Reacción sin precedentes contra el 'lawfare': ¿deben los bufetes posicionarse en política?
Posicionarse en asuntos públicos es común en los despachos de EE.UU., sin embargo, en España, las firmas son reacias a hablar. El acuerdo PSOE-Junts puede suponer un punto de inflexión
Sin precedente alguno, hace unas semanas que los bufetes españoles decidieron hablar sobre un tema que se volvió completamente controversial en España: el pacto del PSOE con Junts. Se llenaron los periódicos y las redes sociales de la palabra lawfare, y diferentes sectores decidieron salir al paso para dar a conocer su descontento con lo sucedido. Pérez-Llorca, Uría Menéndez, Garrigues, Cuatrecasas, RocaJunyent, Gómez-Acebo & Pombo, Linklaters, Allen & Overy, Simmons & Simmons o White & Case, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y otros apostaron por posicionarse y mostraron su apoyo a la independencia judicial y su rechazo a cualquier amenaza contra la separación de poderes o a las acusaciones de falta de imparcialidad a los jueces de este país.
No es muy común que grandes firmas salgan a dar su opinión sobre asuntos públicos. Es más, es uno de los sectores que menos se pronuncian respecto a temas de corte político, públicos o cualquier tipo de controversia nacional. A raíz de todo lo ocurrido, El Confidencial ha conversado con diferentes expertos del mundo de la consultoría con el objetivo de analizar la situación: ¿deberían los despachos pronunciarse en temas de política o asuntos públicos?
Los especialistas consultados están de acuerdo en que dependerá mucho de la situación si los bufetes deberían— o no— tomar partido respecto a una temática como la ocurrida. "Cada caso es diferente y debe analizarse desde un doble prisma", comenta a este medio la directora sénior de Issues Legales de LLYC, Alba García. Por un lado, indica que cualquier pronunciamiento sobre una causa social y política debe ser coherente con el comportamiento, los valores y el propósito de cada organización y de sus líderes: “Si no lo es, se correrá el riesgo de no ser creíble y que, por tanto, pueda resultar contraproducente. Por eso es realmente importante hacer un análisis de cuáles de ellas son verdaderamente estratégicas para cada una, porque entronquen con su propósito y misión corporativos”, añade la directora sénior.
En segundo lugar, otro de los factores que García considera clave para definir si hay que dar una opinión en estos casos es que cada día es más importante que los líderes sean empáticos, que escuchen las demandas de sus públicos y que tomen partido en las cuestiones que para ellos son importantes o sensibles.
En esta línea, la directora sénior en LLYC asegura que los despachos de abogados han mantenido un perfil tradicionalmente bajo, "pero eso está cambiando y se han dado cuenta de que tienen mucho que ganar y aportar elevando el perfil sobre ciertas cuestiones". Por su parte, el socio en la consultora Diferencia Legal, Alfonso Everlet, cree que esta situación se vivió como una novedad, pero aclara que hay que diferenciar entre las dos formas que tienen los despachos para pronunciarse en estos casos: opinar y reaccionar a los hechos como decisión propia, o adscribirse al otro que ya se haya pronunciado anteriormente, como lo fue el caso de quienes se pronunciaron después del Colegio de Abogados. "Nosotros siempre recomendamos no entrar ni en temas políticos, ni en temas religiosos, ni en temas sexuales, porque puedes empatizar con una parte muy específica de tu mercado, pero te creas muchos problemas y puedes limitar tu negocio", añade Everlet.
Su socio, David Muro, agrega que para tomar posición, las firmas tendrán que analizar diferentes factores: tanto la estrategia de comunicación como su estrategia comercial, y desde la consultora creen que la comunicación y el sesgo político puede llevar a los bufetes a perder incluso oportunidades comerciales, razón por lo que muchos prefieren mantenerse neutros. Aun así, García hace un inciso en que no cree que hasta ahora no se pronunciaran sobre cuestiones sensibles los bufetes, "lo que pasa es que quizá no lo hacían de una manera tan pública; lo hacían dentro de sus entornos o círculos de confianza (...) Esta situación puede que haya ayudado a desbloquear ciertos miedos o reticencias a un posicionamiento público más elevado", apunta
¿EEUU como referencia?
Esta tendencia se ha hecho más común en Estados Unidos. Un país donde las polémicas sociales son siempre bienvenidas para hablar de parte de las organizaciones, pero con mayor razón, los grandes bufetes de abogados también son uno de los primeros en manifestar su opinión. Los bufetes americanos que están presentes en España lo han demostrado en ciertas ocasiones, y en entrevista con El Confidencial hace un año, Miguel Zaldívar, CEO de Hogan Lovells, aseguró— en relación con gestionar a más de 2.800 abogados presentes en diferentes países—, que uno de sus desafíos más grandes es la presión por hablar de temas públicos, que se siente mucho más fuerte desde EEUU.
