Vara quien ha liderado esta iniciativa, una vez más, a causa de Valdecañas. Quizá por su estatus ya simbólico, quizá porque mantener el resort podría significar que muchos más proyectos vendrán detrás.

La idea de fondo es poder redibujar la ZEPA de Valdecañas para incluir en mitad una pequeña zona donde no se aplique el mismo grado de protección. Esta zona coincidiría, no casualmente, con la isla. Para la Junta, es la herramienta que necesitan para "enfrentar el enorme desafío de luchar contra la despoblación en territorios que se despueblan por su exceso de protección medioambiental".

Todos edificios construidos donde no deberían estar conocerán la dinamita y el acero en caso de que la sentencia del Supremo sea definitiva

Todos los ojos están puestos en Valdecañas, en particular aquellos que están también marcados por una sentencia de demolición. Docenas de casos en España, desde el Algarrobico hasta el hotel Son Bou de Playa Blanca, Lanzarote. Todos edificios construidos donde no deberían estar, áreas de protección ambiental que conocerán la dinamita y el acero en caso de que la sentencia del Supremo sea definitiva.

En El Gordo esperan que todo esto no haya sido un sueño que, durante unos años, llenó las tabernas como las de Ramona de comensales. "¡Pero si se ven ahora hasta más pájaros que antes!", gesticula tras la barra.

En puridad no es cierto —algunas de las ramificaciones de esta compleja causa defendían precisamente la inocuidad del resort, por lo que hubo que encargar informes al CSIC o a la Sociedad Española de Ornitología que documentaron una pérdida de diversidad en las aves—, pero lleva razón en que ahora, por fin, nos estamos fijando en ellos.