Guía legal: ocho grandes novedades en economía digital que vendrán antes de 2022

La recta final de 2021 no permitirá tomarse ni un respiro a bufetes y asesorías jurídicas en lo relativo a la regulación de la economía digital. Y es que el último trimestre del año aparece cargado de novedades en un ámbito que crece intensamente, bien generando sus propios negocios, aquellos nacidos ya en un entorno tecnológico, bien empujando la transformación de modelos tradicionales que necesitan readaptarse para mejorar su eficiencia o, directamente, sobrevivir. Estas son algunas de las principales cuestiones a las que habrá que atender, según los expertos de Garrigues Digital.

Nuevo marco normativo para internet

La Comisión Europea se encuentra inmersa en una ambiciosa reforma legislativa que pone el foco en los prestadores de servicios digitales, especialmente las plataformas en línea (redes sociales, buscadores o 'marketplaces'), que dirigen sus servicios a los ciudadanos europeos. Según remarcan desde el bufete, esta propuesta busca crear un nuevo marco normativo para internet y para las plataformas digitales, un paso "clave para fijar una reglas de juego en el mercado común". Este paquete de medidas se concreta en dos grandes textos: la Digital Services Act (DSA) y la Digital Markets Act (DMA), en cuya regulación se esperan avances en los próximos meses.

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Protección de datos e inteligencia artificial

La DSA y la DMA tienen, asimismo, implicaciones en materia de protección de datos. No son las únicas normas al respecto, también la Data Governance Act o Reglamento de Gobernanza de Datos, una propuesta de la Comisión Europea cuya consulta pública ha terminado hace unas semanas. El objetivo, señalan los expertos en economía digital de Garrigues, es crear un marco legal que facilite el intercambio de datos de forma segura en el conjunto de la Unión. Además, el Consejo de la UE acordó en febrero su posición sobre las normas de confidencialidad de las comunicaciones electrónicas en el contexto de la normativa de privacidad ('e-privacy'). En este terreno, Garrigues señala que hay que estar atento a cuestiones como en qué casos los proveedores de servicios estarán autorizados a tratar datos de comunicaciones electrónicas o tendrán acceso a datos almacenados en dispositivos de usuarios finales (las 'cookies').

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Por otra parte, la Unión Europea ultima el proceso de revisión de su proyecto de identidad digital mediante la modificación del denominado Reglamento eIDAS. El bufete destaca, entre sus novedades, la regulación de una cartera de identidad digital europea y del libro mayor electrónico. También recomienda seguir la evolución de la estrategia europea en materia de inteligencia artificial (IA), cuya propuesta de reglamento se hizo pública en abril. La nueva norma podría marcar las líneas rojas en el uso de la IA.

Servicios audiovisuales y propiedad intelectual

El 19 de septiembre de 2020 concluyó el plazo para transponer la Directiva de Servicios Audiovisuales. Asimismo, actualmente se encuentra en la fase inicial de su tramitación el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, cuyo objetivo es adaptar el marco regulatorio actual a la nueva realidad tecnológica. Los caballos de batalla del texto, indican los expertos del bufete, son la financiación de RTVE y el refuerzo de las obligaciones de promoción y financiación de obra audiovisual europea. También está pendiente de transposición de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (Demud), cuyo plazo venció el 7 de junio. La Comisión Europea ha abierto un expediente a España, que tiene ahora hasta diciembre de 2021 para aprobar la nueva regulación y evitar sanciones. "Esta nueva ley podría tener un impacto muy significativo en los servicios de intermediación de contenidos 'online' y en los modelos de negocio basados en el contenido compartido por los usuarios", señalan.

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Telecomunicaciones

Una de las normas más esperadas en el ámbito de la economía digital es la nueva Ley General de Telecomunicaciones, de la que ya existe un anteproyecto. Esta norma, como apuntan desde Garrigues, tiene su origen en la directiva europea por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. El despacho señala como cuestión que merece especial atención las nuevas exigencias para los operadores de comunicaciones electrónicas en relación con los consumidores, la inversión en redes de alta capacidad o los servicios e infraestructuras innovadores. Otra novedad relevante es que incluirá en su ámbito de aplicación tanto a los operadores tradicionales como a los nuevos operadores de servicios de comunicaciones digitales que funcionan sobre redes de telecomunicaciones (los denominados servicios OTT —'over the top'—, que incluyen servicios de mensajería instantánea, por ejemplo) y que, hasta el momento, no han estado obligados a cumplir la normativa.

