Victoria Ortega incumple su compromiso y alarga su mandato en el Consejo de la Abogacía

El pasado 17 de enero se cumplieron cuatro años desde las últimas elecciones a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en las que Victoria Ortega fue reelegida al frente de la institución. Unos comicios muy controvertidos por la fecha elegida para su convocatoria. Por dos razones. En primer lugar, porque, de forma sorpresiva, Ortega adelantaba un año la celebración de los mismos. El Estatuto de la Abogacía vigente por aquel entonces determinaba que los mandatos eran de cinco ejercicios; sin embargo, ella lo acortó en uno sin obligación a ello. El segundo motivo de discordia es que fijaba la fecha de la votación para el 17 de enero, justo tras las vacaciones de Navidad, lo cual torpedeaba los intentos de cualquier otro aspirante de hacer campaña entre los decanos llamados a la votación.

Tras el movimiento de Ortega, como coinciden muchos integrantes de la institución de aquella época, se encontraba la intención de bloquear las opciones de acceder a la presidencia de la pujante decana de Barcelona, Maria Eugènia Gay —actualmente, número dos del Ayuntamiento de la Ciudad Condal—, figura apoyada por el entonces decano de Madrid, José María Alonso. La decana catalana, que había ganado un enorme reconocimiento por su gestión al frente de Colegio barcelonés durante los años duros del procés, no escondía su intención de seguir los pasos de su padre, Eugeni Gay, que presidió el CGAE entre 1993 y 2001. Al adelantar los comicios, Ortega impedía que la popularidad de su potencial rival siguiera creciendo y, al situar la campaña en plenas navidades, boicoteaba que esta pudiera recorrer los 83 colegios de abogados ganándose el favor de sus decanos.

La versión oficial ofrecida por Ortega para justificar el adelanto fue, sin embargo, su compromiso con el futuro Estatuto de la Abogacía, aprobado por la institución en 2013, pero aún no vigente como norma, puesto que no había sido refrendado por el Ministerio de Justicia —lo hizo, finalmente, en 2021—. El nuevo estatuto difería del anterior en que reducía de cinco a cuatro años el mandato del presidente del CGAE y, además, establecía un tope de dos mandatos. Según lo que afirmó en aquellos días la presidenta, dentro de los órganos de la institución y en sus declaraciones públicas, se sentía tan vinculada por la futura norma que había decidido aplicarse sus disposiciones, aunque estas aún no fueran de obligatorio cumplimiento.

Así lo sostuvo el 13 de diciembre de 2019, durante el pleno del Consejo General de la Abogacía en el que comunicó el adelanto electoral. El anuncio, según varios asistentes, enrareció el ambiente y provocó un enorme enfado de José María Alonso, quien por aquel entonces era vicepresidente de la institución, y la propia Maria Eugènia Gay. Según recoge el acta de la reunión, Alonso señaló que la convocatoria era "sorpresiva" y hacía "difícil" la reacción de otros candidatos. Además, reprochó que la decisión no fuera resultado de un "debate democrático" ni hubiera sido consultada "con más tiempo". Palabras a las que se sumó Gay, quien afirmó que el adelanto ponía "en situación de inferioridad a otros" posibles candidatos.

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Victoria Ortega, según el literal del acta, defendió que el adelanto se encontraba alineado con la decisión adoptada por los miembros del pleno "de aplicar provisionalmente el nuevo Estatuto, exceptuando la materia disciplinaria". En este sentido, defendió que la convocatoria de elecciones era una competencia de la presidencia y que, "por coherencia" con la norma que había de ser ratificada por el Ministerio de Justicia, "la votación ha de realizarse en el mes de enero de 2020 para acomodar la duración de su mandato a la duración fijada en el nuevo estatuto".

En una entrevista publicada en Cinco Días el 27 de enero de 2020, Ortega reiteró su compromiso con las reglas fijadas en el nuevo Estatuto. Al ser preguntada sobre si su recién iniciado mandato sería de cuatro años, esta respondió: "Sin duda. Dije que así lo haría, porque así está establecido en el Estatuto". Y agregó: "También cumpliré con lo de no presentarme a más de una reelección, como también figura en el texto". Al ser cuestionada por la celebración de la campaña electoral durante las navidades, la presidenta del CGAE señalaba que la razón no era otra que "el vencimiento de su mandato", dado que su primera elección al frente de la institución se había producido el 14 de enero de 2016.

