Los dueños de los chalés de Valdecañas presentan un recurso de nulidad ante el TS

Los propietarios de las viviendas del complejo Isla Valdecañas, en Cáceres, no tiran la toalla. Después de que el pasado 15 de febrero el Tribunal Supremo dictaminara que las 185 viviendas de lujo del complejo, así como un hotel, el campo de golf y otras instalaciones que ya estuvieran construidas y en funcionamiento, deberán ser demolidas, en contra del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), los propietarios de esas viviendas están decididos a defender la pervivencia del proyecto y han presentado hoy un incidente de nulidad ante el Supremo.

En dicho documento, alegan que el alto tribunal "ha ido más allá del debate planteado al admitir el recurso de casación, pues no ha tenido en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su resolución valoró la necesidad de reponer la situación de un modo compatible con la protección del medio ambiente, a la luz del estado real de la Isla en el momento en el que se aprobó el P.I.R. Isla de Valdecañas".

El TS sentenció que las 185 villas de lujo de Valdecañas tienen que ser demolidas

Hay que recordar que la Sala III del Tribunal Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción-CODA contra el auto que dictó en contra del TSJEx, que permitía la demolición parcial del complejo urbanístico, salvando de la demolición lo ya construido, como las 185 viviendas de la 'jet set' madrileña, entre los que figuran o han figurado apellidos como Aznar, Gómez-Acebo, López-Ibor y directivos de grandes empresas como el Banco Santander, Banca Rothschild, Telefónica, Bank of America o Credit Suisse. Todos ellos atraídos por su aparente cercanía con la capital —a 180 kilómetros de Madrid— y su precio, en torno a medio millón de euros.

En su fallo, además de defender la prevalencia del interés público sobre cualquier otro interés, el Supremo daba un importante tirón de orejas a la Junta de Extremadura, a quien acusó de ser la única responsable del perjuicio económico que se derive de la demolición del complejo.

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E.S.

En un comunicado, Luis Díaz-Ambrona Bardají, el abogado extremeño que defiende los intereses de dos de las tres asociaciones de propietarios del complejo turístico, manifestó que "esto podría ser motivo de vulneración de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, como es el derecho a la tutela judicial efectiva y a que las resoluciones se ciñan al objeto de debate".

“Por ello están dispuestos, si fuese necesario, a llegar al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Haremos uso de todos los instrumentos legales a nuestro alcance para defender los derechos de los propietarios”.

"Paradójicamente", según afirma Díaz-Ambrona, la “ejecución de la Sentencia en los términos señalados por el Tribunal Supremo tendría una mayor incidencia en el medio ambiente que la solución propuesta por el Tribunal Superior de Justicia, incluso se podría dar la contradicción que ejecutando la sentencia en los términos señalados por el Tribunal Supremo, se tengan que destruir las depuradoras, las especias autóctonas reforestadas y volver al uso desordenado y sin ningún valor medioambiental que se encontraba el terreno antes del desarrollo urbanístico”.

Propietarios frente al Supremo

A este respecto, el Tribunal Supremo fue contundente al considerar que hay que demoler todo lo construido para poder restaurar la legalidad urbanística en Valdecañas. "El pronunciamiento de nulidad y reposición de los terrenos a la situación anterior tiene por objeto la restauración de la legalidad urbanística, que en atención a la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección, impuesta legalmente como consecuencia de la integración en la Red Natura 2000, impide la transformación urbanística llevada a cabo al amparo del PIR. En consecuencia, la ejecución en sus propios términos de las sentencias, en cuanto restauración de la legalidad urbanística, necesariamente conlleva la desaparición de las instalaciones, obras y actuaciones de transformación urbanística realizadas".

Por otro lado, los propietarios de esas viviendas aseguran haber adquirido sus viviendas legítimamente y a precio de mercado en un momento en el que no había recaído sentencia firme alguna ni constaba anotación preventiva u otra medida cautelar que les hubiera permitido conocer del litigio. Aseguran, asimismo, que "han actuado de buena fe en todo momento, siempre bajo el amparo de la ley y las administraciones y que las casas están debidamente inscritas y con sus correspondientes licencias, motivo por el que pagan sus hipotecas, así como los correspondientes impuestos desde hace años".

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E. Sanz

Y se amparan en el fallo de la Justicia extremeña. “El TSJ-Ex decidió una ejecución alternativa al derribo total, manteniendo lo ya construido y planeando otras medidas medioambientales. Fue una decisión equilibrada, con la que todos estábamos conformes”, asevera José María Concejo, portavoz de los propietarios, quienes aseguran que no tienen intención de abandonar el lugar, "sino apostar por Extremadura y querer evitar el daño medioambiental y económico que supondría para los habitantes la demolición del complejo".

“A lo largo de estos años, las familias de Isla Valdecañas hemos forjado un fuerte arraigo con la zona y con la comunidad local. Nosotros y nuestros hijos hemos construido vínculos profundos con esta tierra. Queremos seguir contribuyendo al empleo y la riqueza para el entorno, por supuesto, con el máximo respeto al medio ambiente, como siempre hemos hecho”, comenta Concejo.

“Derribar Valdecañas sería proclamar que en Extremadura no se puede hacer nada, aunque concilie valor económico, social y ambiental. Por eso, la respuesta social contra el derribo es prácticamente unánime. El debate de fondo gira en torno al modelo económico y ambiental sostenible que necesita Extremadura y sus habitantes para poder progresar”, concluye Concejo.