Opinión

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Ciberseguridad

La Directiva NIS es otra de las normas cuya revisión ha sido propuesta por Bruselas, un texto que armoniza las medidas de ciberseguridad de las redes y sistemas de información. La NIS 2 concluyó su periodo de consulta el pasado mes de febrero. A su vez, en España, se ha aprobado el reglamento que desarrolla la ley que transponía la Directiva NIS. También en relación con la ciberseguridad, hace un año, la Comisión Europea publicó la propuesta de Reglamento de Resiliencia Operativa Digital para instituciones financieras (DORA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es crear un marco jurídico europeo de obligaciones, principios y requerimientos en materia de ciberseguridad para el sector financiero y sus prestadores de servicios.

Criptoactivos y servicios asociados

Hay tres grandes normas, a nivel comunitario, que pueden ver pronto la luz en relación con las finanzas digitales. Son la propuesta de Reglamento sobre Mercados en Criptoactivos (MICA, por sus siglas en inglés); la propuesta de reglamento sobre el régimen piloto para infraestructuras de mercado basadas en tecnologías de registro distribuido, y la propuesta de Reglamento DORA en materia de resiliencia operacional.

El BdE gestionará el registro de proveedores de servicios de cambio de criptomonedas

En España, desde el despacho, destacan la inclusión entre los sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y los de servicios de custodia de monederos electrónicos. Asimismo, se ha creado un registro de proveedores de servicios de cambio de criptomonedas, cuya gestión está encargada al Banco de España. En él deberán inscribirse los proveedores de este tipo de activos. Por último, es conveniente recordar que hasta el 31 de agosto estuvo abierto el periodo de consulta sobre el proyecto de circular que regule la publicidad de los criptoactivos, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en los próximos meses se prevé que sea publicado en su versión definitiva.

Las plataformas digitales de reparto ante la ‘ley rider’

El 12 de agosto entró en vigor la denominada 'ley rider', que establece una presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto cuando se cumplan unos requisitos determinados y fija nuevas obligaciones de información sobre algoritmos. "Desde entonces, ya está teniendo impacto en los modelos de negocio a los que es de aplicación", apuntan en Garrigues Digital. En este sentido, continúan, habrá que estar atentos a posibles novedades legislativas en el ámbito europeo. Así, el pasado mes de junio, la Comisión puso en marcha la segunda fase de consulta a los interlocutores sociales europeos sobre cómo mejorar las condiciones laborales de las personas que desempeñan su labor a través de plataformas digitales. Tras la primera etapa, Bruselas concluyó que debe adoptar medidas que garanticen los derechos y la aplicación de las normas laborales básicas a los 'riders', por lo que cabe que inicie negociaciones para presentar algún tipo de propuesta antes de final de año.

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'Startups'

Por último, cabe destacar el Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, cuyo objetivo es introducir medidas que faciliten el régimen legal y fiscal de las 'startups'. Su presentación pública se espera para este otoño, después de que el anteproyecto fuera sometido al trámite de información pública y alegaciones en julio. De entre las medidas que contenía la propuesta, en Garrigues señalan lo siguiente. En primer lugar, en el ámbito mercantil, los expertos de la firma indican que aún debe esclarecerse el alcance real de la inscripción del pacto de socios de las 'startups' y la agilidad de la Empresa Nacional de Innovación SME SA (Enisa) para evaluar el carácter innovador de estas empresas, así como cuáles son los criterios. También debe determinarse qué sucede con la autocartera en las empresas emergentes que sean sociedades de responsabilidad limitada, cuando la misma deje de ser emergente o innovadora.

Las novedades más relevantes en materia fiscal son, por su parte, la reducción del 25% al 15% del tipo de gravamen aplicable en el impuesto sobre sociedades a las empresas emergentes durante el primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva y los tres siguientes (bajo ciertas condiciones, eso sí). Además, se permiten aplazamientos en el pago de este impuesto durante los dos primeros años con base imponible positiva. Asimismo, se incrementan tanto la base —100.000 euros, desde los 60.000 euros actuales— como el porcentaje —40% en lugar del 30% actual— de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.