Promesas olvidadas

Cuatro años más tarde, el panorama es muy distinto. Ya sin la amenaza de Gay, enrolada en la política municipal barcelonesa, y laminada cualquier disidencia explícita en el seno del organismo —Eugenio Ribón, actual decano de Madrid, enfrentado con la presidenta, prefiere dar la batalla fuera de los órganos del CGAE—, la vinculación moral que Victoria Ortega exhibía con el nuevo Estatuto ha sido reemplazada por un juego de silencios o ambigüedades sobre su futuro que, como primera consecuencia, ha provocado que haya superado el término del mandato al que se comprometió, incumpliendo su palabra, sin dar explicaciones sobre ello. Tampoco consta que nadie se las haya pedido, todo sea dicho, aunque esta cuestión está presente en los corrillos del Consejo, según sus asistentes.

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La razón del cambio de opinión de Ortega, según advierten diversas fuentes del consejo, podría ser su interés en seguir vinculada a algún cargo institucional. Bien sea en el CGAE —desde hace meses, su postura es que no descarta volver a presentarse a la presidencia a pesar de sus palabras en 2020—, bien sea en otros organismos como el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una aspiración que explicaría, apuntan, que desde el CGAE se haya bloqueado cualquier crítica al Ejecutivo socialista, ni siquiera tras el pacto del PSOE con Junts que afirmaba la existencia en España de lawfare y se comprometía a crear comisiones de investigación contra los jueces. También otros pronunciamientos muy vinculados a la posición del PSOE, como la urgencia en la renovación del CGPJ, descartando que Bruselas también demande a España la modificación del sistema de nombramiento, como reclama el PP. Los cercanos a la presidenta defienden que de nada sirve confrontar con el Gobierno cuando hay relevantes negociaciones abiertas con el Ministerio de Justicia.

La propia Victoria Ortega, en una reciente entrevista en Economist & Jurist, abonaba la teoría de que quiere seguir ligada al ámbito institucional. Al ser preguntada por su continuidad, daba por hecho que el horizonte del final de su mandato aún quedaba lejos con un "en su momento, veremos". Y se dejaba querer cuando el entrevistador, Pablo Capel, CEO de la publicación, le sugería si aspiraba al CGPJ o a la Sala Primera del Tribunal Supremo: "No me lo había planteado nunca, pero yo no puedo decir que no pueda suceder; simplemente digo que no me lo había planteado", respondía Ortega. Y agregaba, aún más sugerente: "Como siempre se dice: francamente, no lo hubiera pensado, pero cuánto me gusta que lo hayan pensado otros".

En cualquier caso, es relevante señalar que la presidenta del CGAE incumple su palabra, pero no el Estatuto de la Abogacía. La disposición transitoria cuarta amparaba específicamente situaciones como la suya, al determinar que, quienes ostentaran la condición de consejero del pleno "continuarán en el desempeño de su cargo por el tiempo que reste de mandato, sin que les sea aplicable la limitación temporal establecida en el artículo 99.2"; esto es, la reducción del tope de cinco a cuatro años. "A la expiración del mandato vigente", añade el precepto, "podrán concurrir a una nueva elección, aplicándose en caso de resultar elegidos el período de duración establecido en el artículo 99.2 antes citado". Es decir, el tope máximo de dos mandatos se activa a partir de 2021 y a quienes hubieran accedido a su cargo antes de la entrada en vigor del Estatuto.

El Confidencial se puso ayer en contacto con la dirección de comunicación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para consultar los motivos del cambio de criterio de Victoria Ortega sobre la duración de su mandato y también sobre si mantiene su compromiso de no presentarse a la reelección. La respuesta fue la que sigue: "Es intención de la presidenta informar directamente al pleno del Consejo sobre estas cuestiones".