Así es el entramado Grifols-Osborne Clarke, el opaco bufete que vive de la farmacéutica

Decir Grifols en el sector legal es decir Osborne Clarke, el despacho de abogados conocido por ser "la asesoría jurídica" de la farmacéutica. Fundado en 1986 y con sedes en Barcelona —en donde tiene su centro de decisión y en donde genera la mayor parte de su negocio—, Madrid y Zaragoza, Osborne pasa por ser uno de los bufetes menos transparentes de la abogacía de los negocios española. Una actitud de la que nadie sabe explicar la razón con precisión. Algunos lo atribuyen a la personalidad y cultura de sus fundadores y máximos responsables. Otros a los intensos vínculos económicos, institucionales y personales que mantienen la firma y sus históricos con Grifols y los Grifols.

Porque Osborne Clarke en España no se entiende sin Grifols. Con variaciones en el porcentaje exacto, pero todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que más de la mitad de la facturación del bufete proviene de la farmacéutica —hay quien la sitúa, incluso, en el entorno del 70%—. Hablamos, en el menor de los casos, de 22 millones de euros. En 2021, último año del que hay depositadas cuentas en el Registro Mercantil de Osborne Clarke España SLP, la firma declaró una cifra de negocios de 43,6 millones de euros, unos ingresos que situarían al bufete en el top 20 de facturación del sector legal nacional. Sin embargo, la dirección de Osborne no hace pública su facturación en los rankings de despachos que elaboran los medios de comunicación. Prefiere permanecer bajo el radar.

Con esas cifras, el de Osborne Clarke es el caso más paradigmático en España de un bufete dependiente de un único cliente. "Es cierto que no es el único despacho en esa situación", explica un buen conocedor de sector, "pero sí el que tiene más huevos puestos en una única cesta". Por tanto, si Grifols estornuda, Osborne se constipa. Especialmente en Barcelona, cuya oficina y mayoría de socios —con alguna notable excepción— tienen una enorme dependencia de los honorarios que le abona la farmacéutica. De hecho, en la Ciudad Condal existe un equipo muy nutrido de letrados dedicado en exclusiva a los asuntos, operaciones y contratos de la compañía, cuyo variable depende de la facturación que la firma obtiene de la farmacéutica, según asevera otra fuente. Hasta tal punto los abogados del bufete les llevan todo, que hay quien afirma que Grifols no cuenta con asesoría jurídica propia como tal, sino que esta es, directamente, Osborne Clarke.

Esta dependencia económica y de negocio no es sino el reflejo de un histórico entramado de vínculos y relaciones entre la dirección de Grifols y la cúpula de Osborne Clarke hasta comienzos del presente ejercicio, cuando el bufete eligió como socios codirectores a Miguel Lorán y Jordi Casas. Un movimiento que algunos explican, precisamente, para empezar a marcar distancias entre la estructura de la firma y la multinacional. La anterior socia directora, Núria Martín, que dirigió el despacho entre 2017 y 2022, ostentó el cargo de vicesecretaria no consejera de la farmacéutica desde 2001 hasta 2015, pasando a ocupar en 2015 el cargo de secretaria no consejera del consejo de administración.

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Martín había sucedido al frente del bufete a Tomás Dagá, socio director desde la fundación de Osborne España hasta 2017, cargo que compaginó desde el año 2000 con el de consejero y vicesecretario del consejo de Grifols. Una función, esta última, que desempeñó desde mayo de 2016 hasta diciembre de 2023, fecha en la que pasó a ser consejero externo. A Dagá se le atribuye ser íntimo amigo de Raimon Grifols, actual director general corporativo y vicepresidente del consejo de Grifols, desde el 21 de febrero de 2023, momento en el que abandonó su responsabilidad como consejero delegado con carácter solidario junto a Víctor Grifols, cargo que ostentaba desde 2017.

Se da la circunstancia, además, de que Raimon Grifols es exsocio de Osborne Clarke, responsabilidad que compaginó, entre 2001 y 2015, con la de secretario no consejero del consejo, pasando en ese año a ocupar el cargo de consejero y vicesecretario del consejo. Cuando en 2016 fue designado consejero ejecutivo, abandonó la firma. La triangulación y sucesión de cargos entre Raimon Grifols, Tomás Dagá y Núria Martín, todos ellos unidos además por vínculos personales, es una buena muestra de la difusa línea que separa las estructuras y el poder de decisión en Grifols y Osborne Clarke.

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Pero no es el único vínculo entre unos y otros. Uno de los actuales administradores de Scranton, el vehículo inversor de la familia Grifols, es Jordi Fabregas Huguet, uno de los fundadores de Osborne Clarke en España, y que en el Registro Mercantil aún figura como socio, aunque ya no en la web del bufete. También formaron parte del organigrama de Scranton Tomás Dagá y Núria Martín. El primero como consejero y consejero delegado, y la segunda como secretaria y consejera.

El Confidencial se puso ayer en contacto con Osborne Clarke, pero el bufete declinó hacer ningún comentario al respecto de su relación o la de sus socios con Grifols.