Vuelco judicial: las 185 villas de lujo de los vips madrileños en Valdecañas serán demolidas

Vuelco judicial y duro revés del Tribunal Supremo (TS) para los propietarios de las 185 viviendas de lujo —muchos de los cuales forman parte de la 'jet set' de Madrid— en el resort de lujo de Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, Extremadura.

La Sala III del Tribunal Supremo ha informado hoy en una escueta nota que ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción-CODA contra el auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que permitía la demolición parcial del complejo urbanístico, salvando de la demolición lo ya construido, como las 185 viviendas de la 'jet set' madrileña.

'La Marbella extremeña' ha llegado a reunir apellidos como Aznar, Gómez-Acebo, López-Ibor y directivos de grandes empresas como el Banco Santander, Banca Rothschild, Telefónica, Bank of America o Credit Suisse. Todos ellos atraídos por su aparente cercanía con la capital —a 180 kilómetros de Madrid— y su precio, en torno a medio millón de euros.

Aquella decisión fue calificada como "indignante" por los ecologistas, que ahora han conseguido que el Supremo haya acordado que esas viviendas, así como el resto de las obras e instalaciones, deberán ser finalmente demolidas. En el auto de hace un año, el TSJEx acordaba la conservación del hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones que estuvieran ya construidas y en funcionamiento. Extremo que ahora ha anulado el Supremo.

Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, es el paraíso extremeño de los vips madrileños, que hasta ahora habían evitado el peor de los escenarios. Es decir, que todas las viviendas ya construidas y donde desde hace años veranean algunos de los apellidos más ilustres de nuestro país tuvieran que ser demolidas.

Esta exclusiva isla privada (con una extensión de 133 hectáreas y rodeada por el pantano de Valdecañas) que en su día comercializaron Beltrán Gómez-Acebo y Jaime López-Ibor, contemplaba la construcción de varios hoteles, un campo de golf y más de 500 viviendas de lujo.

De los dos hoteles proyectados, de 150 habitaciones, uno está terminado y en funcionamiento, mientras que el segundo se encuentra con parte de la estructura ejecutada, si bien la construcción está paralizada. En cuanto a las viviendas, se han terminado 185 villas frente al total de 565 residencias que se pensaban construir.

En su auto, el TSJEx valoraba el impacto socioeconómico que la urbanización terminada produce en los municipios cercanos —está situada entre los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres— y consideraba que tanto el hotel como las viviendas construidas, que ahora el Supremo ordena demoler, son una parte mínima del proyecto.

El TSJEx mencionaba, además, el elevado perjuicio económico si se ejecutaran totalmente las sentencias, ya que la demolición de todo lo edificado supondría un coste de 33.982.889,85 euros, y el posible perjuicio económico a los propietarios de las viviendas podría alcanzar la cantidad de 111.000.000 euros. Por ello, inicialmente, la indemnización a la que tendría que hacer frente la Junta de Extremadura alcanzaría, al menos, el importe de 144.982.889,85 euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe.

Una larga batalla judicial

La noticia supone un jarro de agua fría para los propietarios del complejo, que calificaron hace un año el auto del TSJEx de "buena noticia" y "equilibrado". Y supone una gran noticia para Ecologistas en Acción, que hace un año manifestaron su "indignación" por aquel auto, al entender que suponía "asumir una tremenda ilegalidad por la vía de los hechos consumados".

Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura iniciaron hace 12 años un proceso administrativo y judicial en contra de la urbanización, al considerar que había sido levantada en una zona Red Natura 2000, "un espacio teóricamente protegido y no urbanizable".

Marina de Valdecañas fue un proyecto del promotor José María Gea, que había desarrollado enormes complejos turísticos en Huelva. Nació en 2007 en plena burbuja inmobiliaria cuando cualquier punto de la geografía española quería tener su parte del pastel inmobiliario. En aquel entonces, la Junta de Extremadura, entonces en manos del PSOE, dio luz verde al proyecto que, sin embargo, se encontró con un problema: el terreno estaba protegido por la Red Natura 2000.

Un año después, la burbuja inmobiliaria saltó por los aires. No obstante, el proyecto siguió adelante y arrancó la construcción del hotel y las primeras viviendas. El proyecto contó desde el primer momento con la oposición de los ecologistas, cuya batalla legal dio sus primeros frutos en marzo de 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó la primera sentencia que daba la razón a Ecologistas en Acción y a Adenex, y ordenaba "la reposición de los terrenos a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto", pero, apenas 20 días después, el Parlamento regional aprobaba con los votos de PSOE y PP una ley para legalizarlo.