Juan Carlos Estévez (CGPE): "Tuvimos que eliminar el arancel para poder subsistir"

Si hay una profesión que tiene marcado a fuego el lema 'renovarse o morir', es la procura. En los últimos años, este colectivo no ha dejado de transformarse, buscando nuevas funciones de las que encargarse ante los amagos constantes de la Unión Europea de eliminar el cuerpo. A pesar de que esta amenaza parece haber desaparecido, el futuro de estos profesionales sigue siendo una preocupación constante de su presidente, Juan Carlos Estévez. En conversación con El Confidencial durante las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno, celebradas la semana pasada en Huesca, el mandatario reivindica para los procuradores la labor de ejecutar sentencias y así desbloquear los más de 11.000 millones de euros que se agolpan en las cuentas de los juzgados. Una tarea que, como resalta, no implicaría un coste extra para el ciudadano. "En ningún caso supondría una privatización de la justicia", insiste.

En los 20 años que lleva al frente del Consejo General de los Procuradores Españoles (CGPE), Estévez ha vivido varios de los golpes que ha sufrido la profesión. El más reciente, la supresión del arancel mínimo, que se aprobó este mayo ante las amenazas de la Unión Europea de eliminar al colectivo. Aunque la decisión sigue levantando ampollas entre la procura —tanto el Consejo como otros veinte colegios de procuradores han presentado recursos ante el Tribunal Supremo en contra de la norma—, el presidente se muestra optimista con la nueva ley sobre aranceles, que según calcula, estará lista para noviembre de este año.

PREGUNTA. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los procuradores a día de hoy?

RESPUESTA. La lucha de poder entre las fuerzas políticas o entre las parcelas de poder de mi profesión con otras profesiones. Las profesiones, cuanto más cercanas son, más puntos de fricción atraen. Hay un motivo por el que a veces no salen los proyectos que tiene el Ministerio de Justicia: los planes hay primero que cocerlos a fuego lento, no se pueden sacar de repente y ponerlos encima del fuego, porque se queman. Las cosas hay que hacerlas más despacio y tratando de tener consensos. Es el camino que ha elegido ahora el ministerio y es el que nosotros estamos siguiendo, por ejemplo, con el tema de la ejecución de sentencias. Estamos teniendo reuniones con los Letrados de la Administración de Justicia [LAJ] para llegar a puntos de acuerdo. Les he trasladado en muchas ocasiones que nosotros no somos sus enemigos ni sus competidores, no vamos a quitarles nada. Solo queremos colaborar con ellos, facilitar su labor y agilizar mucho el trámite.

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P. Una de sus principales reivindicaciones es asumir la labor de ejecución de sentencias. ¿Por qué?

R. Creo que todo el mundo tiene claro que la ejecución de España no funciona. La fase declarativa funciona razonablemente bien, por no decir muy bien, comparativamente hablando con los países de nuestro entorno avanzados. Pero, en cambio, en el tema de ejecución suspendemos notoriamente. Somos de los peores. Esto hay que cambiarlo, y no hay nadie más adecuado que nosotros para colaborar en esa función. Portugal lo ha hecho hace pocos años, ha creado un cuerpo de solicitadores de ejecución y se ha convertido en uno de los países más eficaces con este tema. Por ahí es por donde queremos trabajar, porque no solo es una solución para el futuro de la profesión, sino que también es un complemento para la administración de justicia de nuestro país.

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P. Esta propuesta no es nueva. Ruiz-Gallardón ya estudió la posibilidad de atribuirles esa función en 2012, estando al frente de Justicia, pero la descartó ante las acusaciones de intentar privatizar la justicia. ¿Qué opina sobre estas críticas?

R. Pues que en ningún caso se privatiza la justicia, seguirá dependiendo del órgano jurisdiccional, del juez y del LAJ. Nosotros actuaríamos bajo su supervisión. Está todo inventado, en otros países lo hacen y no pasa nada. Y además, no vamos a cobrar de más, no se incrementaría el coste para el ciudadano, sino que se agilizaría el trámite. Hace unos años nos concedieron a los procuradores llevar los actos de comunicación. Inicialmente, también hubo un escándalo y se lanzaron acusaciones de privatización y subida de precios. ¿Pasó algo? No pasó nada. Lo único, se consiguieron agilizar los procesos judiciales.

"No vamos a cobrar de más por ejecutar sentencias, no se incrementaría el coste para el ciudadano, sino que se agilizaría el trámite"

P. ¿Qué opina de la reciente eliminación del arancel mínimo? ¿Cómo ha afectado a la profesión?

R. Es un tema que no nos gusta nada. Nosotros siempre hemos defendido, y yo particularmente, el arancel. Tanto desde el Ministerio de Economía como desde Europa se hizo una definición errónea al decir que pasaba a ser un arancel de mínimos a máximos. Pero es que no era de mínimos: era de fijos. No se podía cobrar más, salvo un pequeño margen que se dejaba. Y lo hemos perdido, con gran dolor de corazón, pero también es cierto que los distintos gobiernos de España y, en concreto, los ministerios de Justicia han tenido que pelearse mucho en Bruselas en los últimos años. Los vientos europeos venían así y era la subsistencia de los procuradores contra esta concesión. Ante esa tamaña elección, el Pleno del Consejo General de Procuradores decidió que lo más importante era mantener la profesión y la compatibilidad antes que el arancel. Ahora estamos trabajando con el ministerio en la redacción de un nuevo arancel tanto en su texto como en sus importes.

