Claves para crear una fábrica de jueces: "Habría que reformar el sistema de acceso"

El sistema judicial español está viviendo un momento de encrucijada si se trata de la judicatura. Actualmente, existen muchas jubilaciones, y no hay ningún plan para solventarlo, y, por otra parte, hay pocas plazas para acceder a la carrera judicial y la carrera no está siendo tan atractiva para los estudiantes. Entonces, ¿qué se puede hacer para solucionar el problema?, ¿cómo se puede crear una fábrica de jueces?, ¿cómo se puede aumentar el interés por la carrera judicial? Según los expertos, el problema es más de uno y son varios agentes los que deberían responder a estos cuestionamientos que afectan al sector. "Primero hay que solucionar el tema de la escasez de plazas que existe. Pero también es cierto que habría que reformar un poco el sistema de acceso en el sentido de que no fuera tan memorístico", comenta a El Confidencial el director académico del Máster Universitario de Abogacía (MUA) de Esade Law School, David Velázquez.

Para el académico, la carrera de la abogacía está muy basada en ámbitos de aprendizaje de memoria y, en este sentido, piensa que una buena medida para comenzar a modificar el sistema es introducir un caso práctico. Esto ya se aplica en ciertas oposiciones como es el caso del abogado del Estado, los notarios, entre otros: "Hay que aligerar la carga memorística o reducir los temas que haya que aprender de esta forma. Son cientos de contenidos que hay que aprenderlos así y, lógicamente, puede retraer a los estudiantes de ingresar a la carrera judicial", añade Velázquez. La clave entonces estaría en centrar la carrera en un aprendizaje más analítico, práctico y en adquirir habilidades para que, el día de mañana, ni las máquinas de inteligencia artificial puedan superar el trabajo.

¿Dónde está mi plaza?

Aunque la anterior es una de las soluciones principales, los expertos se han enfocado principalmente en que la gran cuestión es la falta de plazas para acceder a la carrera judicial. A partir de este año, se deberían ofertar anualmente entre 310 y 320 plazas; sin embargo, la cantidad de estudiantes que se presentan a las oposiciones es más alta. Pablo Gutiérrez de Cabiedes, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo, recuerda, además, que durante muchos años no se realizaron convocatorias a plazas, especialmente durante la pandemia del coronavirus. Esto claramente llevó a un atasco de jueces, hasta que, unos años después, Pedro Sánchez llamó a convocatorias no solo judiciales, sino que para la Administración pública y otras líneas de trabajo.

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"La verdad es que se ofertan pocas plazas y esto lo convierte en más difícil, evidentemente porque es poco atractivo. Los estudiantes, para llegar a ello, deben hacer mucho sacrificio, sumado a una oposición muy dura, entonces llegar hasta allí para no tener una plaza lo hace todo mucho más duro", añade Velázquez. En esta línea, el académico de Esade Law School asegura que es misión del Gobierno y la Administración decidir la cantidad de plazas que salgan. A través del Ministerio de Justicia marcan la oferta y decide la cantidad de presupuesto que destinará. "La Justicia es la gran olvidada, como se dice. Pero también es obvio que no tiene interés político. Entonces será tan sencillo como comprender que el año que viene hay que poner más de 300 plazas", enfatiza Velázquez.

Inversión en materia de Justicia

"Es verdad que los gobiernos normalmente no están especialmente interesados en que la Justicia funcione bien", indica Gutiérrez de Cabiedes. Esto lo justifica diciendo que, cuando una Justicia funciona bien, supone empezar un control de la misma Administración, y que puede llegar a ser incómoda para el poder político. De acuerdo con su criterio, la Justicia funciona bien dependiendo de tres elementos: la dotación de medios materiales y personales; un modelo organizativo claro, y las normas procesales. En primer lugar, en ámbitos de inversión, que se haga mayor desembolso en personas y materiales, por ende, también en nuevas plazas para el sistema judicial. En segundo lugar, el modelo organizativo, porque en España "es penoso y hace que el mundo judicial pierda atractivo y eficiencia", comenta el catedrático del CEU San Pablo.

