Osborne Clarke, el bufete de Grifols, un top en rentabilidad... que no presume de ello

Osborne Clarke, el despacho de cabecera de Grifols, es una rara avis en el sector legal. En un mundo en el que predominan los egos y en el que cualquier dato que permita presumir de éxito es explotado con indisimulada satisfacción por los bufetes, la política de los dirigentes de Osborne Clarke siempre ha sido la de permanecer bajo el radar. Una línea de absoluta discreción que, sin embargo, se ha visto truncada por las revelaciones del fondo Gotham City Research, que, como efecto colateral, han situado bajo el foco a la firma, destapando el complejo entramado de relaciones personales y profesionales entre sus fundadores y socios, entre ellos Tomás Dagá y Núria Martín, y los Grifols.

El perfil bajo de Osborne Clarke, sin embargo, es especialmente llamativo porque, atendiendo a sus números, se trata de uno de los despachos más exitosos del sector. Sin entrar a valorar su estrategia, de la que destaca su elevadísima dependencia de un único cliente —se estima que de Grifols proviene más de la mitad o, incluso, tres cuartas partes de su facturación—, lo cierto es que se trata de una de las firmas más rentables de la abogacía de los negocios. Un músculo financiero que se deja sentir, según explican diversos headhunters especializados, en la escasa rotación de sus profesionales. "Es casi imposible sacar a un abogado de Osborne Clarke", señala uno de ellos; "tampoco a los socios, que nos escuchan a duras penas mientras que son socios profesionales, pero dejan de hacerlo del todo una vez entran en el equity". En ese momento, su retribución se dispara acercándose a la de los bufetes norteamericanos, asevera.

En 2021, último ejercicio del que hay depositadas cuentas de Osborne Clarke en el Registro Mercantil, el bufete facturó 43,64 millones de euros. En la actualidad, según su propia web, la firma cuenta con 16 socios en España —sin distinguir cuáles son socios de cuota— y un total de 75 abogados. Con estas cifras, en dicho año, Osborne logró una volumen de ventas por socio de 2.727.500 euros y de 581.867 euros por abogado, unos números muy relevantes que le hacen codearse con los bufetes del sector legal que tienen la rentabilidad como su gran objetivo en materia de gestión —principalmente, británicos y americanos—.

Insertando los números del bufete que desde el pasado 1 de enero codirigen Miguel Lorán y Jordi Casas en el último Informe de facturación de despachos que elabora El Confidencial, Osborne Clarke se situaría como una firma top 20 del sector legal español. En concreto, y siempre teniendo en cuenta que sus números son de 2021 y la del resto de 2022, quedaría en el puesto 17 en la tabla por ingresos en nuestro país, por detrás, aunque no a gran distancia de Herbert Smith Frehills y CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Pero más allá de sus ingresos colectivos, Osborne Clarke destaca especialmente en sus cifras individualizadas. Así, en facturación por abogado, ranking muy codiciado por los despachos anglosajones, los más de 580.000 euros que registra la firma le situarían como líder de la abogacía española en este parámetro. Supera en 30.000 euros a Allen & Overy; en 40.000 euros a Herbert Smith y en algo más de 80.000 a Linklaters, firmas, todas ellas, que superan el medio millón de euros. Lejos quedan los bufetes españoles, el primero de los cuales es Uría Menéndez, con 377.000 euros por abogado.

En facturación por socio, Osborne Clarke desciende algunos peldaños, pero se sitúa el top 5 del sector legal español. Con 2.727.500 euros, solo lo superan Linklaters (3,35 millones), Clifford Chance (3,23 millones), Allen & Overy (3,21 millones) y Herbert Smith (3,19 millones). El resto de bufetes nacionales e internacionales clasifican detrás de la firma.

Estas cifras serían, para cualquier otro despacho, un muy buen motivo para sacar pecho —de forma más o menos prudente—. Entre otras razones, porque anticipan, a la vista del moderado número de socios y abogados de Osborne Clarke, unas rentabilidades y unos salarios más que jugosos, factores determinantes para la atracción de talento. Sin embargo, el bufete siempre se ha mantenido alejado de los medios de comunicación y de cualquier exposición pública, sin que nadie sepa explicar si esta línea de actuación deriva de la cultura de sus fundadores o se trata de una exigencia de Grifols, empresa de la que se dice que Osborne es "su asesoría jurídica".

Sin embargo, si como muchos anticipan Grifols tendrá que introducir cambios en su forma de operar, es más que probable que Osborne Clarke también deba asumir una redirección en algunas de sus líneas de actuación, incluso aunque este cambio pueda afectar a alguno de sus excelentes números.

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Su estrechísima relación y la de sus directivos con la multinacional ha sido cuestionada por los accionistas minoritarios de Grifols. Como informó Expansión, el asesor de gobierno corporativo Glass Lewis mostró sus recelos sobre la relación entre empresa y despacho en su informe sobre la junta de accionistas de 2023. "Cuestionamos la necesidad para la compañía de contar para los servicios legales con entidades afiliadas a sus consejeros", indicó, en referencia a la posición de Tomás Dagá dentro de Grifols, unas vinculación que, según este proxy, es una "posible fuente de conflicto de interés".

En este sentido, no son pocos en el mercado quienes señalan que la reciente elección de Miguel Lorán y Jordi Casas como socios codirectores pretendía, precisamente, alejar a Dagá y Núria Martín, ambos con altas responsabilidades en Grifols, de la cúpula del bufete, rompiendo así la percepción de que se trata de dos entidades con una estrechísima vinculación. Prueba de esos lazos es el préstamo de tres millones de euros que en 2021 Osborne realizó a Scranton, la sociedad inversora de la familia Grifols, en la que también tienen presencia Dagá y Martín, movimiento que avanzó Cinco Días. Un crédito que Gotham City Research incluyó entre las alertas contenidas en su informe y del que el bufete tampoco ha dado ninguna explicación.