P. ¿Se sintió traicionado cuando el ministerio aprobó ese decreto en el que eliminaba el arancel mínimo cuando, precisamente, estaba pendiente negociar su actualización?

R. En ese momento, yo tenía la promesa del ministerio de que íbamos a actualizar las cantidades y la ley de mi parte, porque una norma obligaba a Justicia a reformar el arancel en el plazo de un año. Pero eso no se llega a cumplir porque un buen día me llama la ministra y me dice que le exigen de Europa la publicación inmediata del real decreto para poder cobrar los fondos europeos, y que ante eso al Gobierno no le queda más remedio que publicar la norma. Me dijo que sabía que me causaba un estropicio, pero me prometió negociar lo del arancel lo antes posible. Esa es la realidad. Por supuesto, fue una sorpresa muy desagradable, no nos gusta. Pero es cierto que el Ministerio está negociando y comportándose para sacar el arancel en tiempo y forma; es decir, para noviembre de este año.

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P. ¿Llegará a tiempo?

R. En principio creo que sí, porque estamos trabajando a machamartillo, reuniéndonos dos veces por semana con el Ministerio. Yo creo que la próxima semana o la siguiente, como tarde, quedará cerrado por nuestra parte. Luego ya se iniciarán los trámites de los informes del Consejo del Poder Judicial, la CNMC, el Consejo de Estado, Economía… si no se alarga mucho, debería llegar a tiempo.

P. ¿Por qué cuesta tanto en Bruselas entender la profesión del procurador?

R. Cuesta mucho, y es muy difícil explicarlo por una razón. Cuando vas para allá, te reúnes con los que llevan el expediente, que son uno búlgaro, otra rumana, otra polaca y un belga, por ejemplo. Y claro, lo del procurador le suena chino. La primera pregunta que te hacen es por qué somos tan importantes si en ningún país hay procurador y la justicia funciona. Son preguntas difíciles que tienes que responder para que entiendan cómo funciona la justicia en España. Con lo del arancel ya cumplimos con el pacto con la Unión Europea y el Gobierno de España, y parece que se dan por satisfechos, lo cual no quiere decir que dentro de cinco, diez, 20 o 40 años venga un iluminado y reviva el tema.

"Con lo del arancel, parece que se dan por satisfechos, pero eso no quiere decir que dentro de unos años vuelvan con el tema"

P. Una de las prioridades del Ministerio de Justicia es la digitalización de la administración. ¿Cómo pueden ayudar los procuradores en este sentido?

R. Podemos ayudar mucho, y la prueba es que ya lo hemos hecho. Con Lexnet, por ejemplo. En el fondo, esta herramienta es nuestra, la encargamos a una empresa de tecnología a finales de los ochenta y, durante años, los procuradores hemos sido a sido los únicos usuarios. Los conejillos de indias y los sufridores, porque en un principio funcionaba mal. Recuerdo lo mal que lo pasaron algunos decanos porque se le sublevaba a sus compañeros. Yo también lo he pasado mal porque me llamaban los decanos llorando, cabreados… y, claro, ahora vete a decirle a todos aquellos que protestaban tanto que les quitas Lexnet. Te cuelgan del pino más cercano. Como todo en la vida, la gente es reacia a los cambios, pero una vez se acostumbran ya no quieren volver al inicio. Y ahora se ha convertido en algo esencial para toda la Administración de Justicia. Es curioso, porque lo que todo el mundo presagiaba como la agonía y la muerte de la procura, que eran las tecnologías, al final fue nuestra tabla de salvación.

P. Quiero terminar abordando un tema de actualidad en el mundo jurídico: el bloqueo del CGPJ y, en consecuencia, del TC. ¿Qué opina de esta situación?

R. Una cosa es consecuencia de la otra. Yo suscribo íntegramente el discurso del presidente Lesmes, creo que fue valiente y brillante, a la mayor parte de la gente de la justicia nos gustó. La única pregunta que se hacían muchos es si ese discurso tendría que haberse hecho un año, dos o tres antes.

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P. ¿Debería modificarse la ley para que sean los jueces los que elijan a los vocales?

R. Yo ahí tengo el corazón dividido. Por una parte, no creo que el cambio de la legislación de los jueces por los jueces resuelva el problema del aspecto de politización del Consejo. Mientras estén de por medio las asociaciones judiciales y los candidatos a vocales que pertenezcan a ellas sean mayoría, no habrá sensación de independencia. Todo el que llegue de una asociación va a venir con el pecado original, vendrá ya marcado, y eso no tiene arreglo. Y nadie va a tener el valor de eliminar las asociaciones. Con lo cual, la elección de los jueces por los jueces no resuelve ese problema, pero sí soluciona otro, y es que no se dilataría la elección, como está ocurriendo ahora. Me decantaría por ese sistema para resolver la situación de bloqueo.