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"El modelo organizativo en España, tanto los jueces como el personal de Justicia, depende de multitud de secciones distintas y tampoco está supervisada en su eficacia", apunta. Actualmente, existe muchas personas y diversas organizaciones del área que no están siendo supervisadas y cada comunidad autónoma toma sus propias decisiones, por lo que no existe ningún orden al respecto. "Esto es voluntad política", impone Gutiérrez de Cabiedes. Finalmente, en cuanto a las normas procesales, el experto dice que las que existen actualmente hacen que no se tramite de forma rápida y que por lo mismo existe atasco judicial, litigaciones o acciones colectivas. Aunque aclara que esto último no depende exclusivamente de la cantidad de jueces que haya, pero que sí influye en su trabajo de manera directa.

Interés de los estudiantes

Actualmente, para ingresar a la carrera de juez, el estudiante debe, en primer lugar, obtener un grado en Derecho o licenciatura, luego superar oposiciones de funcionario público donde debe estudiar 320 temas, y, recién, puede optar a una plaza, que, si la obtiene, debe superar una última parte: el curso de capacitación de la Escuela Práctica Judicial. Es decir, para llegar a ser juez, son mínimo seis años entre carrera, oposiciones y la escuela. Por lo mismo, los expertos creen clave que las universidades y las carreras deben aumentar el interés de los estudiantes.

"Hoy la carrera en general y la oposición para la judicatura no es una opción que apetezca a los alumnos. Les lleva mucho tiempo y optan más por el ejercicio libre, donde tienes más presión en un despacho y más carrera", aporta sobre el tema Gutiérrez de Cabiedes. El profesor universitario asegura que los alumnos apuestan y optan más por la abogacía porque leen sobre la incertidumbre que supone la oposición. Sin embargo, Velázquez tiene otra visión, aunque coincide en que hay que aumentar el interés de los alumnos. "Muchos se deciden en el último momento. Otros toda la vida lo han querido, pero durante la carrera se arrepienten, y al revés. Al final depende de cada uno y sus procesos. Pero con la reforma del sistema sería mucho más motivante", incide el académico de CEU San Pablo.

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El Confidencial publicó hace unos meses que uno de cada tres jueces se habrá jubilado en ocho años y que no hay ningún plan para solventar esta situación. En concreto, es un problema que se espera que siga agravándose de forma exponencial en los próximos años, donde se prevé que exista una avalancha de abandonos en la carrera por jubilaciones tanto por edad como voluntarias. Un informe llamado Sobre las jubilaciones de la carrera judicial en la próxima década, elaborado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), asegura que en los próximos años se habrían retirado al menos 1.773 jueces; es decir, un tercio de la judicatura. Se supone que cada año habrá más salidas y se estima que, para 2031, digan adiós a su puesto unos 315 profesionales. Aunque se ha visto como un problema, los académicos hacen énfasis en que esas plazas se van renovando naturalmente con los más jóvenes.

"El modelo organizativo en España es penoso y hace que el mundo judicial pierda atractivo y eficiencia", Pablo Gutiérrez de Cabiedes

Lo que sí ven como un problema, que habría que darle solución para mejorar la situación, y llamar más la atención de quienes desean convertirse en jueces, es que en España existe un ratio juez/habitante muy bajo respecto a la Unión Europea. La media en la comunidad es de 17 jueces y magistrados por 100.000 habitantes, mientras que, en el país, solo se alcanzan los 10. Sin embargo, los expertos hacen hincapié, y vuelven a insistir en que el problema es el sistema en sí, porque "no existe una relación real entre el número de jueces y la calidad del sistema judicial", asegura el catedrático de Derecho Procesal. Por ejemplo, Dinamarca tiene un sistema judicial que tiene siete jueces por 100.000 habitantes, por debajo de España, pero "funciona de maravilla, al igual que en EEUU, donde tienen tres por cada 100.000 habitantes", añade.