"Al ser la firma global más grande y antigua de Washington, hay expectativa, sobre todo por parte de los abogados de esa ciudad y de Nueva York, de que cada vez que hay un evento político en Estados Unidos, manifestemos nuestra opinión", comentó el letrado. Aunque Zaldívar piensa que no se debería hablar cada vez que se produce un evento político en EEUU, asegura que no es "fácil de gestionar, porque nuestros abogados norteamericanos, incluso a nivel asociado, nos presionan en ese sentido". Los expertos piensan que hay dos factores que potencian que los americanos siempre se muestren dispuestos a hablar sobre temas de esta índole: la cultura y el negocio. El socio en la consultora Diferencia Legal, Everlet, comenta que, en primer lugar, es porque aproximadamente el 50% del volumen del negocio legal a nivel mundial está allí, por lo que se trata de un mercado muy maduro y muchos bufetes están especializados y buscan estrategias para posicionarse en estos ámbitos.
Así, también hay una mayor tradición en aquel país de que los despachos se dediquen a temas de lobby: "Entonces es normal que haya más pronunciamiento político, porque al fin y al cabo, están buscando también hacer esa presión, vía manifestación pública, para obtener lo que están buscando", sentencia el experto en comunicación legal. La exposición que se vive en el país liderado por Joe Biden es mucho mayor, al punto que incluso son los propios abogados los que a título personal deciden alzar la voz frente a distintas situaciones. "En EEUU el uso de la comunicación, el marketing y la publicidad de los despachos es algo intrínseco, que busca negocio, cliente final. Pensemos que EEUU es el país de las demandas individuales y colectivas. En España, hasta hace relativamente poco, no existía la posibilidad de realizar publicidad por parte de los despachos y su modelo de negocio es mucho más corporativo/empresarial", añaden fuentes del sector al respecto.
Crear una estrategia de comunicación
Sin embargo, tal y como acuerdan los expertos, no se trata de que los bufetes lleguen y digan su opinión cada vez que ocurra algo. El dar a conocer su opinión debe tener una estrategia detrás que les permita ser coherentes con su negocio y con sus propios clientes. "Lo mejor y lo óptimo es tener una política y una estrategia de comunicación interna para estos casos", indica Muro. El experto hace hincapié en que deberían ser más conscientes del poder de la comunicación y que, cuando las firmas tienen claro su objetivo comunicacional y sus líneas de expresión en estos ámbitos, será más fácil decidir sobre qué y cómo deben manifestarse. "Hay que tratar de unificar el posicionamiento de la comunicación del despacho al máximo posible. Si tú tienes en un despacho que el director de comunicación dice una cosa y luego llega un socio director que va completamente por otro lado, da la sensación de que hay poca profesionalidad, de que hay incongruencias, y de que no hay una línea concreta dentro de la firma", señala Everlet.
"Lo importante es que esas decisiones sean tomadas de una manera estratégica y que no solo sean fruto de aprovechar el momento"
Por esta misma razón, los profesionales piensan que los bufetes deben tener en cuenta a sus stakeholders al momento de decidir si aprietan con temas comunicacionales de líneas públicas, políticas o cualquier asunto que sea delicado o controversial. Por lo mismo, esta decisión debe ser tomada yendo más allá de cualquier tipo de ideologías, de la oportunidad del momento y de otros factores: "Hay veces en las que una comunicación directa con los públicos es suficiente para posicionarse sobre ciertas cuestiones y otras en las que por propia convicción sobre la causa en cuestión o las demandas de nuestros públicos, será necesario amplificar más la voz o hacerlo en otros canales. Lo importante es que esas decisiones sean tomadas de una manera estratégica y que no solo sean fruto de aprovechar el momento", finaliza García.
Sin precedente alguno, hace unas semanas que los bufetes españoles decidieron hablar sobre un tema que se volvió completamente controversial en España: el pacto del PSOE con Junts. Se llenaron los periódicos y las redes sociales de la palabra lawfare, y diferentes sectores decidieron salir al paso para dar a conocer su descontento con lo sucedido. Pérez-Llorca, Uría Menéndez, Garrigues, Cuatrecasas, RocaJunyent, Gómez-Acebo & Pombo, Linklaters, Allen & Overy, Simmons & Simmons o White & Case, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y otros apostaron por posicionarse y mostraron su apoyo a la independencia judicial y su rechazo a cualquier amenaza contra la separación de poderes o a las acusaciones de falta de imparcialidad a los jueces de este país.
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